CORONAVIRUS

El proyecto enviado al Parlamento para la creación del Fondo para combatir el Cornavirus incluyó entre los destinos del dinero solventar “la caída en la recaudación del BPS derivada de la reducción de actividad económica”. Este punto no se había manejado en el borrador manejado ayer por los partidos políticos.

En este sentido se estipuló que “el producido del impuesto” aplicado a las jubilaciones y pensiones “será destinado íntegramente al BPS”.

El proyecto de ley grava los ingresos correspondientes a jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad similares servidos por instituciones públicas y privadas, residentes en Uruguay, a partir de los $ 120.000 nominales.

¿Por qué sumar a los jubilados y pensionistas? El gobierno sostiene en su exposición de motivos que el "máximo órgano jurisdiccional sostiene, sin ambages, que ningún criterio de razonabilidad ni de justicia aconseja interpretar el artículo 67 de la Constitución en el sentido de que un sector privilegiado de ciudadanos, aquellos integrantes de la clase pasiva que perciben jubilaciones más altas, queden exentos de contribuir solidariamente en el caso con el sostenimiento de la salud pública y de la economía nacional".

El proyecto también abarca a los salarios públicos mayores a $ 120.000 nominales. En la exposición de motivos el gobierno argumenta además que “el alto costo que conlleva la instrumentación de las medidas adoptadas requiere de un gran esfuerzo de parte de toda la sociedad” y en ese sentido el sector privado “ha lo ha asumido” a través “de la reducción parcial de actividades y el envío al seguro por desempleo de una cantidad récord de trabajadores”.

En este sentido el proyecto sostiene que “frente a situaciones de emergencia nacional como la que actualmente padece el país, el funcionario público no corre el riesgo de ver afectada su seguridad laboral e ingresos. Tan es así, que su remuneración resulta indemne aun en caso de enfermedad o falta transitoria de trabajo” algo que “no es así en la actividad privada en donde los trabajadores enfrentan el riesgo permanente de ver afectados sus ingresos por razones de salud o disminución de su trabajo”.

El gobierno considera que el impuesto “cumple con los criterios de razonabilidad, finalidad legítima de la distinción y juicio de racionalidad en la elección del colectivo que grava ajustándose a lo requerido por la Constitución”.