Difícil disyuntiva

Presión de los pro y anti Alan García en Montevideo

Apristas preguntaron al gobierno uruguayo si podía entrar a la residencia.

Mauricio Mulder, congresista partidario de Alan García. Foto: F. Flores
Mauricio Mulder, congresista partidario de Alan García. Foto: F. Flores

El expresidente de Perú Alan García realizó sondeos previos con representantes del gobierno uruguayo antes de decidirse a entrar el sábado pasado a la residencia del embajador ante el gobierno de Lima, Carlos Barros, asegura su grupo político. En primer lugar, García pensó en asilarse en la embajada de Colombia en Lima por su amistad con el mandatario de ese país, Iván Duque. Pero luego se le sugirió que optase por Uruguay y las gestiones fueron realizadas por un diplomático peruano retirado, contó a El País Mauricio Mulder, congresista del grupo de García, el Partido Aprista Peruano. En la decisión pesó la tradición de conceder asilos que tiene Uruguay, aseguró. García, quien fue dos veces presidente, es investigado por corrupción en Perú.

Lobby en Uruguay.

En estas horas la batalla política peruana en torno a García se trasladó a Montevideo, mientras el gobierno sopesa qué hacer con el inesperado y difícil proble- ma que le plantea la solicitud de asilo. A su vez, el espectro político local fue contactado por adversarios y amigos de García.
El jueves habían llegado congresistas del Frente Amplio peruano (que cuenta con dos ministros en el gobierno de Martín Vizcarra) a plantear que se le rechace el asilo a García. Presurosamente, vinieron tras ellos cuatro de los cinco congresistas apristas a insistir en que el exmandatario es objeto de persecución política. Se reunieron con el expresidente Julio María Sanguinetti y planean hacerlo con el secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, con el senador blanco Luis Heber y con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.

En paralelo, la delegación del Frente Amplio peruano se reunió ayer con el diputado oficialista Jorge Meroni y con el blanco, Jorge Gandini, presidente de la Cámara de Representantes (ver nota aparte). Este grupo de legisladores pretendía encontrarse con la vicepresidenta Lucía Topolansky, pero no tuvo éxito. Uno de sus integrantes, Marco Arana, dijo que la reunión de los apristas con Sanguinetti “plantea problemas adicionales” dado que el medio hermano del exmandatario, Andrés Sanguinetti, era empleado del Banco de Andorra, institución vinculada a Odebrecht, la constructora brasileña que habría, según los adversarios de García, pagado sobornos a este. “Nos ha sorprendido que vinieran porque ellos fueron los primeros en criticar nuestro viaje porque politizaba el tema”, señaló Arana. Este legislador estuvo el jueves con el presidente de la fuerza oficialista, Javier Miranda, que se comprometió a transmitir a la administración de Tabaré Vázquez los elementos de juicio en contra de la concesión del asilo.

La delegación aprista era de peso y estaba integrada por dos ex primeros ministros, Jorge del Castillo y Javier Velásquez, el secretario general aprista, Elías Rodríguez y Mulder.

Los apristas

La tesis de los apristas es que García tiene derecho al asilo porque no está ni inculpado, ni procesado ni condenado por delito alguno. Sostienen que el exmandatario es perseguido políticamente en su país. “Este ambiente se ve agravado por las turbas violentas que acuden al frontis de la embajada de Uruguay y por la delegación de tres congresistas del Frente Amplio que han viajado al Uruguay demostrando la politización de una causa”, dice un dossier que los apristas entregaron a El País. Esta circunstancia sostienen que justifica “ el otorgamiento del beneficio por la hermana República Oriental del Uruguay”. Rodríguez señaló que pidió a los militantes apristas que se retiraran de las cercanías de la residencia de Barros para apaciguar los ánimos y que no hubiesen venido a Uruguay si no los hubiese precedido del Frente Amplio.

“En este orden de cosas, bajo el aparente o real Estado de Derecho, en el cual no hay teóricamente persecución política, fluye esta situación en la que la presión de la calle y de los medios, rebasa la conciencia de jueces y fiscales y agudiza la indefensión y se convierte en una real amenaza a las libertades y los derechos ciudadanos”, agrega el documento. “Cuando se carece de garantías de debido proceso que pone en peligro las libertades de una persona por razón de sus actividades políticas, procede el asilo, el cual es calificado por el país asilante, sin necesidad de mayor probanza”, señala

“No podemos hablar de dictadura pero algunas instituciones funcionan a medias”, sostuvo del Castillo.

Mulder sostiene que Perú no podría desconocer una eventual decisión uruguaya de conceder asilo a García porque el artículo 36 de la constitución incaica establece que ese país reconoce el asilo. “Les resbala eso. Les revienta que no han podido demostrar que García cobrase coimas”, se lamentó.

Los apristas dicen que los pagos que recibió en 2012 Alan García de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo por dar una conferencia no equivalen a sobornos. “No existe declaración de nadie de Odebrecht que afirme haber dado beneficios a Alan García. Al contrario, lo han negado. No obstante las amplias y profundas investigaciones de la misión de fiscales peruanos en Brasil al entrevistar a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Carlos Nostre, no han recibido ninguna referencia a pago alguno a Alan García, como los han hecho con otros presidentes y funcionarios”, dice el documento de los apristas.

Señalan los legisladores que los dichos de los dirigentes del Frente Amplio peruano sobre que su país debería romper relaciones diplomáticas con Uruguay si da el asilo, son una presión inaceptable. Criticaron que el presidente Vizcarra no haya dejado claro que dará un salvoconducto para García en caso de que se conceda el asilo. El expresidente sigue en la residencia con jardín del barrio limeño de San Isidro.

A título personal, Gandini dice que no correspondería aceptar

Foto: Prensa/Jorge Gandini
Foto: Prensa/Jorge Gandini

El presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Jorge Gandini, se reunió ayer con congresistas peruanos contrarios a Alan García y señaló que “a priori” le parece que no corresponde el asilo. El diputado, a título personal y sin comprometer a su partido que no ha todavía analizado el punto, opinó que si en Perú hay separación de poderes y se dispuso que García no podía salir del país “hasta que se diluciden sus responsabilidades” no corresponde el asilo porque además a García no se le investiga por sus opiniones políticas. “La cuestión sería distinta si la imposibilidad de salir la hubiese decidido el Ministerio del Interior o una dictadura”, dijo Gandini.

“Les dije que Uruguay está actuando al modo uruguayo, con seriedad, reuniendo la información. Uruguay tiene que ser cuidadoso porque se pueden sentar precedentes. Entre tanto, da protección (a García) porque, es lo que corresponde”, señaló el diputado.

Los dirigentes apristas, partidarios de García, también mostraron su voluntad de reunirse con Gandini pero hasta la caída de la tarde ya ayer no habían hecho una solicitud formal.

En general, la oposición uruguaya se mostró hasta ahora poco dispuesta a apoyar que se acepte dar refugio al expresidente peruano. El gobierno estudia la documentación que le entregó a Perú respecto a las investigaciones sobre García.

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