UN PROYECTO DE LEY POLÉMICO

Federación Rural dice que puede “blanquear carne de la faena clandestina”.

A pesar del año electoral, la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado intenta avanzar por estos días en la aprobación de un proyecto de ley que habilita a las carnicerías del interior del país a elaborar y vender productos cárnicos embutidos artesanales. Se trata de un viejo reclamo de los carniceros del interior para intentar legalizar una producción artesanal que en muchos casos ocurre en los hechos.

Algunas trabajan en forma ilegal y el proyecto pretende regularizar la situación. Pero la iniciativa ha recogido algunos reparos durante su tratamiento en la comisión de Ganadería, que tomó el proyecto que se aprobó el año pasado en la Cámara de Representantes. Además, está a estudio otro proyecto que remitió el Poder Ejecutivo con algunas modificaciones y uno del senador frenteamplista Daniel Garín.

Hace algunos días concurrió a la comisión una delegación de la Federación Rural. Guillermo Vila y Emilio Mangarelli, quienes además son representantes de la gremial en el Instituto Nacional de Carnes (INAC), explicaron a los senadores que si la ley se vota así como está no se solucionarán los problemas. “No quiero faltar el respeto diciendo que le falta algo, pero creemos que quedaría renga”, indicó Mangarelli.

Su compañero explicó que les parece “correcto” que se regularice el tema pero apuntó que el problema es que, si se sigue sin poder controlar la situación, “el espíritu que se busca quedaría sin sentido”. En todo el interior la habilitación de las carnicerías está a cargo de las intendencias, mientras que el INAC visita y controla los locales. En cuanto a los embutidos, el INAC puede decomisar la mercadería o inhabilitar un área de la carnicería, pero no puede decretar el cierre. Eso es potestad de las intendencias.

“A nosotros como productores nos preocupa que esa herramienta, que es muy buena, pueda utilizarse -como está ocurriendo- para blanquear carne que proviene de la faena clandestina”, advirtió Vila. “No solo me refiero a la carne de animales que se faena fuera del circuito formal, sino a la que procede del abigeato”, apuntó el productor. Indicó que la única vía para controlar el origen de los embutidos es “un análisis de ADN, que es costoso y poco práctico”.

Según los productores, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo brinda potestades al INAC para que pueda controlar no sólo a las carnicerías, sino a cualquier comercio que produce embutidos u otros productos cárnicos.

“Los que vivimos en el interior sabemos que es muy común entrar a un almacén de barrio y encontrarnos con productos embutidos caseros o milanesas, pero el INAC aquí no puede hacer un control, porque no es un lugar habilitado para la venta de carne”, sostuvo Vila.

Por su parte, la intendenta de Lavalleja Adriana Peña, quien además preside el Congreso de Intendentes, concurrió a la comisión la semana pasada y respaldó el proyecto de ley.

"Hoy la legalidad dice una cosa y lo que se hace es otra, que la vivimos todos, y me parece muy bien que esto se trate”, afirmó Peña a los senadores.
“Estamos hablando de lo que en otros países es el avance en las carnicerías en la confección de embutidos, de productos cárnicos y de hacer de alguna manera un valor agregado para la carne en todo el país", dijo la intendenta. Peña consideró “una irrealidad” que no se habilite a procesar carne en los locales comerciales.

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham, dijo hace algunas semanas en la comisión de Ganadería del Senado que apoya “que se avance” en el proyecto de ley que habilita la producción de chorizos caseros en las carnicerías del interior del país. Sostuvo que detrás de la opinión del INAC “hay mucho tiempo técnico de trabajo cubriendo todos los aspectos que esto involucra, desde la inocuidad hasta los temas regulatorios, sancionatorios, impositivos y demás”. En cambio, el presidente de Frigorífico Centenario, Enrique Goldwasser, criticó la iniciativa. El empresario dijo a El País que implica “fomentar el abigeato y la faena clandestina” y que se presta a que en algunos casos “se utilice carne de dudoso origen que no ofrece garantías sanitarias a los consumidores”.