POLÍTICA

Sector de Constanza Moreira batalla contra el TLC con Chile

Críticas al Ejecutivo por no informar de las negociaciones desde un inicio.

Moreira tratará de convencer al resto del Plenario del FA de la inconveniencia de aprobar un TLC con Chile. Foto: D. Borrelli
Moreira tratará de convencer al resto del Plenario del FA de la inconveniencia de aprobar un TLC con Chile. Foto: D. Borrelli

Casa Grande, el sector de la senadora Constanza Moreira, está dando una batalla casi solitaria en la interna del Frente Amplio para que el Plenario de la coalición frene la aprobación parlamentaria del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile.

El máximo organismo tenía previsto reunirse el próximo 28 de abril, pero a pedido de varios sectores se aprobó una prórroga hasta el 5 de mayo. Junto a Casa Grande, el Partido Comunista se opone a la aceptación del acuerdo firmado entre el presidente Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet en octubre de 2016.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista siguen sin definirse. Este último se reunirá el próximo lunes para resolver qué posición adopta, pero la mayoría renovadora se inclina por aceptar este acuerdo. A esto se suma el hecho de que hay sectores dentro del astorismo que pretendían que el Plenario se expidiera sobre un informe elaborado por la Comisión de Asuntos de Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), pero no acerca de si aceptar o rechazar el acuerdo comercial con Chile.

El documento oficial de la coalición sobre inserción internacional fija las condiciones para la negociación de acuerdos comerciales y pide preservar la energía, las telecomunicaciones, el agua, y los servicios financieros, áreas en las que trabajan las empresas públicas.

El sector de Moreira no solo está en desacuerdo con el contenido de lo firmado, sino también con la forma en que se trató el tema a la interna del oficialismo. "El Poder Ejecutivo debe informar al Frente Amplio cuando comienzan negociaciones vinculadas a cualquier acuerdo comercial bilateral o multilateral, la confidencialidad no excluye el deber de cumplir con el protocolo de informar a la fuerza política sobre el inicio y avance de las negociaciones", señala el texto del documento del sector al que accedió El País.

En ese marco, sostiene que el acuerdo se negoció en ocho meses, y luego de firmado solo se publicó la información sobre el mismo en la página web de la Cancillería, pero no se informó ni a la sociedad civil ni al Frente Amplio de lo actuado.

Según dice el informe elaborado por Gustavo Bouquet, Natalia Carrau y el exsenador Alberto Couriel, Uruguay no está en las mismas condiciones que Chile para aprobar este acuerdo bilateral. Por lo que se habla de una "asimetría".

"Si bien los técnicos uruguayos que participan de las negociaciones se destacan por su profesionalismo, el Estado no tiene el número suficiente de funcionarios para negociar en igualdad de condiciones", advierten. Por ejemplo, en las negociaciones con Chile por cada funcionario uruguayo participaban ocho chilenos. Una de las críticas que se realizan sobre este aspecto es que el Frente Amplio está gobernando por tercera vez consecutiva y "no ha podido formar equipos negociadores interinstitucionales y de carácter permanente para que conduzcan los acuerdos de comercio o inversiones".

Soberanía.

En cuanto a los contenidos, uno de los principales argumentos en contra de la aprobación del acuerdo sostiene que el TLC con Chile apunta a liberalizar los mercados internos y esto "puede comprometer la soberanía de las políticas públicas uruguayas y la estrategia de desarrollo".

Con las llamadas "listas negativas" el país debe listar los sectores y actividades que quedan excluidos de las obligaciones del acuerdo. Todo lo que no esté dentro de la lista queda automáticamente sujeto a las obligaciones del tratado.

Se entiende como "extraño" que cláusulas que provocaron la salida de Uruguay de las negociaciones del TISA, ahora se quieran integrar en un acuerdo con Chile. "Este tratado impone restricciones no solo al gobierno nacional, sino a los gobiernos departamentales, elementos que se ven por vez primera en un acuerdo de estas características y del cual los gobiernos departamentales no recibieron información, y tampoco se han podido expedir al respecto", subrayan.

Asimismo cuestionan que se establezcan medidas que restringen el desarrollo de políticas en sectores estratégicos. Por ejemplo, aseguran que no se podrían fijar políticas para regular plataformas de aplicaciones tecnológicas como lo son Uber o Netflix.

Tratado de Patentes "no genera nuevos empleos a nivel local"

Dentro del Frente Amplio, el sector de Constanza Moreira es uno de los pocos que se opone al Tratado de Patentes (TCP) a estudio del Parlamento.

Para rechazarlo sostienen que Uruguay no ha tenido mayores dificultades en internacionalizar sus patentes, ya sea a través del registro en países miembros del TCP o a través de empresas uruguayas o estudios de abogados con residencia en Estados Unidos o la Unión Europea. "El ingreso de Uruguay al TCP no cambiará de manera importante el impacto de las patentes uruguayas a escala global", asegura Casa Grande.

Por otro lado, añade que los beneficios que obtendría Uruguay a partir de su ingreso en el TCP "no serán ni directos ni automáticos".

De ser aprobado el acuerdo, argumentan que aumentaría el número de patentes de empresas extranjeras en Uruguay que, en su gran mayoría, no generan empleo local sino "monopolios de importación".

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