Un proyecto que divide

Tren de UPM genera resistencia

Vecinos afectados denuncian que el gobierno ejecuta proyecto sin el permiso ambiental.

Desde el gobierno se explicó ayer en una audiencia pública que el proyecto cumple con todas las garantías. Foto: M. Bonjour
Desde el gobierno se explicó ayer en una audiencia pública que el proyecto cumple con todas las garantías. Foto: M. Bonjour

"Gobierno ecocida, fuera UPM! (...) ¡No queremos un tren que contamine!", se podía leer en algunos de los varios carteles que ayer por la tarde adornaban el gimnasio del Espacio Polideportivo del Municipio G en pleno Lezica, sitio en el que se realizó la primera audiencia pública por el proyecto ferroviario que conectará Paso de los Toros, en Tacuarembó, con el Puerto de Montevideo.

Vecinos de Montevideo, Canelones, Florida, Durazno y Tacuarembó, así como integrantes de las organizaciones sociales "Por un costado de la vía" y del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y UPM 2 No, transmitieron a las autoridades del Poder Ejecutivo su rechazo alproyecto porque entienden que el tren que atenderá a la empresa finlandesa que instalará su segunda planta en Durazno provocará un impacto ambiental, social, económico y urbanístico negativo. El tren trasladará celulosa a Montevideo y varias sustancias químicas hacia Paso de Los Toros.

Del otro lado del mostrador, el gobierno representado por el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Jorge Setelich y el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, escucharon los reclamos y dieron respuestas, las que para los vecinos no fueron suficientes.

Victoria y Juan Manuel viven en Capurro a solo ocho metros de la vía —en ese sitio el gobierno realizará un soterramiento, para que el tren sea subterráneo— y para ellos, el proyecto ferroviario de UPM significará todo un cambio en su rutina. "Se va a realizar una trinchera de 8 o 9 metros de profundidad y básicamente hay riesgo de desplazamiento de tierra, incluso no se sabe cómo serán afectadas las viviendas por esas obras", señaló Victoria a El País.

Uno de los momentos de mayor tensión de la audiencia fue cuando Sonia Gómez, vecina de Sayago, interpeló a Nario sobre las autorizaciones ambientales del proyecto. "¿Para qué quieren la autorización ambiental si la obra ya se empezó a ejecutar?, preguntó. Es que de acuerdo a la versión de Yanina Borloz del movimiento "Por un costado de la vía", el gobierno ya inició la expropiación de más de 200 viviendas en los cinco departamentos por los que pasará el tren. A su turno, Nario contestó: "Nosotros nunca hablamos de fechas".

Foto: Marcelo Bonjour
Foto: Marcelo Bonjour

Lo cierto es que el propio ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, quien asistió solo a la primera parte de la audiencia, había señalado a mitad de año que el gobierno esperaba comenzar con las obras del tren en febrero.

La audiencia pública tuvo dos partes: en la primera, ingenieros de la empresa LKSur —una de las adjudicatarias de la obra— presentaron los informes sobre el proyecto y los aspectos negativos del mismo. En la segunda parte, las autoridades se limitaron a leer una serie de preguntas —presentadas en un manifiesto esta semana— y respuestas. Los ingenieros de la firma que representaban al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) señalaron que las obras producirán la afectación de más de 180 servicios, entre los que se encuentran el gas, combustible, energía, telecomunicaciones, saneamiento y agua potable. Por otro lado, se informó que se expropiarán 557 padrones parciales y 52 totales en los cinco departamentos involucrados en las obras.

A su vez, la empresa indicó que se realizarán realojos de familias que viven en situaciones irregulares. Se transferirán las viviendas del MTOP y de Vivienda, Ordenamiento, Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) para adjudicarlas y se alquilarán otras transitorias.

En concreto, los vecinos reclaman al gobierno la realización de estudios ambientales independientes que evalúen los eventuales "impactos negativos" de la construcción y operación de los trenes que trasladarán celulosa y químicos.

Foto: Marcelo Bonjour
Foto: Marcelo Bonjour

La demanda de los vecinos se enmarca en la puesta de manifiesto que forma parte de la evaluación de la Dinama del proyecto ferroviario incluido en el contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y la multinacional en noviembre de 2017 para habilitar la instalación de una nueva planta de celulosa a orillas del Río Negro.

Según informó el grupo de vecinos, el proyecto ferroviario es considerado de alta complejidad por la Dinama por el impacto que podría generar a nivel ambiental, social, económico y urbanístico. Entienden que el informe ambiental resumen que el gobierno publicó "tiene carencias que desvirtúan una evaluación" dado que se encuentra en inglés y es muy extenso.

El proyecto.

Se prevé que los trenes puedan ir de una ciudad a otra en no más de seis horas (hoy el trayecto insume más de diez). Las vías deberán tener la capacidad de soportar trenes que lleguen a una velocidad de 80 kilómetros por hora aunque el promedio será de 50 kilómetros por hora. Los ferrocarriles tienen que poder transportar hasta 22 toneladas por eje. Concretamente se reforzarán los puentes grandes y medianos (arroyo Canelón Grande, río Santa Lucía, arroyo Pintado, río Yi, arroyo Villasboas y río Negro). Los puentes pequeños se pueden construir nuevos, señala la presentación. La planta de celulosa tendrá una capacidad de producción de 2 millones de toneladas anuales y será más grande que las dos existentes en Uruguay. Se requerirá la expropiación de 225 padrones. La planta, en caso de construirse, demandará al menos dos años de obras, por lo que difícilmente se inaugure durante el actual período de gobierno.

Prevén alto impacto a nivel comercial

El gobierno elaboró un informe que calcula que la inversión de UPM incrementará en un escenario promedio las exportaciones anuales del país en US$ 1.155 millones —que se pueden traducir en una recaudación adicional para el Estado de US$ 120 millones— y generará cuando esté en construcción unos 8.000 puestos de trabajo estables.

Foto: Marcelo Bonjour
Foto: Marcelo Bonjour

En cuanto a las exportaciones, se elaboraron tres escenarios asumiendo un precio para la tonelada de celulosa de entre US$ 500 y US$ 600 y una capacidad de producción de la planta de entre 2 millones anuales y 2,3 millones anuales. En principio se espera que la planta tenga una capacidad anual de producción de 2,1 millones de toneladas ampliable hasta en un 11%.

Las exportaciones anuales oscilarían entre US$ 1.000 millones y US$ 1.380 millones y el promedio sería de US$ 1.155 millones. En los últimos seis años las exportaciones de UPM se realizaron a un promedio de entre US$ 500 y US$ 600 por tonelada. El trabajo enfatiza en que el proyecto, que comenzaría a construirse el año próximo, dinamizará una zona deprimida del país. El trabajo indica también que los empleos directos e indirectos que generará el proyecto serán de calidad.

Producirá cambios en ferias y festividades

El tren de UPM impactará en una policlínica y en la feria de Las Piedras, en el único sanatorio de Canelones, en el raid hípico de Sarandí Grande en Florida, en puestos callejeros en Paso Molino en Montevideo y en asentamientos irregulares ubicados al costado de las vías férreas. De acuerdo a un pedido de información complementaria que realizó la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) al MTOP, se admite que el tren producirá cierto grado de afectación sonora por ruidos y vibraciones. El trazado de la vía supone también la afectación de las actividades del famoso centro de deportes, Montevideo Rowing Club. La empresa LKSur respondió que ya se están gestionando "alternativas de relocalización" de las actividades que se realizan en el predio del Montevideo Rowing Club, una institución en la que funciona una Academia de Tenis y en la que se realizan varias actividades deportivas como remo, fútbol, básquet, aparatos, judo y gimnasia, entre otros deportes.

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