POLÉMICA POR DINEROS PÚBLICOS 

Tribunal de Cuentas plantea sancionar a quienes reiteren gastos

El ministro Francisco Gallinal redactó un proyecto de ley en el que señala que la Asamblea General “debe pronunciarse” en un plazo de 30 días. 

Fachada de la Torre de las Telecomunicaciones, Antel. Foto: Archivo El País
Fachada de la Torre de las Telecomunicaciones, Antel. Foto: Archivo El País

De octubre a diciembre de 2019 el directorio de Antel (con mayoría del Frente Amplio) definió un gasto de US$ 100 millones por fuera de la ley y recibió la observación del Tribunal de Cuentas (TCR). El caso fue uno de los tantos que se envían a la Asamblea General y pasan inadvertidos, algo que el organismo de contralor se propone cambiar.

Los abultados gastos de Antel, sucedidos en tiempos electorales, fueron observados por un TCR que tenía mayoría del FA. Se trata de $ 2.000 millones (equivalentes a US$ 45 millones), otros US$ 47 millones y 270.000 euros. La cuenta le dio al diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust unos US$ 100 millones.

“Un directorio de Antel integrado por tres miembros, dos del FA y uno del Partido Nacional, gasta en dos meses de gobierno US$ 100 millones. El TCR lo denuncia a la Asamblea General y esta no ha tomado ninguna definición”, dijo Lust a El País. Esto mismo fue denunciado por el legislador en la media hora previa de la Cámara hace unos 15 días.

Consultado por estos gastos, Lust aclaró que su intención no fue “atacar” a Antel sino colocar el tema en debate. De hecho, según consultas que realizó El País, la característica de los gastos fue declarada “información reservada” por el anterior directorio. El diputado tiene indicios de que se podría tratar de algunas contrataciones de personal.

Todas las semanas cuando se reúne la Asamblea General se lee una larga lista de observaciones. Si algún legislador quiere saber en qué consisten tiene que consultar al TCR (en ese caso, aunque se consulte solo se levanta la reserva con un pedido de informes).

“Lo que hace la Asamblea General es recibir la noticia del gasto y después no hace nada, hay que buscar una solución para corregirlo”, opinó Lust.

Lo que plantea el legislador es que no pasen inadvertidas las observaciones del TCR y que si se observa un gasto de US$ 100 millones se le comunique a la Asamblea General, pero que la historia no termine ahí. Algo que desde 1934 hasta hoy no se pudo concretar, a pesar de que a lo largo estos años se presentaron varias iniciativas.

“A sus efectos”

Hoy la reiteración de los gastos del Estado observados no supera el 7%. “No creo que el tribunal está pintado, como se dice habitualmente”, señaló a El País el ministro del organismo Francisco Gallinal.

Como uno de los primeros puntos del Presupuesto remitido al Parlamento en 2020, el TCR advirtió su preocupación por la reiteración de gastos observados. En ese marco, se ofreció la consulta con los ministros para reglamentar el artículo 211 de la Constitución en su literal B, que establece: “Si el Tribunal de Cuentas, a su vez, mantuviera sus observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o a quien haga sus veces, a sus efectos”.

“A sus efectos” es lo que se pretende reglamentar por parte del Tribunal, bajo el argumento de que el organismo se vería fortalecido con el hecho de que la Asamblea General se pronunciara “en las ocasiones que entienda pertinente” sobre sus observaciones.

En la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas, el Tribunal volvió sobre el asunto. “Se considera fundamental la aprobación de una ley que reglamente el art. 211 literal B, en lo que refiere al alcance de la expresión ‘a sus efectos’, respecto al trámite a darle a las observaciones del Tribunal de Cuentas que son derivadas a conocimiento de la Asamblea General”, señala el texto que en breve se abordará en el Parlamento.

De hecho, no solo se trata de una declaración de intenciones. El ministro Gallinal ya tiene redactado un proyecto de ley que va en ese sentido.

De acuerdo al texto, al que accedió El País, se plantean diferentes escenarios sancionatorios para los casos donde el organismo, ministerio, intendencia o empresa pública insista en un gasto observado.

Lo que se señala concretamente es que la Asamblea General “debe pronunciarse” en un plazo de 30 días. Y podrá sancionar por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, con medidas “que se graduarán”, en atención a la gravedad del incumplimiento y al monto del gasto.

Esto podría suponer desde una observación hasta el retiro de la confianza a un jerarca para el desempeño del cargo. En los casos en que las observaciones estén fundadas en el incumplimiento de normas constitucionales o de los “principios fundamentales” de la contratación administrativa (y refieran a gastos cuyo monto supere el tope establecido para una licitación), la Asamblea General le otorgará un plazo de diez días al organismo que realiza el gasto para “ajustar” su actuación.

“Único camino”

“Para mí el único camino que hay es la sanción. El Parlamento no puede y no tiene competencias para suspender un acto administrativo”, explicó Gallinal.

Pero el ministro señaló que sí tiene competencias para sancionar y observar los organismos y remover a los directores. El Parlamento puede definir una interpelación o pedirle al presidente de la República que aplique los artículos de remoción en casos graves.

Lo que se propone es que sancione en función de la gravedad de la ilegalidad, aunque por ahora todas las violaciones de normas tienen el mismo efecto: la observación.

¿Cómo se haría para aplicar esta ley? La Asamblea General puede nombrar una comisión para estudiar las observaciones del TCR y con la mayoría correspondiente pedir las sanciones.

Según datos a los que accedió el diputado Lust, en el último año del gobierno de Tabaré Vázquez se observaron 90.000 gastos ilegales. Mientras que en el primer año del de Luis Lacalle Pou la cifra habría bajado a 73.000. Esto abarca tanto al gobierno central, como a entes e intendencias.

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