CERTIFICACIONES MÉDICAS

Luego de que Primaria y la Oficina de Servicio Civil (ONSC) manejaran públicamente diferentes cifras de docentes que no van a trabajar, el director de la ONSC, Conrado Ramos, "lamentó" el error en los datos divulgados en primera instancia y dijo a El Observador que los mismos fueron "proporcionados por Primaria".

El pasado martes Ramos señaló en "Así nos va" (radio Carve) que se detectó que hay "más de 2.000 docentes que la mayoría de ellos hace años que no va a trabajar por ineptitud fisica" y continúan cobrando sueldos. Un día después y en la misma emisora, la directora general de Primaria Graciela Fabeyro respondió: "En este momento, las certificaciones que tenemos con más de 90 días es alrededor de 344 docentes y 302 no docentes".

Tras este cruce, el jueves en la tarde Ramos recibió a una delegación de la Asociación de Maestros de Montevideo (ADEMU). Daysi Iglesias, secretaria general de ADEMU, se refirió a esta reunión en rueda de prensa: "Ni siquiera está confirmado que haya personas que estén años en esta situación, porque el último documento de Primaria habla de 90 días y no discrimina a qué tipo de licencia está haciendo referencia y en ese caso estaría hablando de 300 personas. A todos nos interesaría saber si en esas 300 personas están las embarazadas"

"Habrá funcionarias que estén en algún tipo de tratamiento tal vez prolongado y que tenga que ver con enfermedades muy dolorosas, pero ninguna se prorroga en Primaria por más de seis meses sin que pase a la junta médica que estudia su caso", agregó.

Este viernes a la mañana Ramos fue a "Desayunos informales" (Canal 12) y expresó: "En una primera instancia nos llaman a la ONSC desde la secretaría general de Primaria y nos expresan la preocupación por cerca de 2.000 que no es que no iban a trabajar, estaban certificados".

Ramos dijo que "las cifras que se han otorgado ahora no aclaran muy bien" y que es necesario que exista "un inventario de esas situaciones en el Estado".

Además, aclaró: "Me interesa señalar que esto se interpretó políticamente, como que había un desprestigio al cuerpo docente. Yo soy docente y lo he sido toda mi vida. Si hay algo que no está en nuestra intención es desprestigiar al cuerpo docente. Esto lo quiero decir con muchísima claridad. Sí es mi obligación investigar estas cosas".

"Hay un problema cuando una persona es declarada con incapacidad por su organismo y esa no es reconocida en totalidad por el BPS y ahí ocurre un limbo: se la puede redistribuir a un lado pero en otros casos no (...) Quizás exista un problema de estos limbos de cuánta gente puede haber. No hubo en ningún momento intencionalidad de desprestigio. Es nuestra obligación aportar cifras. La construcción del dato es necesaria", finalizó.