LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN

En octubre de 2014, en el tramo final de la campaña que lo llevaría por segunda vez a la Presidencia, el entonces candidato Tabaré Vázquez jugó fuerte. En una carta pública se comprometió a reducir en cinco años los hurtos y las rapiñas “en un mínimo de un 30%”, y a llevar la reincidencia de los presos a los niveles de los países de la Unión Europea. “Y vamos a cumplir”, afirmó.

“Seremos muy duros con el delito y con la reincidencia, pero más duros todavía con las causas sociales y culturales del delito”, sostuvo Vázquez, quien pidió el voto para “eliminar totalmente la superpoblación carcelaria” y combatir la venta de droga que estaba modificando la realidad social del país.

“¿Por qué podemos asumir ahora compromisos en materia de seguridad? Primero, porque aprendimos. Claro, aprendimos de los aciertos y de los errores. Porque estudiamos el tema y consultamos a los que saben más que nosotros en varios países y construimos nuestra propia política de seguridad. Segundo, porque hoy tenemos una situación totalmente diferente al desastre que nos dejaron en aquel año de 2004”, explicó Vázquez en un spot.

Las urnas le dieron a Váz-quez el segundo mandato que buscaba. Y, con ello, la oportunidad de hacer lo que con tanta convicción había prometido en campaña.

Cinco años después, aquellas promesas suenan dolorosamente huecas. El gobierno de Vázquez no solo no pudo abatir los hurtos y las rapiñas en un 30%, sino que los delitos violentos crecieron exponencialmente y alcanzaron registros nunca antes conocidos. De acuerdo a los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad que publicó días atrás el propio Ministerio del Interior, las rapiñas denunciadas aumentaron un 53,3% durante el gobierno de Vázquez. ¿Se entiende? No solo no bajaron 30%, sino que aumentaron un 53,3%. ¿Fuerte, no?

¿Y los hurtos? ¿Bajaron un 30%? No. Aumentaron un 32,5%.

De eliminar la superpoblación carcelaria ni hablemos. Los centros de detención que entrega Vázquez son lugares donde se violan a diario los derechos humanos, se delinque más que en la calle y rehabilitarse es una utopía. De los niveles de reincidencia de la Unión Europea, ni hablemos.

Los homicidios no se quedaron atrás. En los cinco años del gobierno que se va aumentaron un 46%. Y en 2018 y 2019 se registró el mayor número de crímenes en la historia del país.

El Uruguay que Vázquez le deja a Lacalle Pou es significativamente más violento que el que recibió. Y los uruguayos se sienten hoy notoriamente más inseguros que hace cinco años. ¿Qué pasó? ¿Fue impericia? ¿Quisieron hacer y no supieron cómo? ¿O hubo falta de decisión política y voluntad de hacer lo que hay que hacer para devolver la tranquilidad perdida?

Como sea, el gobierno que asumirá el domingo tendrá la enorme responsabilidad de mostrar que, de nuevo, se ejerce la autoridad y se hace cumplir la ley. Cuando lo haga, habrá -como siempre- quienes pongan el grito en el cielo. Habrá que recordarles que, gracias a lo que prometieron y jamás cumplieron, estamos como estamos.

[email protected]