Política

Reforma de UTE de 2013 costó US$ 60 millones anuales

El País informó ayer por error que eso refería a la nueva reestructura gerencial. La oposición cuestiona los cambios.

La oposición cree que la reestructura que se impulsa ahora es ilegal. Foto: Fernando Ponzetto
La oposición cree que la reestructura que se impulsa ahora es ilegal. Foto: F. Ponzetto

La oposición le advirtió al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, que la reestructura gerencial que impulsa y que crearía 22 puestos de gerentes "superiores" puede derivar en un fallo adverso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También sostiene que la reestructura no tiene respaldo jurídico y que se implementaría cuando aún no terminó la anterior denominada Bambú.

En la comisión de Industria de la Cámara de Senadores, Casaravilla le dijo la semana pasada al nacionalista Álvaro Delgado y al colorado José Amorín que la reestructura que impulsa reducirá costos, —aunque no precisó en cuánto— y que el proyecto Bambú sí está terminado.

Ese proyecto tuvo un costo de implementación de algo más de US$ 8 millones y derivó en un incremento en pago de salarios de unos US$ 60 millones anuales. Ese costo fue algo superior a lo inicialmente previsto, admitió Casaravilla. El País informó ayer por error que la reestructura gerencial en curso tenía un costo de US$ 60 millones anuales, pero ese valor correspondía al plan Bambú. "Tenemos más o menos US$ 350 millones anuales de rubro 0 y el costo de todo lo que supuso el proyecto Bambú, asociado con la mejora salarial, con el redimensionado y con todas las cosas que, en definitiva, se han gestionado, estaba previsto. Fue un poco más de lo previsto pero en definitiva, eso es parte de la casuística que se da en estos casos", señaló Casaravilla, según consta en la versión taquigráfica.

"Fueron US$ 4,8 millones —ya lo he referido, repito— en lo que es la consultoría de KPMG en su momento, y otro tanto —aunque un poco menos— en lo que fueron los salarios de la gente que estuvo trabajando durante ese tiempo y los fueros que tenían los integrantes del sindicato que participaron, porque esto fue una construcción colectiva", agregó. A esas cifras se suman los incrementos salariales. Casaravilla no quiso precisar el costo de la nueva reestructura que él impulsa aunque señaló que "cada vez que se dé un paso será para gastar menos plata y punto".

"Creo haber sido bastante claro en el sentido de que no estamos afectando a las personas que actualmente se desempeñan en los cargos. Se me ha preguntado a cuántos funcionarios afecta esto y, en principio, si pensamos en el concepto de que el cargo cesa al vacar, los que hoy son titulares del puesto no tendrán ningún problema. Claro que si el resto de los funcionarios de la organización mira hacia arriba y ve que hay menos puestos de alta gerencia, pensará que en un futuro tendrá menos posibilidades, pero hay que recordar que el principio dice que el puesto no se hace para la persona sino para cubrir la necesidad de la empresa", argumentó.

El presidente de UTE, explicó por qué no pidió un dictamen jurídico.

"El dictamen jurídico de la oficina letrada de UTE no lo puedo pedir, ya que cuando ocurrió lo de Bambú y en estos casos que tratamos ahora esa oficina pidió no participar. En todo caso, es por esa razón que he trabajado con diferentes organismos, entre otros, la Oficina Nacional del Servicio Civil", señaló.

Cuestionamientos.

Amorín recordó a El País que la reestructura denominada Bambú "cuesta US$ 60 millones por año y eso no había aparecido en ningún lado". "Es un disparate crear una reestructura y que el resultado sea un costo de US$ 60 millones por año más. Es una locura", insistió. Con respecto a la reestructura gerencial que ahora plantea Casaravilla, consideró que "es ilegal", aunque dijo que económicamente "no tiene una trascendencia importante". Para el nacionalista Delgado, la reforma Bambú costó US$ 60 millones más US$ 10 millones en consultoría. "En medio de esa reestructura crean 22 gerencias nuevas de alta dirección y las otras gerencias no se suprimen sino que cesarán al vacar", agregó. "Tengo la impresión de que algunos de esos cargos gerenciales serán cargos de confianza encubiertos, y que eso necesita de una ley", destacó Delgado.

Aclaración sobre el costo de los cambios

En su edición de ayer El País informó por error que la reestructura que actualmente impulsa el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, tendrá un costo de US$ 60 millones.

Ese es el costo que tuvo un proyecto anterior, el denominado Bambú. El País pide disculpas a los lectores y a Casaravilla por la equivocación.

El presidente de UTE acusó ayer a El País de construir "un relato mentiroso y tendencioso" y adelantó que responderá con "denuncias públicas".

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