EL FA VOTÓ DIVIDIDO

Con el voto contrario del senador Rafael Paternain (Casa Grande), se aprobó en comisión un proyecto de ley por el que se restringe el régimen de libertades vigiladas. La iniciativa del Poder Ejecutivo fue redactada por la comisión de seguimiento del Código del Proceso Penal (CPP).

El fiscal general Jorge Díaz consideró que con las modificaciones al régimen aumentará la población carcelaria.

En cuanto al sistema de libertades vigiladas se propone reducir el guarismo punitivo cuando corresponda la aplicación del régimen, y solamente aplicaría para las penas de hasta tres años, según explicó Díaz luego de la reunión de la comisión de Constitución y Legislación del Senado.

“Se mantiene que no es aplicable a los reincidentes, reiterantes o habituales y se excluyen una serie de delitos a los cuales no es aplicable el régimen de libertades vigiladas como rapiña, secuestro extorsión y algunos delitos vinculados a drogas y trata de personas. Se establecen limitaciones a las formalizaciones y se señala que la formalización posterior es un incumplimiento grave”, relató Díaz.

“En este momento hay unas 3.700 libertades vigiladas dispuestas y unas 2.000 en ejecución. Eso necesariamente va a implicar un aumento de la población carcelaria. Va a tener un efecto inmediato. Hoy hay más personas privadas de libertad que el 1° de noviembre de 2017 (cuando entró en vigencia el nuevo CPP). Y hoy el 75% de esas personas tiene sentencia ejecutoriada cuando a esa fecha era al revés, había 70% de personas sin condena. La lógica indica que van a aumentar”, dijo Díaz.

Según el fiscal general “no ha habido abusos ni irregularidades, pero entiendo que en algunos casos se concedieron libertades vigiladas que generaron alarma pública. A veces se cuestionan algunas decisiones fiscales porque no se tienen todos los elementos de juicio y por eso digo que lograr una sentencia de condena no es soplar y hacer botella. El fiscal tiene que tener una serie de elementos antes de decidir qué camino va a seguir”.

En consecuencia, el proyecto resultó aprobado por mayoría en la comisión y la próxima semana será llevado al plenario del Senado para su aprobación. Luego pasará a la Cámara de Representantes.

La comisión también votó ayer el proyecto, ya aprobado en Diputados, por el cual se establece la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales en la segunda vuelta electoral de 2019, y que los fija para la primera de 2024.