RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Siete miembros de la comisión directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Fuerzas Armadas (Caofa) presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la ley Orgánica Militar, número 19.775, aprobada el 26 de julio pasado.

La norma fue aprobada únicamente con los votos del Frente Amplio. Incluye cambios en la forma en que se organizan los ascensos, permite el cierre de las cantinas militares y los liceos administrados por las Fuerzas Armadas.

Los firmantes del recurso son el presidente del Centro Militar y Caofa, coronel (r) Carlos Silva, y los directivos de la cooperativa coronel (r) Alfredo Garreta Márquez, coronel (r) Edgardo Julio Caetano, teniente coronel aviador (r) Jorge Gómez, teniente coronel aviador (r) Vladimir Tulei, coronel (r) Leonardo García Posas y capitán de navío (r) Julio César Dodino.

Uno de los aspectos que preocupa a los militares retirados es la “defensa de la forma de gobierno”. Primero recuerdan el artículo 1° de la Constitución de la República que “establece que la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio”.

Al respecto, advierten que “el marco normativo aprobado en el presente año, omite asignar a las Fuerzas Armadas la misión de la defensa de la Constitución, las Leyes y el Sistema de Gobierno Democrático Republicano”.

En esa línea, los firmantes expresan que “la no inclusión de este precepto histórico, anula en su accionar a la única institución apolítica que posee el país para cumplir esta tarea. En síntesis está en juego el Estado Nacional, en su concepto de Republicano Democrático, por encima de la seria implicancia que posee para las Fuerzas Armadas”.

La ley vigente habilita la reducción de oficiales y personal subalterno de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, los siete oficiales retirados recuerdan que desde el año 1830 la Constitución plantea que el país debe contar con las Fuerzas Armadas “necesarias”. Sobre ese punto señalan que “nunca se demostró mediante un estudio que realmente pudiera asociarse la cantidad de Oficiales regulada con las necesidades reales”.