El año electoral

La prioridad del Frente en 2019 es la reforma militar

Nueva ley del gobierno termina con la doctrina de la seguridad nacional.

La bancada del FA fijó como prioridad la aprobación del proyecto de ley. Foto: Gerardo Pérez
La bancada del Frente Amplio fijó como prioridad la aprobación del proyecto de ley. Foto: Gerardo Pérez

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La bancada de legisladores del Frente Amplio pensaba aprobar el proyecto de ley antes del fin de 2018, pero no dio el tiempo. Además, se quiere hacer contacto con los partidos de la oposición para que tenga el más amplio respaldo en el Parlamento porque se trata de reformar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que data de 1974, plena época de la dictadura.

Ahora, esta iniciativa es la principal prioridad de la bancada oficialista para el corriente año, según confirmó el diputado del PVP Carlos Coitiño, experto en asuntos de defensa nacional.

Viene a ser considerada por el oficialismo como la continuación de la reforma del servicio militar de retiros y pensiones. Los partidos de la oposición han reclamado insistentemente que se discutan simultáneamente, pero en la bancada del Fa se insistió en el otro proyecto dejando éste para más adelante. Ahora parece haberle llegado el momento del tratamiento.

Ocho años después de haber sido aprobada con amplio consenso político la ley marco de la Defensa Nacional, el gobierno envió al Parlamento el siguiente paso para la reforma militar: el proyecto con la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas.

Tabaré Vázquez tuvo la última palabra en la reforma de la Caja Militar. Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

Una de las claves conceptuales —y que en el proyecto se establece a texto expreso— es el fin de la llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional". Asimismo se termina con la existencia de órganos como la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, de preponderante funcionamiento durante la última dictadura.

La iniciativa echa por tierra el concepto de obediencia debida en el caso de los derechos humanos, al señalar que ningún militar "debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales".

Y añade que lo contrario "determinará la directa responsabilidad del militar, el que no podrá ampararse en el cumplimiento de órdenes superiores". A la vez, señala que "impartir órdenes contrarias a lo dispuesto, será considerado falta muy grave".

La iniciativa establece que dentro de las obligaciones del estado militar se encuentra el deber del secreto profesional, pero se advierte que "no podrá invocarse cuando la información solicitada se refiera a violación de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos".

Equidad.

La idea del Poder Ejecutivo con este proyecto de ley es adecuar el funcionamiento militar a estos tiempos, y se prevé el trabajo complementario entre las tres fuerzas, como ya lo disponía la ley marco de la Defensa. Otras ideas que sobresalen en el proyecto son la "no discriminación", la "equidad" y "el respeto a la dignidad de las personas".

En cuanto a los oficiales, el proyecto de ley dispone una rebaja en las principales jerarquías. Por ejemplo, los generales del Ejército pasarán de ser 16, incluyendo al comandante en jefe, a 13. En la Armada aumentará un oficial general pasando de seis a siete. Ese nuevo cupo será por primera vez para un oficial superior de la Prefectura Nacional Naval. Y en la Fuerza Aérea quedarán los seis que actualmente revistan.

Tabaré Vázquez tuvo la última palabra en la reforma de la Caja Militar. Foto: Darwin Borrelli
Foto: Darwin Borrelli

También habrá rebaja de cargos para los oficiales superiores, es decir coroneles y capitanes de navío. El Ejército sufrirá la mayor baja, pasando de 180 a 145, aproximadamente un abatimiento del 20%. La Armada quedará con 76 capitanes de navío y la Fuerza Aérea con 45 coroneles. En ambas fuerzas la baja es de un 10%.

Otra de las disposiciones prevé que al personal castrense en tiempos de paz se le reconocerá la posibilidad de tener otra ocupación ajena a la función militar.

Acerca de las medidas disciplinarias que se establecen en el proyecto se incluye como novedad respecto del sistema vigente, la posibilidad de la "baja militar" tanto para oficiales como para subalternos "como sanción ante la comisión de una falta muy grave, a través de un procedimiento administrativo de carácter garantista para el funcionario".

Tampoco se permitirá desempeñar funciones bajo los efectos del consumo de sustancias sicotrópicas, estupefacientes, naturales o cualquier otra sustancia que altere las condiciones sicofísicas.

El proyecto de ley "impulsa la profesionalización del personal militar", tal cual se explica en el mensaje. Para eso incluye el mecanismo de concurso para continuar en la carrera militar.

Los oficiales a partir de esta ley serán promovidos por concurso en todas las fuerzas, y no como ocurre hoy que ese criterio se aplica solamente en el Ejército. Las otras variables de ascenso de la oficialidad son la antigüedad en el grado y el sistema de selección.

La iniciativa indica que el sistema de ascenso en el personal subalterno también estará pautado por el mecanismo del concurso y "por transparencia y equidad".

"La población no debe considerarse nunca una amenaza a la seguridad del Estado, y su protección es el fin superior de todas las acciones que se emprendan en esta política pública", sostiene la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica de las Fuerzas Armadas al explicar parte de la misión militar para el futuro.

En junio pasado Astori dijo que se preveía que en 2018 el gasto subiría US$ 172 millones. Foto: N. Pereyra
Foto: Nicolás Pereyra

El proyecto también regula "tareas de carácter secundario que contribuyen al desarrollo del país a través de diversas competencias que el actual ordenamiento ya atribuye". Además, sostiene que las FF.AA. "efectuarán las acciones que les encomiende el Poder Ejecutivo en áreas que fueran de interés público".

El proyecto de ley remitido al Parlamento pretende remarcar el concepto de que el personal militar ostenta el carácter de funcionario o servidor público "no para desconocer las particularidades que lo distinguen de los demás funcionarios públicos sino como una visión integradora". Además indica que las leyes orgánicas de cada fuerza, que deberán también ser reformadas, deberán adecuar los cuadros de oficiales para establecer una estructura piramidal de acuerdo con la cantidad de oficiales generales y superiores, teniendo en cuenta las misiones y tareas asignadas por este proyecto de ley. La iniciativa del gobierno pasó a estudio de la Cámara de Representantes.

Las jubilaciones de los militares

En el último cuatrimestre del año, después de meses de idas y vueltas y más de 20 reuniones para zurcir diferencias, la bancada del Frente Amplio acordó una reforma de la Caja Militar y consiguió aprobarla tras batallas parlamentarias con la oposición. Se estableció un plazo de transición menor al que traía el proyecto del Poder Ejecutivo. De acuerdo el texto original, la ley se aplicaría a los funcionarios con 20 años de servicio o menos, pero con los cambios dispuestos por la bancada oficialista ahora regirá para los que tengan 15 años o menos de antigüedad. De esta forma, serán menos los militares alcanzados. Para contrarrestar esto se modifican las tasas de reemplazo, uno de los puntos que generaba más discordia. Solo en el 2017 se tuvieron que volcar US$ 550 millones para el pago de las pensiones y jubilaciones de militares. Según las proyecciones de Economía, en 2020 esa cifra trepará a US$ 700 millones.

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