Una relación de desconfianza

La resolución tomó por sorpresa a los altos cargos y a mandos medios.

Una sorpresiva reestructura definida por el directorio de UTE —que crea 22 cargos gerenciales rotativos— a poco más de un año de las elecciones generó fuerte malestar en el cuerpo de gerentes del ente.

La resolución número 2487/18 fue aprobada el jueves 20 a impulso del presidente de UTE Gonzalo Casaravilla y contó con el aval de otros dos directores oficialistas. Sin embargo, y según supo El País, no fue acompañada por el colorado José Amy ni por Cristina Arca, directora allegada a Asamblea Uruguay, sector del ministro de Economía Danilo Astori.

Casaravilla llegó el martes de su licencia en el exterior, el miércoles reunió a los gerentes y el jueves tomó la resolución que generó más incertidumbres que certezas. El presidente del ente había realizado un intento de reestructura previo entre febrero y marzo de este año, pero en esa oportunidad no consiguió los votos en el directorio.

La resolución se adoptó a poco más de un año de las elecciones. Según el artículo 229 de la Constitución, los entes y servicios descentralizados no podrán aprobar presupuestos o crear cargos, en los doce meses anteriores a la fecha de los comicios nacionales.

A nivel de los funcionarios de UTE no hay información de cómo la creación de 22 nuevos puestos afectará a los cerca de 30 cargos de alta gerencia que tiene hoy el ente. Concretamente, los actuales gerentes no tienen claro si serán reemplazados o traslados en sus tareas.

Según fuentes gerenciales consultadas por El País, el objetivo de esta reestructura "sería promover cargos de primer nivel como cargos de confianza de carácter político", por lo que temen una "politización" a nivel de la estructura. La medida dispuesta es resistida por los altos funcionarios, que advierten que se estaría afectando la carrera funcional.

Consultado sobre la resolución, el presidente de la Asociación de Profesionales y mandos medios de UTE (Aprom) José Pena dijo a El País que "no hay nada resuelto" acerca de si los gerentes actuales seguirán en sus cargos. Según dijo, estos cambios generan "una cascada" por lo que hay expectativa entre los mandos medios de UTE con respecto a qué pueda suceder.

Al momento no está claro cómo se aplicará la reestructura, pero será de carácter rotativo, lo cual genera muchas dudas a nivel de las gerencias por la especificidad que representa cada una de las tareas de dirección que realizan.

La decisión no fue consultada con el sindicato de mandos medios y se fundamenta —según la resolución a la que accedió El País— en "los cambios que se están produciendo en el entorno competitivo", los cuales se indica son "generadores de la necesidad de un cambio en la orientación estratégica de la empresa para abordar los retos del sector eléctrico".

Según el texto de la resolución, los cambios obedecen a la intención de crear una "estructura flexible" que favorezca "la movilidad horizontal y diagonal del talento a través de la utilización del concepto de cargo genérico de gerente".

Asimismo, se sostiene que está dentro de las atribuciones del directorio modificar la estructura organizativa del ente, de acuerdo a la ley orgánica. En tanto, la resolución asegura que se respeta la carrera funcional, en el entendido de que a los gerentes se los designaría "por procedimientos competitivos".

Fuentes gerenciales dijeron a El País que se está estudiando la resolución para recurrirla ante el mismo directorio del ente y luego ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

En 2013, Casaravilla promovió frente al Poder Ejecutivo el decreto 63/013, que convertía los puestos gerenciales de UTE en cargos de particular confianza, lo cual fue recurrido por cientos de funcionarios y terminó con la anulación parcial por parte del TCA. A pesar del fallo adverso, fuentes gerenciales indicaron que el directorio de UTE, "ha incumplido con la sentencia y no ha llamado a concurso".

A nivel de las gerencias, se teme que esta reestructura impulsada por Casaravilla se termine pareciendo a la realizada en Ancap en el año 2008, cuando se dispuso la creación de un "comité de dirección". Ese ámbito estaba integrado por el presidente del directorio de Ancap y los gerentes de Negocios Energéticos, Negocios Diversificados, Servicios Compartidos, Desarrollo Corporativo y Planificación Estratégica. Funcionaba como un organismo que tenía la responsabilidad colectiva de decidir sobre las cuestiones más trascendentes vinculadas a los negocios y servicios. Estos cambios fueron anulados por el presidente Tabaré Vázquez, después de la remoción del expresidente del ente José Coya.

Esta no es la primera reestructura que se hace en UTE: en el año 2013, se puso en marcha el proceso de cambio organizativo llamado "Bambú", que se encontró con fuertes resistencias sindicales.

Dicho proceso tuvo un costo del orden de unos US$ 10 millones por gastos en consultorías y su implementación llevó un período de cinco años. "Recién se hizo una reestructura consensuada con la alta gerencia, nosotros como mandos medios no participamos, pero la alta gerencia sí. No estoy en el pellejo de ellos, pero si trato de hacerlo hoy se echa todo por tierra sin buscar un consenso con las gerencias", dijo a El País el presidente de Aprom.

Pena señaló que si se mira desde este punto de vista "hay una especie de falta de lealtad del presidente Casaravilla hacia la alta gerencia porque la embarcó en una primera reestructura y ahora pasa esto. No quiero pensar que se trata de una maniobra, pero se puede pensar, es muy raro".

El País intentó comunicarse con Casaravilla para consultarlo sobre la reestructura, pero su celular se encontraba apagado. A pesar de múltiples intentos por ubicar a los directores Arca y Amy, tampoco se pudo establecer comunicación con ellos.

La Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Aprom) sigue con atención y crítica la reestructura definida por el directorio el jueves 20. El presidente del sindicato, José Pena, dijo a El País que la primera objeción es que no fueron consultados respecto del cambio. "No tuvimos ningún tipo de participación del asunto. Hay un tema de principios que es que se nos ha marginado totalmente", contó. Según dijo, esto pasa por alto la ley de negociación colectiva.

"Entrando un poco más a la resolución en sí, entendemos que es una operación muy arriesgada porque prescinde totalmente de los funcionarios de UTE, inclusive de los de jerarquía. Es una decisión que toma el presidente casi en solitario o con un equipo mínimo de confianza", afirmó Pena en referencia al titular del ente, Gonzalo Casaravilla.

Desde su punto de vista, el hecho de no haber dado participación a los funcionarios en estos cambios "implica riesgos muy importantes porque no tiene el consenso de nadie y a muchos nos tomó por sorpresa". "Puede salir bien la jugada, como puede salir mal, porque se ha ignorado totalmente la estructura de la empresa", opinó.

En ese marco, señaló que no se consultó ni a Jurídica ni a las áreas operativas o las vinculadas a los servicios del ente. Por lo que consideró que "en definitiva, la empresa está en un estado de shock en este momento". Pena dijo que UTE tiene una gestión exitosa y "se remueve algo que está funcionando". Así fue que concluyó: "Se hace una apuesta por algo que es un salto al vacío".

Pena dijo que toda esta reestructura genera implicancias en lo que es la motivación del personal. "Estamos hablando de personas, no son casilleros que se están moviendo", argumentó el titular de Aprom.