COVID-19

25 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Uruguay, se comprometieron a "colaborar" para "asegurar el abastecimiento de alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para los 620 millones de consumidores de nuestra región", de acuerdo a un comunicado al que tuvo acceso El País, en un contexto de pandemia de COVID-19

En este caso, el acuerdo fue firmado por los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (Carlos María Uriarte), y los siguientes Estados: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam.

Por un lado, estos países informaron que "en la actualidad, los mercados de la región cuentan con suficientes alimentos para asegurar el abastecimiento.

En tanto, estos Estados puntualizaron que "a diferencia de crisis anteriores, la oferta de alimentos se ha mantenido estable en el mundo y en nuestra región. Por lo tanto, no existen razones que justifiquen aumentos importantes en los precios internacionales de los alimentos, por lo que hacemos un llamado a todos los actores del sistema alimentario, a impedir la especulación en este momento de emergencia".

Mirando al escenario próximo, plantean que si la pandemia de COVID-19 "se extiende en el tiempo, las cadenas de abastecimiento de alimentos van a estar sometidas a mayor presión".

Para evitar esta situación, consideran que "si todos los países" se esfuerzan "en mantener funcionando las cadenas locales, nacionales, regionales y globales de abastecimiento, podremos asegurar los alimentos de forma sostenible para toda la población", destaca el texto.

Para alcanzar este objetivo proponen varias medidas. Por un lado, "proveer asistencia técnica y financiera a los pequeños y medianos productores agrícolas, pesqueros, acuícolas, ganaderos, y pequeños y medianos agroindustriales, que aportan una alta proporción de los alimentos básicos para el consumo nacional".

Además, "asegurar el funcionamiento regular de los mercados mayoristas locales, regionales y nacionales, asegurando su liquidez".

En tanto, consideran necesario "implementar programas de emergencia para prevenir las pérdidas y desperdicios de alimento".

Asimismo, entienden que hay que "monitorear en forma constante las cadenas logísticas", así como "introducir y fomentar el uso de plataformas y aplicaciones de comercio electrónico de alimentos y otras medidas que permitan reducir el impacto de la sana distancia social y para favorecer cadenas con un menor número de intermediarios".

También plantean que los gobiernos debe "promover" que las políticas fiscales o comerciales "no debiliten el funcionamiento normal del comercio regional y global de alimentos".

Además, consideran que es necesario "establecer mecanismos ágiles, público-privados, que operen como comités de emergencia de los sistemas alimentarios, para facilitar el monitoreo constante del abastecimiento y de la situación de los mercados, y la coordinación de respuestas adecuadas en tiempo real".