JUAN MIGUEL PETIT

Si en una cárcel, en pleno siglo XXI, no hay tratamiento ni posibilidades socioeducativas para poder atender las necesidades de las personas privadas de libertad, hay trato cruel, inhumano o degradante. Así lo planteó el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit en un informe especial enviado a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.

En la mañana de ayer, mediante teleconferencia, Petit presentó el informe denominado “Cárcel, dignidad y Derechos Humanos, hacia una doctrina sobre el trato cruel, inhumano o degradante”.

El informe surgió a raíz de un trabajo de observación, según explicó en la teleconferencia Silvia Sturla, integrante de la oficina del comisionado. A propósito de esto explicó que el equipo realiza unas 70 visitas a cárceles por mes. Hablan con internos, autoridades, jueces, fiscales y abogados defensores para realizar un análisis.

Petit explicó que en 2015 comenzó con un monitoreo de la realidad carcelaria. En esa época llamaba la atención la distancia que había entre el sistema penitenciario y el Poder Judicial, el Parlamento, y el funcionamiento de distintos ministerios.

“No coincidía la libertad consolidada con las cárceles, que mostraban situaciones paupérrimas”, explicó el comisionado parlamentario. “Es bueno decir que ha habido un proceso de reforma fuerte donde se hicieron renovaciones, se crearon unidades, etc. Pero ha sido una obra inconclusa, una obra que no se terminó y las autoridades de ahora expresan que la van a continuar y han dado señales de eso”, agregó.

El informe plantea una reflexión sobre cómo se genera el trato cruel y deshumano dentro de las cárceles. Hay trato “cruel, inhumano o degradante por las condiciones de reclusión y por no atender adicciones”, se indica en el texto.

Petit destacó en su exposición que la dignidad en las cárceles es el ejercicio de los derechos a educación, cultura y salud para que la persona pueda desarrollarse. “Es un contexto para la convivencia, y condiciones de vida”, dijo. Por otra parte, sostuvo que trabajar en la problemática “es un gran desafío para todos los poderes del Estado”. “No avanzar en ese camino nos condenará a seguir teniendo un sistema gigante, poco rehabilitador y con una gran reincidencia, o sea un gran generador de delito. Innovar, seguir reformando, avanzar en política pública en esto, es una de las llaves para proteger la vida de todos los ciudadanos”, puntualizó.

De la teleconferencia participaron y reflexionaron sobre la temática los abogados Juan Ceretta, Germán Aller y Ariela Peralta, secretaria ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Ippdh). Los especialistas valoraron positivamente el trabajo del comisionado parlamentario.