FONDOS

El fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fue uno de los compromisos de campaña de la actual coalición de gobierno. Estaba explicitado. En el segundo ítem del capítulo de ese documento -firmado en noviembre de 2019-, titulado “un Estado inteligente y transparente”, se afirmaba como objetivo “fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública, dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea”.

Sin embargo, el organismo que hoy es conducido por Susana Signorino -que representa a Cabildo Abierto- recién obtuvo un “módico” aumento de sus recursos que ya de por sí son escasos para cumplir sus funciones, como reconoció la jerarca en diálogo con El País.

El logro, reflejado en el texto final de la Rendición de Cuentas de 2020, aprobada ayer en la Cámara de Diputados -a donde retornó el proyecto luego de sufrir modificaciones en el Senado-, se obtuvo luego de más de un año de reclamo al sistema político. Pues en 2020 Signorino ya había pedido este aumento presupuestal, aunque en aquel momento casi sin suerte.

De acuerdo a la norma, que ahora será promulgada, la Jutep recibió dos partidas de refuerzos. Una de ellas es para la contratación de “profesionales y técnicos” por $ 500.000 anuales, y otra para “compensación especial por cumplir tareas específicas” para los casos de los pases en comisión, por un total de $ 520.000 anuales.

Son sumas que incluso por parte de senadores oficialistas fueron catalogadas como “irrisorias”, aunque no por eso se ha dejado de destacar que “por primera vez en muchos años la Jutep recibe ahora partidas extra para atender su cometido”, como lo aseguró a El País el senador blanco Gustavo Penadés.