El presidente puso punto ¿final?

Vázquez baja el perfil a puja con el Ejército por los retiros

La sanción al comandante en jefe “no es política”, manifestó el presidente.

En el Ejército siguen manteniendo que la reforma de la Caja Militar afectará al personal subalterno. Foto: Fernando Ponzetto
En el Ejército siguen manteniendo que la reforma de la Caja Militar afectará al personal subalterno. Foto: Fernando Ponzetto

El gobierno le bajó el perfil a sus diferencias con el Ejército por la reforma del sistema previsional militar. El presidente Tabaré Váz-quez explicó ayer que el análisis no oficial elaborado en la interna de la fuerza criticando al Frente Amplio por querer sancionar ese proyecto de ley "no es institucional". En realidad se trata de un análisis de los que habitualmente hacen los altos mandos militares con los asuntos de coyuntura.

Mientras, en el terreno político, la bancada del oficialismo hace denodados esfuerzos por conseguir el respaldo político necesario para aprobar la iniciativa en el Parlamento: hoy el voto 50 no está arriba de la mesa.

"El gobierno ha cumplido con lo que tenía que cumplir, sancionó a quienes cometieron alguna falta administrativa y aplicó una sanción administrativa, no política", explicó el presidente, en relación al contenido de ese análisis no oficial que señala un gran malestar en la fuerza por la sanción aplicada al comandante en jefe Guido Manini Ríos, de arresto de 30 días a rigor, por criticar el contenido de la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) diciendo que afectará a 2/3 de los componentes del Ejército, precisamente los de menores ingresos.

Vázquez añadió que "se va a hacer cumplir todo lo que sea apego a la Constitución, la ley y las normas vigentes, y el presidente actúa en consecuencia". Agregó: "Ya lo hemos demos-trado en más de una oportu- nidad".

Luego se refirió al documento interno no oficial que publicara El País, como también otros medios, en el que se imputa al oficialismo la "soberbia e hipocresía" mostrada por quienes impulsaron la ley de reforma del SRPM. Y también donde se fustiga a los partidos en general por la "indignación" que despertó en muchos militares la difusión que se le dio a la sanción a Manini Ríos, sometiéndolo —dice el documento que circuló entre el alto mando— "a una suerte de escarnio público en el que políticos de todos los sectores buscaron arrimar agua para su molino".

En cuanto se filtró el análisis Vázquez pidió explicaciones al ministro de Defensa Jorge Menéndez, quien a su vez trasla-dó el tema al Ejército. Por eso el presidente respondió que tiene "información de esta mañana (ayer) de las autoridades de las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, que no avalan para nada ese trascendido periodístico".

El ingreso.

Ese análisis de integrantes del Ejército señala que los subalternos ingresados a la fuerza con más de 26 años de edad, ni siquiera accederán a una jubilación después de 20 años de servicio.

El presidente contradijo ese análisis: "Hay un error de apreciación y el Ministerio de Trabajo va a realizar un comunicado para aclarar los puntos y demostrar que no es como se plantea".

Señaló que "los uruguayos que entran el Ejército como soldados lo hacen con 18 o 19 años y los que ingresan tardíamente son excepciones".

Sin embargo, el coordinador del equipo de seguridad social de las Fuerzas Armadas, coronel retirado Rivera Elgue, tiene otro punto de vista y afirma que el ministro Ernesto Murro "le sigue mintiendo" al presidente y que por eso "se equivoca".

En el Ejército "ingresa personal con 26 años, e incluso hasta con 29. Y más, si la persona tiene una especialidad puede ingresar hasta con 40 años de edad. Yo firmé retiros de gente que había ingresado con 27 y 28 años", explicó Elgue, que fuera director del Servicio de Retiros militares. "Pero además aunque sean pocas personas no tienen por qué afectarlas", subrayó.

"El presidente dice que se legisla por la generalidad (de las personas). Pero cuando aprobaron la ley para cincuentones no eran la generalidad, sino que se atendió a un grupo específico", recordó Elgue.

"Entonces el ministro Murro le miente al presidente. Ellos (el gobierno) pueden hablar porque saben que nadie les va a contestar", añadió.

Elgue explicó que el personal con diez años de servicio y que ingresara con 26 de edad, "no tiene derecho a retiro". La persona, contó el experto, llegará al límite de edad que imponen los reglamentos y se irá de baja sin retiro y sin derecho a la cobertura de Sanidad Militar.

En la bancada del Frente Amplio se sostiene que un militar en tal situación podría arrastrar esos años de servicio y jubilarse luego en otra Caja. Para Elgue eso no es viable porque "la persona tiene que dejar la carrera militar y reinsertarse en el mercado formal de trabajo, con una edad que no es la más adecuada, para tratar de completar los años y generar la causal en el BPS".

Además sostuvo que hay un "error conceptual" en el gobierno porque "eso no es proyecto de carrera laboral para nadie".

Luego opinó que lo que el gobierno provocará con la ley de reforma "es que la gente esté en las Fuerzas Armadas el tiempo mínimo necesario para adquirir capacidades, conocimientos e irse. Hace un curso de carpintería o aprende a manejar un camión o una retroexcavadora y se va", dijo. "Esa formación no es gratis, sino que la paga el Estado. Hablan sin conocimiento de la situación en general", insistió el retirado.

La coordinadora de retira-dos militares al frente de la cual está Elgue coincide con va- rios sectores políticos en cuanto a que antes del régimen de retiros hay que definir el plan de carrera con la reforma de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

El acto de la incineración de pabellones el domingo 23

El comandante en jefe del Ejército general Guido Manini Ríos continúa al frente de la fuerza, como lo dispuso el Poder Ejecutivo, a pesar de estar cumpliendo la sanción que se le aplicara a partir del martes 17. Este fin de semana habrá una ceremonia oficial pública a la que el alto jefe podría concurrir, siendo la primera en la condición en que se encuentra. El próximo domingo 23, fecha en que se recuerda la muerte del Gral. José Gervasio Artigas, se realizará la incineración anual de Pabellones Nacionales, Banderas de Artigas y de los Treinta y Tres Orientales que se encuentran en desuso, acorde a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 339/003, se informó en la página web del Ejército.

En Montevideo, añade el comunicado, la ceremonia se realizará en el Regimiento "Blandengues de Artigas" de Caballería Nº 1 (Av. Gral. Venancio Flores 3920), el domingo 23 a partir de las 11 horas. Mientras que en el interior de país, se realizará en todas las unidades militares.

El FA endurece postura ante pedido de Pérez

La incertidumbre sigue en la bancada del Frente Amplio en torno al proyecto de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM). Sus senadores y diputados ratificaron ayer que no se apean del apoyo al proyecto como lo votara el Senado. El problema es que sigue faltando el voto de Darío Pérez (Liga Federal).

Ayer se reunió la comisión bicameral del Frente Amplio sobre la reforma de la llamada Caja Militar analizando el proyecto modificativo de la idea original que había presentado Pérez. En la reunión no participó Pérez ni nadie de la Liga Federal, su sector dentro del Frente Amplio.

"Se resolvió ratificar el acuerdo entre las dos bancadas en torno al proyecto de ley que votó el Senado con la mayoría frenteamplista y se va a abrir un espacio de negociación con el diputado Pérez sobre el artículo 40", dijo a El País el diputado Jorge Pozzi. Básicamente esa es la clave del asunto: se trata del artículo que refiere a los militares que pueden llegar a cumplir 20 años de servicio y no poder jubilarse.

"Queremos encontrar con esto una salida entre frenteamplistas. En torno a ese artículo habría una chance de que el Frente Amplio aceptara algún cambio pero en el resto no", dijo Pozzi. "Nosotros aspiramos a que esta ley se apruebe con el voto de todos los frenteamplistas", insistió el diputado.

La propuesta que presentó Pérez al Frente llegó tras cinco meses de negociación interna que derivaron en un trabajoso acuerdo realizado en el Senado, donde el proyecto solo tuvo 16 votos oficialistas.

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