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Uruguay exige que se aclare muerte

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Nicolás Maduro. Foto: Reuters

CRISIS

Cancillería reclamó a Venezuela por muerte de militar detenido.

La Cancillería uruguaya reclamó al gobierno de Nicolás Maduro una “inmediata y exhaustiva investigación” para determinar las causas de la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien supuestamente falleció a causa de las presuntas torturas inflingidas tras ser detenido por los servicios de inteligencia venezolanos.

Arévalo fue detenido acusado de participar en un presunto plan de golpe de Estado y murió en dependencias de los servicios de inteligencia del gobierno de Maduro.

El gobierno de Venezuela confirmó la muerte del militar y señaló que el presidente pidió al titular del Ministerio Público, Tarek Saab, “una completa y exhaustiva investigación” que esclarezca este fallecimiento, que calificó como lamentable. “Esperamos que la actuación expedita del Ministerio Público proporcione la respuesta a la solicitud hecha por el presidente (...) en aras de preservar la paz y el buen desarrollo de la justicia”.

Tras conocer el episodio el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo emitió un comunicado en el que expresó “su consternación ante la noticia del fallecimiento, este sábado 29 de junio, del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido por fuerzas de inteligencia del gobierno venezolano el pasado 21 de junio y hace llegar a sus familiares sus más sinceras condolencias”.

Asimismo, la Cancillería indicó que “las dudosas circunstancias que rodean la muerte del Capitán Acosta Arévalo, ocurrida presuntamente a causa de graves heridas sufridas mientras se encontraba bajo custodia de dichos servicios de inteligencia, exigen una inmediata y exhaustiva investigación que asegure los más altos estándares de imparcialidad, independencia y objetividad, que garantice sin dilaciones, el castigo de los responsables”.

La muerte de Arévalo originó este martes en Venezuela nuevos llamados a la alta comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH., la expresidenta chilena Michelle Bachelet, a quien diversos sectores piden que abogue por los llamados “presos políticos”.

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