COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES

Médicos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que en las últimas semanas denunciaron a través de sus redes sociales irregularidades o problemas de atención y funcionamiento en algunos hospitales públicos, fueron sancionados o destituidos, según denunció el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

La cúpula del SMU compareció este jueves ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado -a la que habían pedido ser recibidos de urgencia-, para denunciar situaciones que, a juicio del colectivo, constituyen “persecución sindical” y una clara “violación a la libertad de expresión de trabajadores y trabajadoras médicas”.

“Hemos recibido denuncias, reportes de colegas de distintos lugares y unidades ejecutoras de ASSE, sobre llamados de los respectivos directores ejerciendo presión para modificar o bajar un tuit o algún comunicado, o para evitar que se ejecutara alguna acción que hubieran emprendido”, dijo el presidente del SMU, Gustavo Grecco, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

En algunos casos, las autoridades de las instituciones decidieron iniciar un sumario o disponer del cese de profesionales, como ocurrió con Rodrigo Suárez, reumatólogo del Pereira Rossell. El 18 de febrero, este médico escribió en su cuenta de Twitter que en ese hospital no había “ni paracetamol” cuando “la ministra de Economía (Azucena Arbeleche) debe estar recibiendo felicitaciones por su excelente trabajo en ahorrar plata”. Como consecuencia de ese mensaje, fue cesado del cargo, informó La Diaria la semana pasada.

“Esto tiene que ver con médicos jóvenes y con otros de mucha experiencia que, por ejemplo, sufren un hecho de violencia y reciben, como respuesta ante la descarga entendible desde el punto de vista humano, la presión desde la unidad ejecutora para que no lo comuniquen”, agregó Grecco en la comisión.

El SMU cuenta hasta el momento con “siete reportes” de situaciones de este tipo, aunque no todos los casos derivaron en la expulsión o en un proceso administrativo contra los involucrados.

El tema también fue planteado directamente al directorio de ASSE días atrás por parte del sindicado. “Y ellos nos respondieron que no es intención de las autoridades violentar los derechos de ningún trabajador de la institución. Para nosotros es esencial que quede meridianamente claro que las libertades en el ejercicio de la profesión y de la libertad de expresión deben ser respetadas siempre”, sostuvo el presidente del SMU.

La senadora blanca y presidenta de la comisión, Graciela Bianchi, solicitó entonces que el sindicato enviara un informe detallando “los casos puntuales” reseñados, para así tener “todos los elementos”, algo que la delegación del SMU se comprometió a hacer a la brevedad.

En diálogo con El País, la senadora aseguró que la comisión no pudo votar la citación de las autoridades del prestador de salud estatal porque algunos legisladores habían comparecido a través de Zoom -tal como lo hizo el Comité Ejecutivo del SMU- y la normativa no los habilita a votar en forma virtual. Pero añadió que esa posibilidad “está sobre la mesa” de la comisión, y que exhortó a todos los integrantes del ámbito a asistir presencialmente la semana que viene para tomar una decisión.

El debate legal de fondo, de acuerdo a la exposición de la abogada Natalia Veloso, asesora jurídica del gremio, es la tensión a resolver entre el “deber de reserva o de lealtad del funcionario público con el derecho constitucional a la libre expresión”.

Para la abogada, que se inicie un procedimiento disciplinario a un profesional de la salud por “escribir en Twitter, por ejemplo, que se necesitaban más teléfonos para hacer un mejor seguimiento de los pacientes” es una situación que a su juicio es “preocupante y reñida con la ley”. “El deber de reserva y de lealtad del funcionario público de ninguna manera puede significar que no pueda manifestarse en Twitter o en las redes sociales”, aseguró la asesora, que relató otro de los casos, sin dar nombres: “Una persona quería contar su primera experiencia como residente y relató que durmió 15 minutos en el piso y que fue todo lo que pudo dormir. Eso no debería terminar en un procedimiento disciplinario”.

Basada en la jurisprudencia nacional y en un trabajo elaborado por el experto y excatedrático en Derecho Administrativo Juan Pablo Cajarville, Veloso dijo ante los senadores que entendía que el debate debería estar zanjado. Hay acuerdo, a su parecer, “en que la idea de obediencia o de reserva del funcionario público ha quedado de lado frente a la necesidad de proteger el derecho constitucional de poder expresarse libremente”, siempre que no se difame, se mienta o se genere “alarma pública”.

Por otra parte, algunos senadores, como los frenteamplistas Óscar Andrade y Amanda Della Ventura y la colorada Carmen Sanguinetti, coincidieron en la necesidad de legislar para demarcar con claridad qué limites tienen los funcionarios públicos a la hora de expresarse en las redes sociales sobre temáticas de los organismos.