Relaciones diplomáticas

La décima parte de las solicitudes refieren a las mejoras de las cárceles.

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La comunidad internacional le hizo saber a Uruguay que, en lo que a derechos humanos se refiere, las condiciones de vida en las cárceles son el talón de Aquiles del país. La décima parte de las recomendaciones anunciadas en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, refieren a la vida detrás de las rejas, la que algunos países, como Bangladesh, tildaron de "deplorable e insalubre".

El tirón de orejas no es nuevo. Manfred Nowak, el exrelator de Naciones Unidas para las Cárceles, se había quedado en "estado de shock" cuando visitó los centros de reclusión uruguayos en marzo de 2009. Tras aquella inspección emitió un documento lapidario en el que advertía que, de continuar esas condiciones, la sociedad iba a pagar "un costo muy caro".

Una década después, y ante las observaciones de 87 países en el marco de la revisión internacional del cumplimiento de los derechos humanos, Uruguay volvió a escuchar críticas similares. Se reiteró, en particular, las condiciones de hacinamiento de una población carcelaria que oscila entre las 10 mil y 11 mil personas —siendo una de las tasas de prisioneros más altas del mundo para un país que no está en guerra ni acorralado por el crimen organizado.

Algunos países, como Estados Unidos y Francia, le pidieron a Uruguay que asegurara la existencia de planes de resocialización, salidas de las celdas y mayor aprovechamiento del tiempo libre. Otros, como Portugal, solicitaron que se establezca "un mecanismo de quejas independiente para investigar todas las denuncias de tortura, el uso excesivo de la fuerza y los castigos colectivos" en todos los centros de reclusión.

Fue Portugal, también, quien solicitó que se legisle el delito de tortura por separado del Código Penal hasta marzo de 2020, tal como establece la convención de Naciones Unidas. Eso fue apoyado por Reino Unido e Irlanda del Norte.

"Las recomendaciones sobre cárceles están en línea con las políticas en curso, por lo que el país se compromete a seguir ampliando y consolidando la reforma penitenciaria dando especial prioridad a la ampliación de la cobertura sanitaria pública en las cárceles, la atención en salud mental, el tratamiento de las adicciones, la presencia de programas educativos formales y no formales adaptados a las necesidades de la población penitenciaria, el desarrollo de programas de capacitación laboral y acciones de reinserción de los liberados, todo ello en el marco de las Reglas Mandela", dijo el vicecanciller Ariel Bergamino, quien presidió la delegación uruguaya ante la revisión internacional.

De las restantes recomendaciones que recibió el país, se destacan las de inclusión de la población afro a los puestos de toma de decisiones y también el respeto a los indígenas. En este sentido, Dinamarca le pidió a Uruguay que ratifique "urgentemente" el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, un acuerdo internacional que lleva décadas y el país aún no selló.

Eslovenia solicitó que los indígenas, o mejor dicho sus derechos a la tierra, sean tenidos en cuenta en un futuro Plan Nacional Ambiental.

También hubo advertencias que se siguen repitiendo sesión tras sesión, como la necesidad de derogar la ley de Caducidad. Tanto Panamá como Argentina pidieron explícitamente el fin de la amnistía, a lo que Uruguay se comprometió —lo que no significa que eso vaya a ocurrir en la práctica.