LA RECTA FINAL

Un Solo Uruguay, organización que reúne básicamente a productores y comerciantes, renovó a los candidatos presidenciales varias de sus reivindicaciones, como la baja del gasto público y mejora en la gestión del Estado, encarar una reforma previsional asumiendo todos los partidos el costo político de la misma, y adoptar medidas que hagan al país más competitivo, como reducir el costo de los combustibles y algunos alivios fiscales.

En un informe titulado Nuestra visión sobre los Programas de Gobierno, Un Solo Uruguay (USU) analiza los programas de gobierno de seis partidos políticos en cuatro capítulos: economía, desarrollo, competitividad y desarrollo agropecuario.

“Somos un movimiento político, que intentamos incidir sobre decisiones políticas”, dice USU, y aclara que su análisis lo hace desde una “mirada apartidista”. “No intentamos beneficiar ni perjudicar a ningún partido”, subraya.

“Nosotros padecemos el país real, un país inmerso en una profunda crisis de características diferentes a otras, con varias problemáticas que pueden llegar a un punto de ‘no retorno’ (al país que nos merecemos)”, dice más adelante. Y complementa: “Este país atraviesa una serie de inconvenientes que le impiden mantener un desarrollo continuo, previsible y organizado. Algunos de ellos han reaparecido en estos últimos años y otros son de carácter permanente y han obtenido un nivel de profundización tal, que a nuestro entender, no comenzar a solucionarlos de forma urgente demostraría que hay un desconocimiento de la gravedad de los mismos”.

El primer punto que analizan es el gasto del Estado. “Las empresas públicas ni son ni deben ser (…) agentes de desarrollo. La mejor forma de incidir en el desarrollo del país es tener tarifas neutras”, dice USU al comentar la propuesta del Frente Amplio de que las empresas públicas sean agentes de desarrollo.

“El Estado no precisa aumentar su estructura, por el contrario, se precisa que rápidamente se comience a actuar para la eliminación de entidades duplicadas o superpuestas y desarmar toda la estructura paralela que se ha armado en torno a Presidencia de la República, acompañado del recorte de cargos de particular confianza y la no renovación de las vacantes del Estado en aquellas áreas que no son estratégicas”, dice USU en línea con planteos del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto.

En otra parte del informe recuerda su propia propuesta de enero de 2018 de crear una ley fiscal que obligue al gobierno “a no gastar más de lo que ingresa”.

“El hecho de que cinco de los seis partidos políticos analizados estén de acuerdo en que tiene que existir una regla fiscal, nos hace esperanzar en que se comience a trabajar rápidamente durante el próximo período de gobierno”, dice, y propone que esta medida tenga carácter constitucional, “y evitar así que una simple mayoría parlamentaria pueda aumentar el tope de gastos una y otra vez, como ya ha sucedido”.

Una ley de regla fiscal no forma parte del programa del FA.

En cuanto al sistema previsional, saluda que “en general” todos coinciden en reformarlo, ya que ha acumulado un déficit de US$ 3.500 millones.

USU desafía a los partidos a que asuman el costo político de la reforma. En este punto, lamenta que los programas de gobierno no tengan “planteos concretos sobre edad de jubilación o retiro, probablemente por el costo político que implica”.

En este capítulo, el primer punto que analizan es la descentralización. “Descentralizar es repartir al Estado en todo el territorio. ¿Qué sentido tiene que todos los Ministerios estén en Montevideo? ¿O que todos los recursos se concentren en una oficina de Presidencia de la República? ¿Qué hace el Instituto Nacional de Colonización en la Ciudad Vieja? ¿Qué hace la dirección del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en 18 de Julio y Andes? Así podríamos seguir con una lista muy larga de contradicciones”, indica USU.

En cuanto al empleo, el informe dice que “hay un serio problema” y considera que los programas de los partidos ponen “la carreta delante de los bueyes, ya que se sectoriza la población de una manera que parece que el tema empleo fuera problema de una parte de la sociedad, un sector minoritario de la población”.

USU propone revisar el funcionamiento de los consejos de salarios, “para que estos no sean parte de los impedimentos para la creación de empleos”, y la ley de responsabilidad penal empresarial, para que dé garantías por igual a empleados y empleadores.

“El Estado NO PUEDE seguir alimentando el sistema actual que es un círculo vicioso, que destina los recursos con criterios demográficos”, sostiene.

Aquí analiza el costo de los combustibles, entre otros asuntos. “Estamos de acuerdo con las propuestas que tiendan a eliminar la discrecionalidad del Gobierno y/o Ancap de fijar los precios de acuerdo a sus necesidades”, dice, y señala tres pilares: liberar la importación de combustibles, fijar los precios de Ancap en función del mercado internacional, y que la Ursea tenga mayor independencia técnica.

También se muestran de acuerdo con las propuestas que tiendan a permitir la comercialización desregulada.

En cuanto a la política monetaria, USU dice que “lo que tiene que primar es la sensatez de no usar el tipo de cambio para generar falsamente bienestar a la población porque (…) intervenir el valor de un producto importado (dólar) es hacerse trampa al solitario y alguien debe pagar ese subsidio, y ya quedó demostrado en 1982 y en 2002 que no es sostenible en el tiempo, con las consecuencias sociales que esto trae aparejado”.

En materia tributaria, dice que “las soluciones permanentes las dan las reformas de base, con ahorro estatal, baja de impuestos, tarifas, baja de precios, ahorro individual y mayor consumo”, concluye en este punto.

“Reducir paulatinamente impuestos ciegos” y “política tributaria basada en la renta”, son dos propuestas que USU comparte, planteadas por Cabildo Abierto y el Partido Nacional, respectivamente. En cambio, no comparte la idea de estos dos partidos de crear una fuerza especializada de seguridad en el área rural.

Un solo Uruguay dice de...

Exceso de gasto del Estado. Hoy “el exceso de gastos es producto del uso de los dineros públicos en muchos casos con la finalidad de satisfacer deseos propios de los diferentes jerarcas, sin tener como eje central del funcionamiento la austeridad y responsabilidad en la administración de los dineros de los uruguayos”.

Sistema de seguridad social. Para que los cambios sean “sostenibles en el tiempo”, obliga a “un acuerdo político amplio” y que “todos los partidos políticos trabajen en pro de esto y ninguno se ‘descuelgue’ después tratando de captar votos. Es sabido que ajustar en esta área tiene un costo político que deberán asumir todos”.

Ley penal empresarial. “La ley de responsabilidad penal empresarial debería dar garantías a empleados y empleadores (...) Al igual que los juicios laborales, donde se han dado fallos insólitos y han generado una industria del juicio y del reclamo laboral donde los mayores beneficiarios terminan siendo los abogados”.

Obras públicas e infraestructura. “Estamos hartos de que cada político cumpla con una zona del país o con su hinchada haciendo obras de dudosa utilización y rentabilidad. Un ejemplo clarísimo es la planta de alcoholes en base a boniatos que ALUR hizo en Artigas, una empresa que a pesar de ser estatal, existe gracias a fondos públicos”.

Desarrollo Agropecuario. “Hay una coincidencia absoluta en todos los partidos de la necesidad de promover el afincamiento en el medio rural. ¿Cómo no estar de acuerdo? Parece contradictorio cuando la historia muestra una absoluta falta de condiciones para que la gente pueda establecerse con oportunidades de desarrollo en el medio rural”.