NUEVO INFORME

"El gobierno de Uruguay reconoce el importante papel que juega la inversión extranjera en el desarrollo económico y ofrece un clima de inversión estable que no discrimina a los inversores extranjeros", comienza señalando el documento del Departamento de Estado estadounidense, publicado en las últimas horas.

"Las empresas estadounidenses no han identificado la corrupción como un obstáculo para la inversión" en el país, prosigue el documento oficial, disponible en la web del organismo estatal.

"Aproximadamente 120 empresas estadounidenses operan localmente e invierten en una amplia gama de sectores, incluidos el forestal, el turismo y la hotelería, los servicios y las telecomunicaciones", puntualiza el documento, titulado "Declaraciones sobre el clima de inversión 2021: Uruguay".

Por otro lado, destaca las condiciones especiales del país. "La ubicación estratégica de Uruguay (en el centro del área más rica y poblada del Mercosur) y sus regímenes especiales de importación (como zonas francas y puertos francos) lo convierten en un centro de distribución bien situado para los productos estadounidenses en la región". En ese sentido, se remarca que "la ley uruguaya trata por igual la inversión extranjera y nacional".

Además, se señala que "procedimientos transparentes y ágiles regulan la inversión local y extranjera en Uruguay a nivel estatal y nacional". En ese sentido, se incluye que el Informe de Transparencia Fiscal del gobierno de los Estados Unidos "califica a Uruguay como un país 'fiscalmente transparente'".

Otro punto que aborda el texto es la competencia en el país. "Uruguay cuenta con una legislación transparente establecida por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía para fomentar la competencia".

El texto también subraya las políticas para incentivar la inversión en un contexto de pandemia. "En respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno aprobó el Decreto 268/020 en octubre de 2020 para incentivar la inversión y estimular el empleo. El decreto aumentó los beneficios relacionados con el impuesto sobre la renta de las empresas y relajó las disposiciones anteriores para facilitar el acceso de las empresas a los incentivos. El decreto también amplió la definición de empresas elegibles y otorgó nuevos beneficios. En mayo de 2020, el gobierno emitió un decreto para promover la inversión en grandes proyectos de construcción. Estas regulaciones tenían como objetivo incitar a las empresas a emprender nuevas inversiones o ampliar las existentes".

"La actual administración está presionando al Mercosur para que relaje su requisito de que los miembros negocien en bloque y permitan que Uruguay se embarque en negociaciones comerciales de forma independiente", apunta el texto sobre la postura del país en cuanto a su política comercial con los socios del bloque.

Otro punto que destaca es que Uruguay "se ha promocionado cada vez más como un centro regional de logística y distribución de clase mundial".

Respecto a la protección de los derechos de propiedad, el organismo estadounidense sostiene que "Uruguay reconoce y hace cumplir los intereses garantizados en propiedades y contratos".

El texto también destaca un cambio incluido en la Ley de Urgente Consideración (LUC) respecto al derecho a huelga. "En 2020, el gobierno incluyó un artículo en la Ley N ° 19.889 que establece el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas al acceso y trabajo en sus respectivos establecimientos, y el derecho de la dirección de las empresas a entrar libremente en sus instalaciones".

Al respecto, se indica que "el gobierno argumentó que el cambio era necesario para cumplir con un requisito de la OIT desde hace mucho tiempo, e instruyó al Ministerio del Interior para hacer cumplir la regulación".

"Con el argumento de que los sindicatos son particularmente agresivos y que los conflictos laborales se intensifican rápidamente, los representantes del sector privado han pedido la creación de un proceso de resolución de conflictos laborales que defina los pasos necesarios antes de que los trabajadores puedan hacer huelga u ocupar un lugar de trabajo", añade el informe.

Sobre los sindicatos, expresa: "Varios sindicatos defienden posiciones ideológicas fuertemente izquierdistas, “antiimperialistas” y anticapitalistas".

"Muchos inversores extranjeros informan de altas tasas de ausentismo de los empleados y, como resultado, tasas de productividad inferiores al promedio. La productividad no está incluida en las negociaciones que se desarrollan en los Consejos de Salarios del país que determinan la política de reajustes salariales", puntualiza el texto.

"Los sindicatos son nominalmente independientes del gobierno, pero en la práctica tienen una relación cercana con la coalición de izquierda Frente Amplio", señala el informe.

"Los propietarios y gerentes de empresas nacionales y extranjeras a menudo describen las leyes laborales locales como rígidas y muy onerosas", añade.

Respecto a la privatización en el país, destaca: "Uruguay no ha emprendido ningún programa de privatización importante en las últimas décadas. Si bien Uruguay abrió algunos monopolios anteriormente administrados por el gobierno a la competencia del sector privado, el gobierno continúa manteniendo un monopolio en la importación y refinación de petróleo, así como en las telecomunicaciones fijas".

El texto también habla de la seguridad pública, señalando: "Los delitos violentos están aumentando en Uruguay, alarmando a los empresarios. El problema del deterioro de la seguridad ciudadana fue un tema central en las elecciones presidenciales de 2019 y es una de las principales prioridades del gobierno actual".

El informe también se refiere al sistema judicial uruguayo y el rol del Poder Ejecutivo. "El poder judicial sigue siendo independiente del poder ejecutivo. Los críticos del sistema judicial se quejan de que su sector civil puede ser lento. El poder ejecutivo rara vez interfiere directamente en asuntos judiciales, pero en ocasiones expresa su descontento con las decisiones judiciales.