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Declaración del exgerente de BPA Uruguay detalla coimas pagadas por Odebrecht.

Declaraciones del exgerente de la Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay entre los años 2006 y 2010, Francesc Xavier Pérez Giménez, ante la fiscalía peruana que se conocieron el miércoles, complican la situación jurídica del expresidente Alan García que pidió asilo en Uruguay, en opinión de algunos legisladores peruanos.

Pérez Giménez es un personaje clave en la investigación por lavado de activos que se sigue a funcionarios del segundo gobierno de Alan García que habrían recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a través de BPA, según informa el diario limeño El Comercio.

El exejecutivo de BPA viajó 36 veces a Perú y habría sido el responsable de abrir cuentas y hacer el posterior seguimiento de las inversiones de todos los exfuncionarios peruanos que habrían recibido dinero de la compañía brasileña.

Según Pérez Giménez, Odebrecht era cliente del banco. El gestor de esta empresa era el uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti. "Él es quien trajo a Odebrecht al banco (...) después se dio la posibilidad de que Odebrecht presentara clientes que querían cuentas patrimoniales y así se generó el vínculo", declaró ante el fiscal.

"Era Odebrecht el que nos presentaba (a los clientes) (...) Por ejemplo, a mí me decía Andrés Sanguinetti: Odebrecht me avisa de que hay un potencial cliente en Perú que podría estar interesado en abrir una cuenta", indicó.

Aunque siempre se proclamó inocente de los cargos, Sanguinetti fue extraditado a Andorra por la Justicia uruguaya.

En varias ocasiones su abogado defensor, Jorge Barrera, señaló a El País que su cliente era funcionario de la filial local del banco, "por lo que estaba sujeto a subordinación y tenía a tres jerarcas por encima de su puesto de trabajo", motivo por el que "no tenía posibilidad de abrir cuentas de clientes y no podía responder por actos en los cuales actuó como subordinado".

Sanguinetti fue liberado por la Justicia andorrana, pero la causa en su contra sigue adelante.

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En opinión de varios legisladores peruanos las declaraciones de Pérez Giménez complican la situación legal de Alan García quien es investigado por haber recibido sobornos de Odebrecht durante su mandato por la concesión de obra pública, concretamente una línea de subte en Lima.

En declaraciones a El Comercio, el parlamentario oficialista Juan Sheput sostuvo: "Todas las personas mencionadas por Pérez tienen hilos concéntricos que llevan a Alan García y no se puede decir que han actuado por iniciativa propia".

Indicó que esa es una de las hipótesis que maneja la fiscalía y que significó la profundización de la investigación al exmandatario.

Para el legislador Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), la declaración del exejecutivo de la BPA es una prueba más de las responsabilidades de los funcionarios del segundo gobierno aprista, partido del que forma parte Alan García. "De una u otra forma compromete más a García. Él es el responsable político del gobierno. Si hay funcionarios que han estado metidos en actos delictivos, lo comprometen políticamente", dijo.

Por el contrario, el legislador aprista Elías Rodríguez sostuvo que la responsabilidad penal es estrictamente individual.

"¿Qué tienen que ver Miguel Atala, Jorge Cuba o Edwin Luyo con García? (todos ellos exfuncionarios de la segunda presidencia de Alan García). ¿Hay una sindicación directa contra él o se trata de una ilógica y maquiavélica asociación que busca comprometerlo?", se preguntó tras expresar que la presunción de inocencia está agonizando en Perú.

Por su parte, el gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra, no pretende apurar la toma de decisión de su par uruguayo en cuanto a conceder o no el asilo político que Alan García solicitó ante la embajada uruguaya en Lima semanas atrás

La vicepresidenta peruana Mercedes Araoz consideró el martes pasado que el "tiempo razonable" para que Uruguay tome una decisión sobre el pedido de Alan García será "el que ellos necesiten".

El canciller Rodolfo Nin Novoa, había dicho que la Convención de Caracas de 1954 —procedimiento por el que se rige la concesión de asilo político entre los países de la Organización de Estados Americanos— "no establece plazos de ninguna índole"; es decir, le otorga a los países asilantes el tiempo necesario para que tomen una decisión.

En entrevista con la cadena CNN en Español, ante la pregunta de cuál es el tiempo que sería razonable para que Uruguay se pronuncie sobre la solicitud de asilo, Araoz respondió: "Lo razonable es el tiempo que ellos necesiten para tomar una decisión delicada".

"Ellos tienen en su manos el documento que ha enviado la Cancillería que muestra la situación del Perú donde hay independencia de poderes, respeto a la Constitución y pleno estado de derecho", añadió.

"Todo ese marco le dará la capacidad de tomar una decisión en el tiempo que corresponda de manera soberana al presidente Tabaré Vázquez", sostuvo Araoz.