VOTACIÓN DIVIDIDA

Cuatro partidos aprobaron los cambios pero la campaña puede demorar la sanción.

La siempre subyacente relación entre los tupamaros y los militares, afirmada durante la gestión de Eleuterio Fernández Huidobro en el ministerio de Defensa Nacional, fue vista como responsable de la tardía la reforma militar que ayer aprobó la Cámara de Representantes.

Finalmente cuatro de los seis partidos apoyaron el proyecto en general: el Frente Amplio, el Partido Independiente, Unidad Popular y el Partido de la Gente aportaron los 55 votos en 90, aunque después, en la discusión del articulado no se incluyó ninguna de sus propuestas de modificación y terminó primando el criterio de la bancada del Frente Amplio.

La Unidad Popular y el Partido Independiente reflejaron en forma crítica la vinculación del exministro, uno de los históricos del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) con los uniformados, y dijeron que tuvo que llegar un séptimo gobierno desde la recuperación de la democracia para impulsar esta reforma. Los blancos y los colorados se quejaron además de no haber sido atendidos en sus planteos y no alzaron sus manos.

Los militares no están de acuerdo con el contenido de la reforma, y mientras Fernández Huidobro estuvo al frente de Defensa tampoco la quiso.

El proyecto de ley pasó al Senado que deberá reunirse para darle ingreso. Fuentes del oficialismo indicaron a El País que es difícil que la reforma se sancione en el mes de junio debido a la campaña política. Es más, las sesiones del Senado podrían suspenderse durante todo el mes para facilitar la actividad proselitista.

En la discusión, el diputado frenteamplista Carlos Rodríguez informó que hubo 39 cambios a los 172 artículos que presentó el Poder Ejecutivo al Parlamento.

En tanto, el diputado independiente Guillermo Facello afirmó que en la reforma “hay animosidad contra las Fuerzas Armadas” y que “la mayoría del proyecto no tiene que ver con una ley orgánica militar”. Según el legislador la rebaja de oficiales en el Ejército se hace “sin ningún estudio”.

El nacionalista Gustavo Penadés afirmó que el año electoral “no es el tiempo de reformar” una estructura semejante, y que se hace “de atrás para adelante” porque no se ha definido aún el rol de las Fuerzas Armadas. Y dijo que la reducción de oficiales superiores y generales va a afectar las finanzas del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Según Penadés, la reducción de la cantidad de generales “es una penitencia” que “no responde a nada técnico”.

El diputado colorado Tabaré Viera afirmó que los cambios que hizo la bancada del Frente “deterioraron el proyecto” y que una reforma así no tiene respaldo en una política de Estado. “Reducimos las Fuerzas Armadas sin saber para qué las queremos”, resumió.

“Este proyecto tiene aciertos y errores. Un tema de estos tiene que ser abordado en el primer año de un gobierno y este partido lleva quince años. En 34 años la única determinación que ha tomado el sistema político ha sido reducir el personal de tropa. El personal de tropa es la política social más grande que tiene este país”, sostuvo luego el diputado Iván Posada.

Eduardo Rubio (UP) coincidió en que la reforma “llega tarde” y que “en los gobiernos del Frente ha habido una voluntad de continuidad de la estructura de las Fuerzas Armadas”.

“A los que preguntan ¿dónde está la oposición en los temas institucionales? Acá estamos y estaremos como siempre, comprometidos y dando la cara”, sostuvo el diputado nacionalista Aníbal Abreu.

“Nuestro esfuerzo es para tener representación comprometida con las institución militar en el partido que va a ser gobierno Nosotros estamos acá como siempre, se trata de un desafío país y no de proyectos personales”, añadió.

En tanto, el diputado oficialista Jorge Pozzi dijo que hoy en día hay un coronel cada 1.214 hombres. “No creo que el Ejército no va a poder cumplir las misiones”, estimó.

La reforma promovida por el Poder Ejecutivo y modificada en el Parlamento por la bancada del Frente Amplio plantea una fuerte reducción de los oficiales superiores del Ejército, llevando la cantidad de coroneles de 198 a 130, y abatiendo el número de generales de 16 a 12. Una de las claves conceptuales -y que en el proyecto se establece a texto expreso- es el fin de la llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional". Asimismo se termina con la existencia de órganos como la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, de preponderante funcionamiento durante la última dictadura. La iniciativa echa por tierra el concepto de obediencia debida en el caso de los derechos humanos, al señalar que ningún militar "debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales". Y añade que lo contrario "determinará la directa responsabilidad del militar, el que no podrá ampararse en el cumplimiento de órdenes superiores". A la vez, señala que "impartir órdenes contrarias a lo dispuesto, será considerado falta muy grave". Fuentes del oficialismo explicaron a El País que la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas busca hacer saber a los uniformados que son funcionarios públicos y no una especie diferente de trabajadores, y que no deben tener status especial.