Auxilio económico

Hasta la primera mitad de este año el Parlamento aprobó 65 desde 2005.

El seguro de paro es una prestación regulada por la ley 18.399, sancionada el 22 de octubre de 2008, que apunta a dar un auxilio económico a los trabajadores que pierden su empleo durante seis meses. Sin embargo, en los hechos la forma en que funciona ha otorgado en los últimos años una cobertura bastante más prolongada en el tiempo a asalariados de empresas determinadas.

Ocurre que el artículo 10 de la ley mencionada faculta al Poder Ejecutivo a establecer, por razones de interés general y por un plazo de no más de un año un régimen de subsidio “para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas” o a prorrogar “por idénticas razones y plazo” las prestaciones de carácter general.

Para estos casos el monto del subsidio no podrá pasar del 80% del promedio mensual de las remuneraciones de los seis meses previos al despido. Pero esto no es todo porque puede haber más prorrogas siempre que tengan aprobación parlamentaria y, de hecho, desde 2005 de acuerdo con datos a los que accedió El País hasta fines del primer semestre del año, se votaron al menos 65 leyes con ese fin. En estos casos, además, la determinación del monto del subsidio queda sujeto a reglamentación por lo que puede variar.

A todas estas dos prórrogas se suma que el mes pasado el Parlamento aprobó una extensíón hasta el 31 de diciembre de 2019 a contar del momento en que venza el actual subsidio del seguro de paro de los trabajadores de las empresas lácteas Pili (Paysandú) y Coleme (Cerro Largo).

Algunos casos son llamativos. A los trabajadores de la ex fábrica de cerámicas “Metzen & Sena” se les prorrogó el subsidio, en todos los casos por 180 días, en diciembre de 2010, diciembre de 2012, junio de 2013 y abril de 2018. A los del fallido emprendimiento minero Aratirí se les extendió la prestación por 180 días en diciembre de 2012, por un año en julio de 2013, por otro año en julio de 2014 y por 90 días en abril de 2016.

A los trabajadores de la financiera Riloman, afectada por la crisis financiera de 2002, se les aprobaron prórrogas en diciembre de 2006, agosto de 2007, febrero de 2008, agosto de 2008 y diciembre de 2008 en todos los casos por 180 días. En el caso de la Cooperativa Industrial Maragata hubo extensiones, siempre por 180 días, en noviembre de 2011, marzo de 2012, noviembre de 2012, junio de 2013 y diciembre de ese mismo año.

El diputado nacionalista Pablo Abdala reconoce que ha votado sin excepciones las sucesivas extensiones pero entiende que se debe rediscutir el marco legal porque en los hechos “se ha creado un seguro de paro paralelo” que “no deja de discriminar a algunos en beneficio de otros”. El parlamentario reconoce que muchas veces se votan las extensiones sin un debido conocimiento del caso y considera que es necesario que haya “un análisis serio y responsable”.

“Esto da poder a los sindicatos cuando en realidad los derechos de los trabajadores son individuales. La reglamentación no pasa por el Parlamento y, en muchos casos, no se logra salvar la unidad productiva”, señaló Abdala. Eso ocurrió, por ejemplo, con la desaparecida aerolínea Pluna cuyos trabajadores se beneficiaron de extensiones en diciembre de 2012, mayo de 2014 y diciembre de ese año.