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Salud mental y presos, las cuentas pendientes en derechos humanos

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Vía pública: en la Plaza de la Democracia celebra los DDHH. Foto: F. Ponzetto

Política

Conmemoran los 70 años de Declaración Universal de DDHH.

Cuando vieron los hornos crematorios, las barracas en que los prisioneros dormían sobre su orín, los tatuajes en el antebrazo, las montañas de dientes de oro y el alambrado electrificado, los soldados soviéticos supieron que la humanidad había tocado fondo. El hombre había ideado una maquinaria para exterminar al hombre. Eso era Auschwitz.

Por eso, tres años después de haberse acabado la Segunda Guerra Mundial, los países que integraban la novel Naciones Unidas declararon 30 derechos que se consideran básicos para la dignidad humana. Fue un día como el de ayer, hace 70 años, en París. Primero se le llamó Declaración Universal de Derechos del Hombre y luego, por eso de la paridad de género, se la modificó a "Humanos".

Siete décadas después, Uruguay "tiene uno de los marcos jurídicos más avanzados" en la materia, dijo Juan Faroppa, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Según él, ya no es necesario avanzar más en legislación, sino "en adaptar las prácticas". De hecho, el propio Estado tiene una cuenta pendiente, señaló, en que sus propios funcionarios se sensibilicen con los derechos humanos.

Pero para que no quede en un discurso obvio y vacío, Faroppa prefiere los ejemplos. "Falta efectivizar los derechos de las personas privadas de libertad, no solo los que están recluidos, sino también lo que hace a salud mental".

En eso coincidió Nelson Villarreal, secretario nacional de Derechos Humanos, quien también puso a la salud mental como el primer desafío que Uruguay tiene en la materia. En el país aún existen lugares dedicados a "aislar" a quien padece una enfermedad psiquiátrica, hecho que, según las sociedades médicas va contra la dignidad humana.

En seis años, en teoría, en Uruguay no debería quedar un solo "manicomio" ni colonia psiquiátrica. Así lo estableció la ley de Salud Mental que, según la sociedad civil organizada, carece del financiamiento suficiente para su implementación.

Con el cierre de los lugares de aislamiento se pondría fin a una práctica que en el país tiene al menos 138 años, cuando se fundó el Hospital Vilardebó, y que responde a la idea medieval de "separar la locura" del resto de la sociedad.

Pero los derechos humanos, dijo Faroppa, no son solo los actuales, también los del pasado. En eso enfatizó que la búsqueda de verdad y justicia por los desaparecidos de la dictadura "sigue siendo una cuenta pendiente de Uruguay".

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