OLA DE DELITOS

Ya fueron 25 efectivos de la Republicana, habrá más motos y se instalarán 51 cámaras adicionales.

La conmoción generada en la ciudad de Salto por recientes rapiñas y homicidios que llevó a que el jefe de Policía, Oldemar Avero, fuese increpado en una manifestación espontánea ocurrida el domingo en la Ruta 3, llevó a una rápida reacción del Ministerio del Interior: en las próximas semanas irán 100 agentes más a la capital departamental.

Además los agentes contarán con 20 motos más y se instalarán 51 cámaras adicionales que se sumarán a las 34 que hay hoy en funcionamiento. También habrá un helicóptero policial adicional en Salto.

Estos anuncios se los hizo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a las diputadas salteñas Catalina Correa (oficialista), Manuela Mutti (también frentista) y Cecilia Eguiluz (colorada) con las que se reunió durante una hora ayer en su despacho. Está previsto, además, que el jueves el intendente salteño Andrés Lima se reúna para analizar la situación de seguridad con el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.

Hay 500 policías en formación en Tacuarembó para atender las necesidades en el norte del país y 100 irán a Salto, explicó Bonomi a las legisladoras. Y se dispuso que 25 integrantes de la Guardia Republicana estarán en forma permanente en Salto.

La diputada Eguiluz señaló que en su departamento se han dado niveles de violencia "inusitada" y que el ministro compartió la preocupación por el narcotráfico en Salto, donde se calcula que en determinado momento funcionaron 130 "bocas de pasta base". De todas formas, las tres legisladores coincidieron en que se percibe una reacción que es bienvenida desde el Estado. En la ciudad ya está operativo, además, el Programa de Alta Dedicación Operativa (Pado). Las diputadas coincidieron en que las medidas tendrán impacto y que la situación es reversible más allá de que Salto es una ciudad grande y fronteriza, lo que complica el combate al delito.

En la mañana el ministro había relativizado las cifras de la seguridad en Salto, donde desde que comenzó el año murieron de forma violenta tres personas (dos comerciantes y un delincuente).

En declaraciones a Radio Uruguay dijo que "la movilización del otro día pedía la renuncia del jefe; yo creo que ha hecho un buen papel, hay cosas que no pueden atribuirse al jefe". "Yo estuve mirando los números de Salto, comparados con el año pasado efectivamente hubo un aumento de delitos pero en un nivel menor de lo que ha pasado en el país", agregó el ministro.

El lunes dos asaltantes robaron una automotora en Salto reduciendo a varias personas, aunque el botín que obtuvieron fue escaso: solamente US$ 500.

Por otro lado, la hermana del comerciante Enrique De Mattos, asesinado de un balazo por la espalda el pasado viernes, aseguró que lo asesinaron porque el delincuente que entró a su local no le creyó que era lo único que tenía en ese momento. "Había repuestos, mercadería y no tenía nada más", dijo Marcela De Mattos a Radio Arapey.

Asimismo, reconoció que su hermano en un tiempo fue "bagayero" y por ese motivo estuvo preso, y señaló que desde hacía dos años había instalado un almacén para sostener a su familia. Era padre de cinco hijos, tres de las cuales junto a un nieto vivían junto a él y su esposa en el mismo lugar en el que perdió la vida.

La mujer, quien fue el único familiar que se ha animado a hablar sobre este crimen que todavía no está aclarado, dijo además que su cuñada le confirmó que Enrique al entregarle las monedas al atracador, este se ofuscó y le exigió una mayor cantidad, que no tenía.

En cuanto a otras versiones que han circulado en el sentido de que el local de la calle Juan H. Paiva 600 en donde ocurrió la tragedia sería una boca de venta de drogas, fuentes policiales señalaron que no consta que la víctima estuviese involucrada en ese negocio, aunque sí que el comerciante asesinado tenía un antecedente por un delito de contrabando tal cual lo confirmó su hermana. De todas formas, el Ministerio del Interior continúa investigando el punto. La Fiscalía deberá determinar si el hombre estaba vinculado a otros delitos.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi "corrigió" las declaraciones del director de Policía, Mario Layera, quien había dicho a El Observador que, en materia de seguridad, Uruguay se encaminaba a ser como Guatemala o El Salvador. "Layera entendió, sin que lo dijéramos, que fue un error decir lo que dijo. Él lo dijo en un marco, y se refirió al peor de los escenarios. Hay que entender que él es un gran policía, no un político. Él entiende que no fue acertado", dijo Bonomi a Radio Uruguay. En los dichos de Layera, según Bonomi, "tres cosas sobraron". Primero consideró que los excluidos no se transformarán en mayoría; en segundo lugar entiende que no va a pasar que Uruguay llegue a ser algo parecido a El Salvador y Guatemala, y por último no apoyó el planteo de Layera en el sentido que varias dependencias estatales debían compartir más información con el Ministerio del Interior. Bonomi reconoció un aumento de los delitos, entre ellos los homicidios y las rapiñas, como consecuencia de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. "Tiene que ver con el funcionamiento del código. Cuando empezó, nos llevó a problemas graves en noviembre y diciembre", dijo.