DISCUSIÓN EN EL PARLAMENTO

Controlar las cuentas de los partidos políticos es algo que está en el debe del sistema. Crear una especie de “pequeña DGI”, ya sea dentro o fuera de la Corte Electoral, para fiscalizar los ingresos y egresos de las campañas electorales, es un punto que se analiza incluir dentro de la nueva ley de financiamiento.

La comisión especial que analiza el tema -a partir de un proyecto de ley redactado por el Frente Amplio en la legislatura pasada- reinició su tarea el pasado jueves, cuando recibió al profesor en Ciencia Política Adolfo Garcé.

El ámbito legislativo había fijado inicialmente como plazo para presentar una iniciativa los seis meses, que vencían los primeros días de enero. Sin embargo, se votó una extensión hasta el 30 de junio.

Uno de los temas más polémicos de la nueva ley supone el tipo de diseño institucional que se piensa construir para controlar las cuentas de los partidos. Se han manejado distintas alternativas. Por ejemplo, proponer al Tribunal de Cuentas que se ocupe de hacer este contralor. O incluso crear una nueva oficina que se encargue de la tarea, al estilo de la Dirección General Impositiva, lo cual fue propuesto por el politólogo Daniel Chasquetti en diciembre.

En su comparecencia a la comisión, Garcé opinó que el Tribunal de Cuentas “es una institución honorable y seguramente potente desde el punto de vista técnico”, pero afirmó que ante la opinión pública está instalada la idea de que el sistema político “tiende a ignorar sus recomendaciones”.

“Se vive diciendo que el Tribunal de Cuentas observa y que los gobernantes después reiteran el gasto. Es decir, no parece que frente a la opinión pública el Tribunal de Cuentas tenga toda la autoridad que debería para controlar algo tan importante como las cuentas de los partidos”, opinó, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

De acuerdo con el profesor de la Universidad de la República, dar esta nueva atribución al Tribunal de Cuentas tal vez sea “mal visto” por la opinión pública, o sea leído como “otra vez los políticos están haciendo trampa, entre comillas”. Para Garcé, la “solución ideal” podría ser la planteada por el politólogo Chasquetti: la de la “pequeña DGI”. “Es la solución ideal. ¡Y sí! ¡Claro! Todos sabemos que la DGI hoy por hoy es un aparato muy potente que controla, que hace muy bien su tarea”, señaló.

Si bien es de la idea de crear “una DGI”, admitió sus dudas con respecto a que se pueda hacer en este momento, ya que supone “energía y dinero”. En ese marco planteó una “solución intermedia”, que pasaría por desarrollar dentro de la Corte Electoral “una oficina técnica potente”. Propuso “invertir fuertemente” en ése ámbito, que cuenta con ministros que tienen “el apoyo y legitimidad de todo el sistema político”. “Me parece que hoy esta solución es mucho más viable política y también técnicamente”, indicó. Agregó que a futuro se debería “autonomizar completamente” el control a las finanzas de los partidos.

El presidente de la Comisión de Financiamiento de los partidos políticos, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, dijo a El País que la creación de una especie de DGI para el contralor de las finanzas “es una posibilidad” a incluir en la norma que está a estudio del Parlamento. El planteo no estaba en la propuesta original del Frente Amplio.

Adolfo Garcé: evitar publicidad partidaria en entes

En el marco del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos está sobre la mesa la limitación de las donaciones a las campañas electorales de las personas jurídicas, es decir empresas.

El profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, Adolfo Garcé, dijo en el Parlamento que “en el plano de lo ideal” está de acuerdo con la iniciativa, pero manifestó sus dudas respecto a si es el momento de adoptar esta resolución. “¿Cómo evitamos que existan trampas con los controles existentes, que se vienen desarrollando pero que todavía no tienen la potencia que deberían tener y que algún día tendrán?”, preguntó.

En ese marco, Garcé opinó que en este momento -dado que no se puede impedir que haya donaciones de empresas “que entren por vías no controladas”- es preferible autorizarlas. Con respecto a la prohibición de las donaciones anónimas, planteada en el proyecto, señaló que se puede intentar poner en práctica en nombre de una mayor transparencia.

En tanto, con respecto a la publicidad estatal, Garcé se inclina por una “estricta limitación”. Si bien se la prohibe durante los períodos electorales, afirmó que “habría que discutir mucho más a fondo cómo evitar que la publicidad de los entes sea propaganda electoral encubierta”.

Desde su punto de vista, la forma en la que se ha manejado este tema a lo largo de los años es una especie de “piedra con la que tropieza sistemáticamente la democracia uruguaya”. En ese sentido, dijo que la Corte debería poder recibir denuncias de abusos.