REACCIONES

La relativa paz política en la que se encontraba el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde la ola de frío polar del pasado invierno se interrumpió de pronto con un tuit del ministro Martín Lema, que anunciaba que su administración iniciaba un “proceso de adecuación de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) para que se utilice solamente en comercios que trabajen con rubros como alimentación, higiene personal y limpieza del hogar”, y que en ese sentido ya se habían identificado “unos 500 comercios que no encuadran en los nuevos lineamientos”.

Las reacciones y críticas de algunos dirigentes frenteamplistas -que Lema catalogó después de “agravios propios de quienes no tienen argumentos”- apuntaron a que la decisión del ministro se basaba en un prejuicio de clase o, como declaró a Telemundo la secretaria general del sindicato del Mides, Lucía La Buonora, para “agradar a unos sectores de la sociedad que pueden estar disconformes” con el comportamiento de los sectores populares.

Lema respondió ayer en conferencia de prensa que había que “tener cuidado cuando uno pretende subirse a los pedestales de la moral”, y que las acusaciones no hacían otra cosa que develar un “doble discurso”, porque “en los gobiernos del Frente Amplio conceptualmente se planteó exactamente lo mismo”. De hecho, un folleto de 2014 -cuando la cartera era conducida por el hoy senador socialista Daniel Olesker- indicaba que estaba “prohibida la compra de tabaco, cigarrillos, bebidas alcohólicas y refrescos” con esta tarjeta, aunque Lema señaló ahora que también se detectaron gastos en “talleres mecánicos, academia de choferes, comercios de cotillón, veterinarias y servicio de televisión para abonados”.

“Lo que nosotros operativamente vamos a hacer es dar mayor seguridad y mayor garantía de que en la operativa se van a poder instrumentar elementos que sean indispensables para vivir”, dijo el ministro.

Esto último, sin embargo, también fue criticado desde la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, donde entienden que, por ejemplo, la reparación de una moto está dentro de los consumos de primera necesidad, en tanto el vehículo constituye una herramienta de trabajo.

El director de Transferencias del Mides, Antonio Manzi, dijo a El País que “puede ser discutible” qué se entiende por primera necesidad. Sin embargo, sostiene que “el objetivo para el cual fue diseñada esta prestación es bien claro y se quiere evitar el gasto en artículos que escapan a ese objetivo”.

Según cifras del Mides, más del 80% de los hogares que tienen la Tarjeta Uruguay Social también reciben asignaciones familiares, y para las asignaciones no hay restricciones de compra.

A efectos de limitar aún más la compra de productos que no sean de primera necesidad, la cartera les pedirá a las empresas de POS la trazabilidad de las transacciones y que la propia tecnología bloqueé una adquisición “indebida”.

Eso sí: Manzi aclaró que “la mayoría gasta en alimentación (es un 70% del uso de la TUS) o higiene (más de un 15%)”.

El anuncio de Lema, que de improviso le abrió un frente con la oposición y el movimiento sindical, se inscribe en el marco de un “rediseño” general de las “transferencias monetarias no contributivas”, tal como se plantea en un “resumen ejecutivo” al que accedió El País.

En el punto relativo a la TUS, el documento sobre el rediseño de las políticas indica que, como instrumento de ajuste del uso de esta tarjeta, “se está evaluando la posibilidad de imposibilitar por sistema el uso de la tarjeta en artículos prohibidos”. Y también, referido a esta misma tarjeta, está anunciada la implementación de un plan piloto por el cual se exigirá simplemente la presentación de una declaración jurada tanto para obtener este beneficio por primera vez, como para “recertificar situación de vulnerabilidad luego de un período extendido” de uso de esta prestación. Este mecanismo, se fundamenta, “agilizará los actuales procesos y buscará reducir las solicitudes de visita pendientes a visitar”.

Pero hay otros puntos. Por ejemplo, la suspensión de los umbrales de ingreso para acceder a la Asignación Familiar Plan Equidad, como una forma de promover la formalidad, ya que se ha detectado que muchos usuarios optan por trabajar en negro cuando ven que superan los $ 11.400 por temor a que le retiren el beneficio. También figura el Bono Crianza -aprobado en la Rendición de Cuentas-, que en esencia consiste en transferencias de $ 2.000 por niño de 0 a 3 años que haya en cada uno de los cerca de 30.000 hogares identificados como “de mayor vulnerabilidad económica”. Y es un bono que podría emplearse en comercios específicos “orientados a las necesidades de la crianza”.

Todo esto no implica “ninguna idea nueva” según Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides de los últimos dos gobiernos del Frente Amplio. “Estamos asistiendo a un montón de anuncios, que no sé si son entretenimientos o ansiedades de transformación, que no tienen ninguna base técnica”, advirtió.

Según el exjerarca frenteamplista, las nuevas restricciones en el uso de la tarjeta son prueba de ello: “La izquierda se planteó las mismas discusiones, por eso se cambió aquel planteo de 2014 de exigir un control: no tiene sustento técnico”. De todas formas, Labat criticó una intención detrás de la forma en la que Lema anunció el cambio.

Antonio Manzi

Director de Transferencias y Datos

“Algunos tildaron esta medida (de restricción de los productos para los cuales se habilita el uso de la TUS) de aporofobia (“odio al pobre”), cuando son los mismos que plantearon que entre los objetivos de esta prestación está el destino del dinero para alimentos de primera necesidad. El subsidio para el transporte es para el transporte. Y en esta prestación está bien claro su objetivo: alimentación, higiene del hogar e higiene personal. No estamos diciendo que la mayoría de los beneficiarios haga un uso indebido. Al contrario: los últimos datos indican que más del 70% del gasto con estas tarjetas es para alimentación y más del 15%, para higiene. El tema es en qué se gasta el porcentaje restante. Es allí donde hemos notado productos o servicios que escapan al objetivo”.

Juan Pablo Labat

Exdirector de Evaluación

“Este planteo del ministro (Martín) Lema se basa en el prejuicio, en ese imaginario de un individuo pobre que todo el tiempo quiere estafar al Estado. Y no es así: hay ‘vivos’ en todos los estratos sociales: desde el que evade impuestos hasta el que accede a beneficios que no le corresponden. El anuncio solo sirve para que aplaudan en las redes sociales los que piensan que los pobres son un estrato de la sociedad detestable que vive a costa de los impuestos que paga la gente honesta. Es decir: sirve para alimentar el prejuicio. Es el mismo imaginario que piensa que el Estado les da más plata a los pobres. Eso es falso. A los estratos medios y altos el Estado les da a través de la renuncia fiscal; lo da en los servicios que le llegan”.