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Reclusas extranjeras podrían cumplir la pena en sus países

Organización civil objeta proyecto para sistema penitenciario.

Cárceles: la situación es compleja y más para las mujeres. Foto: F. Ponzetto
Cárceles: la situación es compleja y más para las mujeres. Foto: F. Ponzetto

La denominada Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad concurrió a la comisión de Constitución y Códigos de Diputados para pronunciarse sobre el proyecto de ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional, que está a estudio de la comisión.

En ese ámbito la delegación de la Mesa de Trabajo hizo numerosas consideraciones críticas respecto al contenido del proyecto de ley. Así, Margarita Hermida, experta en el tema, consideró que “uno de los problemas mayores que presenta la población migrante en cárceles es la soledad absoluta en la que se encuentran”.

Y en ese marco añadió que “en el caso específico de las mujeres, muchas son madres con hijos en su país de origen. En este sentido, sería recomendable considerar la posibilidad de que pudieran cumplir su condena en el país de origen, siempre y cuando ellas así lo solicitaran, así como que se habilitara inmediatamente su retorno cuando accedieran a la libertad anticipada o prisión domiciliaria”.

Los legisladores tomaron nota de esta y otras propuestas, pero no se pronunciaron.

Hermida prestó servicios en el sistema penitenciario como directora y coordinadora. Desde que pasó a situación de retiro forma parte de la sociedad civil Rotary, que es una organización internacional que está apoyando al sistema penitenciario desde hace más de seis años, contó en la comisión.

Seguridad social. 

“Vemos asimismo con preocupación el hecho de que el proyecto establezca explícitamente que las actividades laborales dentro de prisión no estarán reguladas por el régimen laboral del derecho común”, añadió Hermida.
“No están previstos en el proyecto aspectos vinculados a la seguridad social laboral como jubilaciones, licencias por maternidad, asignaciones familiares, regulación de las remuneraciones”, prosiguió.

Asimismo, sostuvo que “el proyecto instituye de forma excesivamente vaga la responsabilidad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la educación de las personas privadas de libertad”.

El artículo 70 del proyecto de ley especifica que la educación no puede ser limitada por motivos injustificados, pero la Mesa considera “que es necesario especificar que no serán justificados los motivos relativos a las medidas disciplinarias”.

“Creemos que es fundamental que las actividades laborales y educativas no puedan ser condicionadas por sanciones, ya que constituyen un derecho de las personas que no debería ser suspendido por la privación de libertad”, agregó.

Además pidieron que el Estado brinde “un sistema de cuidados para los niños y niñas en la unidad, y también garantizar su traslado cuando asistan a centros de primera infancia”.

Otro de los reclamos tuvo que ver con que “un establecimiento que aloje a niños y niñas deberá trascender aquellos aspectos que identifican al centro como una unidad penitenciaria -tratamiento interno, formas de comunicarse, organización de la vida cotidiana-, que sea un establecimiento relativamente pequeño como para 30 niños y niñas, y ser lo más similar a un hogar”.

Señaló la Mesa la necesidad de “habilitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para aquellas que están en situación de encierro”. Y en el caso de “las mujeres migrantes que caen presas al ingresar al país, muchas están embarazadas y no pueden acceder a un aborto por los requisitos impuestos a las mujeres migrantes en la ley Nº 18.987”.

La comisión de Diputados continuará recibiendo a delegaciones involucradas en el tema del sistema penitenciario, según adelantaron los legisladores.

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