POLÍTICA

Tribunal de Ética del FA juzgará a senador De León

El caso fue tomado de oficio ayer por el organismo.

Leonardo de León por Arotxa
Leonardo de León por Arotxa

Cinco días después de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) considerara que el senador Leonardo De León (Lista 711) hizo un uso indebido de las tarjetas corporativas de Alcoholes del Uruguay (ALUR), el Tribunal de Conducta del Frente Amplio resolvió tomar el caso de oficio.

Fuentes de la coalición confirmaron a El País que la decisión fue adoptada ayer, durante la reunión del organismo presidido por Enio Martínez e integrado por los dirigentes Jorge Brovetto, Nicolás Grab, María Elena Martínez, Jaime Igorra y Juan Carlos Ferreira.

En este caso, la comisión siguió el mismo camino que con Raúl Sendic. En el acta final del informe del Tribunal se indicó que se tomó la decisión de intervenir de oficio a pesar de que en la Mesa Política la Lista 711 había manifestado el interés del exvicepresidente de dar explicaciones sobre las compras realizadas cuando presidía Ancap.

Al momento, De León no había definido presentarse al Tribunal y su sector se llamó a silencio. Ahora, con esta decisión deberá comparecer al ámbito del Tribunal de Conducta a dar las explicaciones de los 130 gastos por US$ 22.000 realizados con la tarjeta corporativa de la empresa, pese a que había percibido viáticos.

No se manejan plazos para el fallo del organismo oficialista encargado de velar por la ética de sus dirigentes, aunque en el caso de Sendic todo el proceso llevó alrededor de dos meses de estudio por parte de los integrantes del Tribunal.

En un informe enviado al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, la Jutep afirmó que "no recibió" ninguna aclaración por parte de De León sobre la utilización de las tarjetas corporativas en viajes al exterior que la empresa "no informa" como realizados en ejercicio de sus funciones. Es decir, esos gastos no se habrían realizado en misión oficial.

El directorio del organismo consideró que los gastos de De León con las tarjetas corporativas de ALUR constituyen "violaciones" a las normas vigentes en materia de "probidad", "rectitud", "legalidad", "implicancias", "buena administración financiera", "rendición de cuentas" y "prohibición de uso indebido de fondos" públicos.

De León argumentó ante la Jutep que los gastos realizados con las tarjetas corporativas siempre fueron con fines institucionales. El senador informó que, desde 2011 y hasta el 13 de febrero de 2015 cuando renunció a la empresa, se realizaron reintegros que son "documentados" y "comprobables".

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, manifestó ayer a radio Sarandí que "hay un artículo de la Constitución, el 188, que dice que los directores de este tipo de empresas del área privada con capital público —como lo es ALUR— tienen las mismas obligaciones que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados".

Dudas.

Sin embargo, a nivel del Frente se generaron muchas dudas con respecto a la conducta de De León. El primero en tocar el tema públicamente fue el ministro de Economía Danilo Astori, quien aseguró que no se puede ignorar el informe de la Jutep. "Tomamos nota preocupados por el informe que hemos conocido absolutamente preocupante", señaló en entrevista con radio Sarandí.

Asamblea Uruguay, la Liga Federal —del diputado rebelde Darío Pérez— y la Vertiente Artiguista se habían mostrado dispuestas a analizar un posible pedido al Tribunal de Conducta del oficialismo.

Notificarán al senador de la 711 el inicio del juicio político en su contra

El diputado nacionalista Pablo Iturralde pidió ayer a la Comisión de Constitución darle continuidad al juicio político contra el senador Leonardo De León (Lista 711).

En pleno receso parlamentario en febrero de este año, el diputado pidió iniciar un juicio político por el uso de la tarjeta corporativa de ALUR en compras en el exterior de las que nunca rindió cuentas.

Al entender que ya pasó más de un mes, solicitó a la Comisión que se le notificara el inicio del proceso formal al legislador del grupo político del exvicepresidente Raúl Sendic.

"Más allá de que él debía tener conocimiento del tema, pedí que se le notificara formalmente y en el Frente estuvieron de acuerdo. Ahora quedaron de traer una respuesta a la brevedad de cómo vamos a hacer el trámite, porque hay que darle traslado para que él haga los descargos", señaló.

Lo que se debe acordar entre todos los partidos es cómo se lleva adelante el juicio que se tramitaría en Diputados y pasaría luego al Senado para que se adopte una resolución, que puede en última instancia ser la separación del cargo.

De acuerdo a lo que establece la Constitución, el juicio político se puede iniciar por delitos graves como peculado y abuso de funciones.

El artículo 153 del Código Penal tipifica el peculado como la apropiación del funcionario público de dinero y bienes muebles, ya sea en beneficio propio o ajeno.

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