ESPACIO FISCAL

No hay gastos que no estén financiados para evitar aumento del déficit.

Antes de remitir el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Parlamento, el presidente Tabaré Vázquez lo presentará formalmente a la bancada del Frente Amplio, al Pit-Cnt y a las cámaras empresariales.

La cita con senadores y diputados oficialistas es el jueves 7 a primera hora de la mañana en la Torre Ejecutiva, informaron a El País fuentes políticas. Allí Vázquez, acompañado de sus ministros, dará finalmente los números de la última Rendición que puede contener un aumento del gasto antes de las elecciones.

Pero no se esperan mayores sorpresas en un escenario de restricción fiscal como el actual. El gobierno adoptó la decisión de no colocar dentro de la Rendición de Cuentas ningún gasto que no esté financiado. Esto es para evitar un incremento del déficit fiscal que se encuentra en 3,4% del PIB, en los últimos 12 meses a marzo.

El ministro de Economía, Danilo Astori, transmitió al presidente Vázquez la necesidad de "apretar las cuentas" en la primera reunión del gabinete del año. El encuentro fue en la estancia presidencial de Anchorena, a comienzos de febrero.

El jefe del equipo económico dijo que si eso no ocurría se comprometía severamente la posibilidad de alcanzar el objetivo de bajar el déficit a 2,5% del PIB. El primer mandatario le dio la derecha y Astori marcó la línea para la Rendición de Cuentas. Cada incremento presupuestal deberá estar financiado: esto quiere decir que el resultado total del proyecto de ley no puede incrementar el déficit fiscal.

Lo que también se acordó es que no se incluirán nuevos impuestos ni se aumentarán los ya existentes. Así lo han comunicado tanto Astori como el prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo en declaraciones que han hecho a la prensa.

Esto es importante, dado que en la Rendición de 2016 se dispuso el aumento del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para salarios mayores de $ 50.000 nominales. A su vez, en este período de gobierno se definieron cambios en la forma de liquidar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) que supusieron un aumento de ingresos para el Estado.

Además, constituye un mensaje hacia la interna frentista dado que se había conformado una comisión del Frente Amplio en la que se manejó la posibilidad de pedir una suba de impuestos al capital para financiar un incremento de gasto. Uno de los sectores que había pedido seguir esta línea era el Partido Socialista, por medio del incremento del Impuesto al Patrimonio.

La prioridad número uno del gobierno será la educación, pero no se llegará al 6% del PIB como se comprometió el gobierno en campaña electoral. De todos modos, en el gobierno señalan que el mismo programa habla de "tender al 6% y posiblemente en ese camino se alcance el 5,1% del PIB".

Además de la educación, recibirán más presupuesto los funcionarios judiciales, como pago del juicio iniciado en el gobierno de José Mujica. Por otro lado, el Ministerio del Interior no percibirá ningún incremento porque cuenta con una parte de su presupuesto que no fue ejecutado.

Asimismo, la Rendición contiene un capítulo para destinar más recursos presupuestales a las fiscalías ya que son necesarios más recursos humanos para la correcta aplicación del Código de Proceso Penal.

Como en cada Rendición de Cuentas, el voto 50 del Frente Amplio está en duda. Si bien el diputado de la Liga Federal Darío Pérez asegura que está dentro de la coalición, sus compañeros de bancada están dispuestos a negociar con el resto de la oposición si es necesario para evitar nuevas complicaciones al gobierno.

Lo cierto es que para evitar nuevas tensiones que puedan complicar la aprobación de la Rendición de Cuentas, no se remitió hasta ayer el caso de Pérez al Tribunal de Conducta Política.

La departamental del Frente Amplio en Paysandú y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) analizaron esa posibilidad ante la última decisión de Pérez de no votar el impuesto a los militares retirados. Antes apoyó la ley de vivienda de Unidad Popular.