GREMIO

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El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) envió este jueves al Parlamento las evidencias con las que contaba para sustentar sus denunciasde casos de “persecución sindical” y clara “violación a la libertad de expresión” de médicos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Así lo había denunciado el presidente del gremio de profesionales, Gustavo Grecco, al comparecer en la comisión de Asuntos Laborales del Senado el 3 de junio.

Según el dirigente gremial, había “médicos jóvenes” y otros “de mucha experiencia” que habían recibido “llamados de los respectivos directores ejerciendo presión para modificar o bajar un tuit o algún comunicado”, pero no había dado mayores datos de las denuncias en particular. Por ese motivo, y ante el pedido de la senadora nacionalista y presidenta de la comisión, Graciela Bianchi, los médicos se comprometieron a enviarles a los legisladores un informe con los detalles de los al menos “siete reportes” que tenían identificados.

Pero en los documentos entregados esta semana solo hicieron mención a cinco situaciones -una de las cuales ya fue resuelta tras una negociación con las autoridades-, y no en todos los casos incluyeron materiales que respaldaran las denuncias, según constató El País al acceder a la información elevada a la comisión.

El “caso 1”, con el que comienza el informe, ya no es tal, porque el médico afectado, el reumatólogo Rodrigo Suárez, llegó a un acuerdo el 9 de junio con la dirección del Hospital Pereira Rossell, que había iniciado un procedimiento disciplinario contra el profesional por haber dicho en Twitter que allí faltaba un medicamento básico. Suárez había dicho que en ese centro no había “ni paracetamol” cuando “la ministra de Economía (Azucena Arbeleche) debe estar recibiendo felicitaciones por su excelente trabajo en ahorrar plata”. Pero tras la intermediación del SMU, la directora general del hospital, Victoria Lafluf, dejó sin efecto la investigación. “El doctor asumió que su conducta podía ser inapropiada y se retractó”, dijo en ese momento la jerarca a El País, para quien la queja del médico debía haberse canalizado por las vías institucionales.

El siguiente caso sobre el que se aporta algún detalle hace referencia a la situación de un médico de la RAP de Canelones a quien ASSE le inició una investigación administrativa luego de publicar un tuit en el que arrobaba a distintas compañías telefónicas y preguntaba lo siguiente: “¿Podrán facilitar celulares, con llamadas ilimitadas si es posible, a las distintas policlínicas de la RAP para facilitar el seguimiento telefónico de los pacientes COVID y no COVID?”. Y en otro tuit ampliaba: “Una de las dificultades que estamos teniendo para el seguimiento de los pacientes es que no contamos con equipos de comunicación suficientes para realizar dicha tarea”.

En respaldo, en este caso los médicos adjuntaron el cedulón por el cual se citó a declarar al profesional, además de las capturas de los tuits. Ni el nombre de este involucrado ni el de ningún otro se incluyeron, para preservar su intimidad.

Los restantes tres casos están presentados en forma incompleta. El denominado “caso 3” se trata de “una investigación administrativa reservada en ASSE (Hospital Español) por un tuit que hacía referencia a la elección de pacientes para ingreso a CTI”.

De acuerdo a la versión del SMU, el contenido fue eliminado de inmediato porque “la dirección le pidió que lo hiciera”, por lo que el documento que respalda el hecho es, nuevamente, un cedulón que contiene la citación a declarar en el marco de una investigación administrativa.

El siguiente reporte aborda la situación de una joven residente de cuidados intensivos del Hospital Español, que en su primer día contó también en Twitter cómo había sido la jornada. “Debimos brindarle asesoramiento jurídico acerca del alcance de la libertad de expresión”, señala el informe del SMU, firmado por Grace Olivera, secretaria del Comité Ejecutivo del gremio.

El 3 de junio, en comisión, la asesora jurídica del SMU Natalia Veloso había adelantado algún comentario más sobre ese caso específico. Dijo que la mujer había relatado en esa red social “que durmió 15 minutos en el piso y que fue todo lo que pudo dormir” y que eso “no debería terminar en un procedimiento disciplinario”.

Sin embargo, el gremio ahora adujo no tener mayor información sobre la evolución del caso. “Nos comentó haber sido contactada por sus autoridades pero desconocemos cómo siguió el proceso”, dice el reporte en manos de los senadores.

En respaldo del “caso 5” también se incluyó un cedulón con la cita a declarar, pero se limitaron a informar que la investigación administrativa se realizaba “en virtud de dichos en la prensa acerca de las demoras en los hisopados”.

Fuentes del gremio médico señalaron a El País que tienen “más casos” sobre presuntas presiones, pero que quedaban en “llamadas telefónicas”, por lo que no disponían de pruebas físicas.

La senadora Bianchi decidió este jueves, durante la sesión de la comisión, citar a las autoridades de ASSE, decisión que se había postergado hasta tanto no se recibiera la información por parte del SMU, según señalaron a El País fuentes parlamentarias.

De todas formas, el SMU ya se había referido en su comparecencia al diálogo mantenido con la cúpula del prestador estatal sobre este tema. “Ellos nos respondieron que no es intención de las autoridades violentar los derechos de ningún trabajador de la institución”, dijo el presidente del sindicato, Grecco, en esa oportunidad.