CONFLICTO POR ACUERDO CON TCP

El Frente Amplio comunicó que piensa interpelar al ministro de Transporte, José Luis Falero, por las negociaciones que el Poder Ejecutivo concretó con la empresa Katoen Natie - Terminal Cuenca del Plata (TCP).

El gobierno de Luis Lacalle Pou se trazó como una de sus metas negociar con TCP para evitar un juicio millonario contra el Estado uruguayo estimado en US$ 1.500 millones, por supuestos incumplimientos denunciados por la empresa.

En esa línea y luego de casi un año de intercambios con la firma, se acordó echar por tierra la demanda empresarial a cambio de una extensión por 50 años de la concesión de la TCP, donde la empresa portuaria, a su vez, destinará US$ 450 millones en inversiones en cinco años.

El objetivo de la terminal especializada en contenedores es extender la plataforma y construir nueva infraestructura para mejorar la competencia con Buenos Aires y Brasil. Sin embargo, las reservas que hubo en cuanto a las negociaciones generaron malestar en la oposición, y también en la interna de la coalición del gobierno.

En la oposición, el Frente Amplio sostiene que el acuerdo logrado por el mandato del blanco Lacalle Pou es perjudicial para Uruguay. “Estamos previendo la necesidad de una interpelación. Que es una interpelación a la política, porque el ministro (que decidió esto) no está más, pero las políticas sí, están y siguen”, dijo el senador Eduardo Bonomi ayer al programa radial Primera Mañana de El Espectador. El dirigente del MPP hizo así referencia a que quien comandó las negociaciones fue Luis Alberto Heber, que tras la muerte de Jorge Larrañaga pasó al Ministerio del Interior.

El senador Mario Bergara se manifestó en la misma línea. “El gobierno acaba de entregar el negocio sustancial del puerto a una empresa belga por 60 años: hasta el año 2081 y con graves consecuencias en lo económico y social. No recibimos la información mínima que nos dé la tranquilidad sobre las bases jurídicas y económicas de este proceso”, precisó en una declaración que hizo circular por los medios.

El frenteamplista sostuvo que el oficialismo no dio a conocer los elementos centrales de las negociaciones. “La sociedad no merece este tratamiento de un tema tan relevante. El gobierno tiene la obligación y el interés de mostrar que actuó en base al marco legal, de forma responsable y sin abusos”, agregó Bergara justificando la interpelación que el FA está ideando.

El senador de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta dijo a El País que la coalición de izquierda no entiende las razones de la extensión del contrato. “Creemos que se violan por lo menos cuatro normas legales, empezando por la ley de puertos promulgada por el propio presidente nacionalista (Luis Alberto) Lacalle Herrera. Por otra parte, establece un mecanismo por el cual el puerto de Montevideova a quedar en una situación de monopolio, cosa que está extremadamente prohibido por ley”, relató el legislador.

Brenta comentó que la bancada opositora está analizado el tema porque entienden que la situación “va a perjudicar a los sectores exportadores y a las empresas navieras”.

“En el actual contrato si los belgas no llegan a un determinado tope durante tres años consecutivos caduca la concesión. Todo indica que este es el tercer año que no llegarían al mínimo de contenedores manejados, por lo cual estaría abierta la posibilidad de que esta cayera. Justo en el momento en que el Estado está en la mejor condición para negociar, no se entiende el argumento por la cual se otorga una concesión de este tipo”, comentó el senador.

Por otro lado, el Partido Colorado no tiene representación jerárquica en el Ministerio de Transporte ni en la Administración Nacional de Puertos, por lo que sus integrantes se enteraron del acuerdo el 2 de marzo de 2021 cuando el presidente lo anunció en el Parlamento. Eso les molestó e iniciaron contactos con el Ejecutivo.

Esta discrepancia fue transmitida de manera directa a Lacalle Pou. A comienzos de marzo, además, iniciaron contactos con el entonces ministro de Transporte, Heber para buscar zanjar algunas diferencias que los colorados tienen en cuanto al acuerdo.

La semana pasada, en tanto, una delegación colorada integrada por los legisladores Ope Pasquet y Tabaré Viera se reunió con el ministro interino de Transporte, Juan José Olaizola, a quien le manifestaron la necesidad de darle solidez al acuerdo con un proyecto de ley. En ese sentido, una de las alternativas es crear un ente regulador de los servicios portuarios, similar a lo que ocurre con la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) o la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec).