DERECHOS HUMANOS Y COVID-19

Las emergencias sanitarias pueden evidenciar lo mejor de una sociedad y también lo peor. Según la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz, la pandemia del COVID-19 ha desnudado la desigualdad que vive América Latina y “la crisis de los sistemas sanitarios”, además de dejar “millones de personas libradas a su suerte”. En este sentido, dice que Uruguay tiene “mucho para aportar”, aunque le preocupa “la población en situación de calle” y los que viven en asentamientos irregulares.

-¿Cuál es el primer derecho que se debe priorizar por parte de los países en la pandemia?

-El derecho a la salud y a la vida de las personas, sin discriminación y en su interrelación con los demás derechos son lo primero que debe buscarse proteger en un contexto de pandemia. Hemos llamado a los Estados a que, frente a la crisis sanitaria, económica y social desencadenada por el COVID-19, pongan las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública en el centro de todas sus decisiones, basándolas en la mejor evidencia científica disponible. Las medidas que los países adopten, en particular aquellas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios ¨pro persona¨, de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral. Estoy hablando por ejemplo del debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada

-¿Qué denuncias han recibido de violación de derechos?

-Las informaciones recibidas sobre situaciones preocupantes son innumerables y se refieren tanto a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como civiles y políticos. Esta pandemia hace aún más evidente la crisis de los sistemas de salud, de cuidados, educativos o de seguridad social en la región. También muestra lo expuestas que están las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad o discriminación histórica frente a una emergencia sanitaria como la que vivimos. América es el continente más desigual del planeta y esta pandemia está incrementando exponencialmente la pobreza, dejando a millones de personas libradas a su suerte frente al hambre y la enfermedad, el desempleo.

-¿Han llegado denuncias desde Uruguay?

-Una situación que, entre otras, me preocupa especialmente es la de las personas que viven en la calle o en asentamientos informales. También estoy pendiente de las buenas prácticas que pueden compartirse con otros países; tuve la suerte de vivir en Uruguay por nueve años antes de mi actual destino y conocer de primera mano lo mucho que tiene para aportar.

-¿El no querer vacunarse es un derecho?

-Frente a una situación de emergencia sanitaria y de acceso desigual a las vacunas contra el COVID-19 me parece que el planteo pasaría más bien por considerar si existe el derecho de inmunizarse en condiciones equitativas. Hoy por hoy esto no es así y es lo que más me está preocupando.

-¿El pasaporte sanitario es discriminatorio?

-Son debates y medidas que requieren un análisis cuidadoso, basado tanto en la salud global como en la solidaridad internacional y las obligaciones de derechos humanos que los países tienen con las personas en movilidad. Ya hoy en día existen algunos requisitos de vacunación según el país de que se trate, por ejemplo, para la fiebre amarilla. Lo que no debe suceder es que esta pandemia se convierta en excusa para limitar los derechos de las personas. En tal sentido, hemos llamado a los países a la adopción de medidas para protegerlos especialmente en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, evitando el empleo de estrategias de detención migratoria y otras disposiciones como pueden ser las deportaciones o expulsiones colectivas.

-A comienzos de la pandemia hubo quienes dijeron que los países con régimen autoritarios tenían más facilidades para el control de la emergencia sanitaria. Un año después, ¿se ha caído este argumento?

-Me parece una generalización tan innecesaria como inexacta. Todos los Estados se enfrentan a desafíos sin precedentes frente a esta pandemia y los que respeten las reglas del juego democrático lo reflejarán invirtiendo en salud, cuidado y derechos de sus poblaciones, buscando que se beneficien del progreso científico. Los Estados que sigan este camino cosecharán mejores resultados, tanto desde el punto de vista económico, como de los derechos afectados.

Resulta difícil pensar en la reactivación de las economías con sociedades enfermas por el virus, desesperadas frente al crecimiento de la pobreza y el hambre. Suelen ser los Estados más democráticos y comprometidos con sus sociedades los que más se preocupan de esos temas, que hoy resultan críticos.