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Este domingo, la Directiva Nacional ampliada de la Vertiente Artiguista del Frente Amplio convocó en Paysandú a militantes de todo el país para analizar "la coyuntura nacional e internacional". Entre los planteamientos, la agrupación anunció que propondrá"llevar adelante algunas acciones desde el punto de vista legislativo", por el que sienten "un avance en el desmantelamiento de las empresas del Estado y la privatización de las empresas públicas", explicó en rueda de prensa el senador Eduardo Brenta.

La senadora Amanda Della Ventura especificó que "puede darse una gama diversa de convocatorias", entre ellas la comisión general o la interpelación. "Son instrumentos parlamentarios, evaluaremos con los demás integrantes del Senado", detalló.

Desde la Vertiente explicaron que esta propuesta está impulsada por "la creciente ofensiva dirigida desde el Poder Ejecutivo y los partidos de la coalición de gobierno contra las empresas públicas". Entre los ejemplos puestos sobre la mesa están el proyecto Neptuno de OSE; "la entrega del Puerto de Montevideo" a Katoen Natie en concesión por más de 50 años y, en el caso de Antel, "la utilización de su infraestructura por privados y el ingreso de éstos en la prestación de servicios de internet".

Específicamente por Antel, la Vertiente manifestó su voluntad de impulsar "que tome estado parlamentario y se llegue hasta los máximos niveles políticos para su tratamiento", lo que supondría convocar a las autoridades responsables para que "den explicaciones a la luz de un proyecto estratégico de la empresa de telecomunicaciones desconocido".

Otros de los ejes centrales de la reunión de este domingo fueron seguridad y transparencia. 

"A partir del levantamiento de la emergencia sanitaria hay un aumento de los hechos delictivos, en particular de los homicidios. También de la percepción de la ciudadanía sobre la situación de inseguridad. Más de un 62 % de los uruguayos piensan que la situación está igual o peor de lo que fue la situación anterior", detalló el senador Brenta.

Además, se enfatizó la necesidad de mantener el compromiso con la transparencia y ética públicas. 

"Nos reservamos el derecho de tomar acciones parlamentarias en el sentido de establecer un límite bien claro para que aquellos que incumplan con las normas que establecen la ley deban tener las sanciones correspondientes", detalló Brenta.

Específicamente, Amanda Della Ventura habló del caso del senador nacionalista Juan Sartori, de quien se solicitó un pedido de informes por la falta de declaración jurada de ingresos de su esposa. "Queremos saber qué pasa, porque a día de hoy no hay una prohibición que diga que quienes han incumplido no pueden ocupar cargos electivos", detalló, sobre un posible proyecto de ley que se podría presentar.

Della Ventura enfatizó que convocatorias como la de este domingo son necesarias para hacer una "puesta al día de la coyuntura" y llevar los temas de agenda a "las estructuras de base".