ELECCIONES 2019

Retos en lo político y las medidas urgentes, los desafíos para el próximo gobierno

Nuevo gobierno buscará mejoras en seguridad, cambios en la educación e impulsar la inserción internacional.

Dividido: en el nuevo Parlamento ningún partido tendrá mayoría por sí solo; por eso se formó la coalición que apoyó a Lacalle Pou. Foto: archivo El País
Dividido: en el nuevo Parlamento ningún partido tendrá mayoría por sí solo; por eso se formó la coalición que apoyó a Lacalle Pou. Foto: archivo El País

El gobierno que comenzará en marzo enfrentará desafíos en áreas esenciales del país, que coinciden con los temas de mayor reclamo por parte de la ciudadanía. Mejorar los números de seguridad en el corto plazo, reformar la educación en un horizonte medio y re encausar la economía, serán algunas de las prioridades.

Estas mismas lo eran cuando Tabaré Vázquez asumió el gobierno en 2015. De hecho, el actual presidente comenzó el quinquenio con la promesa de reducir las rapiñas y lograr cambiar el “ADN de la educación”.

El agregado que tendrá el próximo gobierno es que deberá encarar estos y otros desafíos ya no con mayoría de votos en el Parlamento. Si se confirma el triunfo de la coalición opositora liderada por Luis Lacalle Pou, tendrá el reto político de alinear a cinco partidos políticos en el Legislativo.

La primera tarea, apenas asuma el nuevo Parlamento, será confirmar todos los votos para aprobar la ley de urgente consideración, que prometió redactar con cientos de medidas que pretende implementar antes de la ley de presupuesto, que debe ser enviada a mitad de 2020 y recién comienza a regir en enero de 2021.

Ese equilibrio de fuerzas y roles dentro de la coalición resulta más robusto con el Partido Colorado, donde el excandidato y senador electo Ernesto Talvi desde un principio anunció que apoyaría a Lacalle, y el otro líder colorado, Julio María Sanguinetti, comenzó a tejer un arco opositor hace más de un año. Por su lado, el Partido Independiente rompe una fugaz alianza con Fernando Amado y Esteban Valenti porque Pablo Mieres desde un principio se perfilaba para apoyar a Lacalle Pou en un balotaje.

Sin embargo, el Partido de la Gente y en especial Cabildo Abierto son actores que generan más incertidumbre, al ser agrupaciones nuevas surgidas a impulso de sus líderes y sin grandes estructuras políticas que lo respalden.

En el caso de que el Frente Amplio retenga el poder, enfrentará el desafío por un lado de conseguir los votos que le faltan para alcanzar la mayoría en ambas cámaras -tendrá 42 diputados y 13 senadores, a la espera de la vicepresidencia-, y por otro Daniel Martínez también deberá alinear a su tropa interna. Es que la repartición de fuerzas en el Legislativo dio mayor poder a los sectores más alejados del centro, como el MPP y el Partido Comunista.

Lacalle Pou junto a algunos integrantes de la "coalición multicolor". Foto: Gerardo Pérez
Lacalle Pou junto a algunos integrantes de la "coalición multicolor". Foto: Gerardo Pérez

Desde ambos bandos y en especial luego de la elección interna, pareció reconocerse que el principal tema a resolver es la inseguridad.

Esa visión ya dominante en la oposición, caló hondo en el Frente Amplio, en especial luego que la reforma “Vivir sin miedo” del senador Jorge Larrañaga estuviera cerca de llegar a la mitad de votos necesarios para su aprobación, y que recibiera la adhesión de frenteamplistas.

En la coalición multicolor se da la particularidad que los dos socios que se estrenan en el Parlamento han centrado gran parte de su discurso en aspectos de la seguridad.

Por un lado, Ernesto Novick se asesoró con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y puso a disposición de Lacalle Pou el plan elaborado, y Guido Manini Ríos ha repetido el latiguillo que a la delincuencia “se le terminó el recreo”.

Incluso en el documento de consenso entre los cinco partidos, “Compromiso por el país”, se incluyó la construcción de una cárcel para narcotraficantes, una propuesta de Manini. Además, hubo receptividad ante el pedido del Partido Colorado y el Partido Independiente de no incluir medidas que formaron parte del plebiscito “Vivir sin miedo”.

Daniel Martínez y Graciela Villar, este domingo en el acto en 18 de julio. Foto: Marcelo Bonjour
Daniel Martínez y Graciela Villar, este domingo en el acto en 18 de julio. Foto: Marcelo Bonjour

Algunas de las iniciativas que forman parte del documento son declarar la emergencia en seguridad, fortalecer las comisarías barriales y la policía de cercanía, así como “introducir la presunción simple de legítima defensa a favor” de los efectivos.

“Vamos a hacer cumplir la autoridad y ser justos, dando herramientas a los uruguayos”, expresó Lacalle Pou anoche en su mensaje luego de la elección.

Por el lado del Frente Amplio, el eventual ministro del Interior de Martínez, Gustavo Leal, anunció previo al balotaje que aumentará en 2.000 efectivos la Guardia Republicana y se instalarán bases de la fuerza de choque en cuatro capitales del interior y destacamentos en otros puntos del país -estos dos últimos puntos se repiten en el plan de la oposición-.

Otro tema vinculado a la seguridad en el que coinciden es en destinar mayores recursos para el combate a la violencia de género. Representantes mujeres de la coalición opositora firmaron un pacto que incluye incluir este tema dentro de la declaración de “emergencia en seguridad”, destinar más recursos y aumentar las oficinas especializadas, entre otros planteos.

En su plan de 15 medidas de seguridad, Martínez incluyó destinar más recursos para combatir la violencia doméstica, pasar de 700 a 1.500 tobilleras para la atención a las víctimas y llegar al final del período a 70 oficinas especializadas en todo el país.

Otros temas a atender por el futuro gobierno

Mayor inserción y el Mercosur

La profundización de la inserción internacional mediante la concreción de nuevos acuerdos comerciales es un objetivo común de los aspirantes al sillón presidencial. Uruguay paga mayores aranceles que sus competidores para ingresar a los principales mercados, salvo en el caso de los socios del Mercosur. Los candidatos han prometido una política exterior focalizada en lo comercial. Lacalle Pou puso énfasis en “abrirse al mundo”. Dentro de la política exterior, el futuro mandatario deberá decidir qué rol asume respecto al Mercosur. Analistas dijeron a El País que se puede prever una disputa entre Argentina y Brasil producto de las diferencias entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, un escenario que podría desencadenar en la tan ansiada flexibilización del bloque -permitiendo acuerdos individuales sin necesidad de consenso entre los socios- o en la salida de alguno de los socios principales. Además, en el siguiente período el Parlamento deberá ratificar el acuerdo con la UE.

Empleo, flexibilización y sindicatos

Las cámaras empresariales han liderado el reclamo de una flexibilización de la normativa laboral, aduciendo que la rigidez en esta materia impide la captación de inversión. El reclamo sería atendido por parte de Luis Lacalle Pou, aunque no se detalla en el documento de la coalición qué medidas se implementarán. Lo sabido es que se mantendrán los Consejos de Salarios, permitiendo acuerdos por rama o en función de la zona del país, y que se eliminará la ocupación de los lugares de trabajo como extensión del derecho a huelga. El Pit-Cnt ya anunció que se movilizará en contra de cualquier medida que entienda como un retroceso. En materia laboral, la promesa más grandilocuente de Daniel Martínez llegó en los últimos días, con la idea de crear 90.000 empleos tomando en cuenta los puestos que crearán las obras de UPM 2 y la ley de Participación Público-Privada (PPP), así como el impulso de áreas claves y la capacitación de miles de trabajadores.

Planes en educación y asuntos a negociar

La reforma educativa es un anhelo de cualquier gobierno electo. Aunque no tomarán los puntos más rupturistas, el proyecto de Eduy 21 -una iniciativa ciudadana que contó con técnicos e integrantes de todos los espectros políticos- sirvió de plataforma y ambos candidatos tomaron ideas para sus programas. La coalición multicolor toma medidas de Eduy 21 como crear direcciones ejecutivas dentro de cada órgano desconcentrado (Primaria, Secundaria, UTU y formación docente) que asuman un rol gerencial, y dar mayor independencia al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Aún queda resolver qué pasará con la representación docente en el Codicen -no hay acuerdo sobre si tendrán solo voz, o voz y voto. Otro plan de la coalición es fortalecer el rol del Ministerio y eliminar el requisito de tener 10 años de antigüedad en la ANEP para asumir en los desconcentrados. Por el lado del Frente Amplio, lo primordial a nivel educativo es continuar profundizando la descentralización, permitir mayor autonomía a los centros y completar el 6% del PIB de presupuesto.

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