UNA DISCUSIÓN QUE SE VIENE

Polémica sobre allanamientos nocturnos con orden de un juez

Larrañaga quiere terminar con la prohibición que data de 1830; los penalistas discrepan.

Jorge Larrañaga por Arotxa
Jorge Larrañaga por Arotxa

Muchas disposiciones de la primera Constitución uruguaya, la de 1830, no sobrevivieron el paso del tiempo. A nadie se le ocurriría replantear, por ejemplo, suspender la ciudadanía "por ineptitud física o moral, que impida obrar libre y reflexivamente", "por la condición de sirviente a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago o legalmente procesado en causa criminal, de que pueda resultar pena corporal o infamante; por el hábito de ebriedad; (...) por no saber leer ni escribir, (...) por el estado de deudor fallido, declarado tal por juez competente; por deudor al Fisco, declarado moroso", como establecía el Artículo 11° de la Constitución.

Sin embargo, sí sobrevivió hasta hoy con una redacción levemente diferente, el espíritu de lo que establecía el Artículo 135 que decía: "La casa del ciudadano es un sagrado inviolable. De noche, nadie podrá entrar en ella sin su consentimiento; y de día, sólo de orden expresa del juez competente, por escrito y en los casos determinados por ley". Hoy esa prohibición está plasmada en el Artículo 11. Por primera vez, la continuidad de esta disposición corre peligro. Claro, en 1830 no había "bocas" de pasta base.

El sector blanco Alianza Nacional impulsa una reforma constitucional que plantea cuatro cambios (ver nota aparte) y uno de ellos consiste en terminar con el Artículo 11 para permitir que la Policía pueda entrar en una casa por la noche, siempre y cuando tenga una orden escrita de un juez. El diputado aliancista Pablo Abdala explicó a El País que "los cuadros policiales y varios fiscales por lo bajo" han planteado que la actual prohibición que, en los hechos, impide los allanamientos nocturnos supone una limitación para hacer más efectivo el combate al tráfico de drogas. "Esto no afecta las garantías de nadie porque siempre se haría con autorización del juez. Es de mero sentido común. No es menos garantista. Permitirá más eficacia y la inmediatez con la que a veces hay que actuar", argumentó. La prohibición vigente "pertenece a otra época", consideró.

Durante la anterior legislatura, el diputado frenteamplista por San José, Walter De León, presentó un proyecto de ley que interpretaba la Constitución para que cuando existiera una clara presunción de que en la vivienda de un particular se vende pasta base se la pasaría a considerar como un comercio, no un hogar, y se la podría allanar por la noche.

Todos los partidos entendieron entonces que esa modificación no podía realizarse de esa manera porque hubiese sido inconstitucional, y coincidieron en que para esa modificación era necesario reformar la Carta Magna. Ahora, los liderados por Jorge Larrañaga, apuntan a que los allanamientos se puedan realizar sea cual sea el delito que se quiere impedir.

El senador colorado Pedro Bordaberry apoya totalmente la idea de Alianza Nacional. "Es una norma (el Artículo 11°) que no se adapta a los tiempos que vivimos. Cuando fue pensada se pensaba más que nada en toda la parte política. Eran otros tiempos. Se preservaba por cuestiones políticas que no se pudiera ingresar sin orden del juez. No parece lógico que con orden de un juez no se pueda entrar a un lugar ante la presunción de que se está cometiendo un delito ahí. Todos sabemos que el narcotráfico ocurre en horas de la noche incentivado por esta norma", dijo el senador a El País. "Lo que sucede es que cuando están rodeados, según dice la Policía, se deshacen de la droga, la tiran por el caño del baño y deshacen entonces la evidencia. ¿Qué mayor garantía que haya una autorización del juez?", se preguntó el legislador.

El constitucionalista Martín Risso cree que "la prohibición de ingreso de noche es de otra época, y hoy en muchas constituciones se permite el allanamiento de día y de noche, pero siempre condicionado a la previa orden escrita del juez".

El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, tiene una posición intermedia pero está dispuesto a estudiar el planteo de Alianza Nacional y esperará por su redacción final. Su partido planteó la necesidad de discutir el punto durante el diálogo interpartidario sobre seguridad que se produjo en 2016, porque "las bocas de pasta base son hogares, pero al mismo tiempo son una especie de local comercial y se vio que la disposición constitucional era muy categórica".

"Yo creo que hay que buscarle la vuelta porque el origen del planteo es correcto porque hay hogares que están encubriendo una actividad ilícita de carácter comercial y que funcionan de noche. No me queda claro que haya que modificar la Constitución para esto. Tenemos un vacío, un problema. Se escudan en el artículo de la Constitución para impedir el allanamiento y seguir de manera impune y hay que resolverlo", consideró.

Penalistas escépticos.

Sin embargo, dos abogados penalistas se mostraron escépticos respecto a la idea del sector de Larrañaga. El abogado Juan Fagúndez, señaló a El País que "yo no tocaría la Constitución y menos en la situación en la que estamos en la que no hay una política criminal clara".

"Reformar la Constitución o seguirla trastocando hasta que se sepa hacia dónde se va, no me parece sano. Con los métodos cibernéticos y electrónicos que hay ahora me parece que no es tan necesario (reformar el Artículo 11). El allanamiento nocturno con permiso del jefe de familia hoy se puede hacer y se hace. Si podés cercar la casa y esperar a que amanezca podés lograr la finalidad también", opinó Fagúndez. Y no le hace cambiar de idea que pudiera haber una tendencia continental a los allanamientos nocturnos. "Lo que contesto a las tendencias es lo siguiente: la tendencia es a que cada vez haya más narcotráfico. Entonces: ¿qué resultado tiene la tendencia?", se preguntó. "Los ciudadanos pierden derechos para lograr una sociedad más segura. Cada vez hay más narcotráfico y pierdo derechos. Prefiero, al menos, no perder los derechos. Se supone que en el hogar está la familia y estas medidas son muy violentas. Se supone que nuestra libertad también pasa por tener cuatro paredes que nos rodeen donde nadie puede inmiscuirse", señaló.

Germán Aller dice que "en algunos países se ha legislado en este sentido y no por ello disminuyó el narcotráfico". "Sigue predominando en el mundo el mandato constitucional de reservar la actuación policial para horarios diurnos", afirmó.

A su juicio, el éxito en el combate al narcotráfico "se logrará con buenas investigaciones y los allanamientos" (durante el día).

Prisión permanente y cumplimiento de las penas

El sector blanco Alianza Nacional impulsa una reforma constitucional con cuatro grandes patas. Una es reformar el Artículo 11° para permitir el ingreso de la Policía por las noches a las viviendas con orden judicial.

La segunda apunta a establecer que las penas deben cumplirse efectivamente cuando la condena sea por homicidio muy especialmente agravado, rapiña, secuestro, violación, narcotráfico y copamiento. En este caso no habría libertad anticipada ni descuentos de pena.

La tercera apunta al establecimiento de la denominada "prisión permanente revisable", que existe en países europeos como España y en americanos como Argentina. En este caso quien cometiera determinados delitos graves podría estar por el resto de su vida en la cárcel y su situación sería analizada a los 30 años de estar en prisión por una junta técnica asesora y por la Suprema Corte de Justicia a la que le correspondería determinar si la persona se puede reinsertar en la sociedad. Abdala explicó que Alianza Nacional cree que se podría aplicar este instituto cuando quien delinquió haya matado a alguien por encargo y recibiendo una remuneración por ello ("sicariato") o haya cometido abuso sexual con resultado posterior de homicidio.

La cuarta idea es la creación de una especie de Guardia Nacional para combatir mejor el delito.

¿CAMBIO LEGAL EN CIERNES?

Varios países lo tienen previsto

En Argentina la legislación varía según la provincia de que se trate, aunque, en general, se establece que puede haber allanamientos nocturnos con orden judicial salvo en el caso de flagrante delito. En este caso, no se requiere esa autorización porque se procede en el mismo momento del hecho delictivo. El mismo criterio se usa en El Salvador. En Costa Rica, México y Puerto Rico se necesita orden judicial. En Venezuela, cuyo gobierno es acusado de autoritario, los allanamientos se están haciendo sin orden judicial.

Se necesitan unas 240.000 firmas

El sector blanco Alianza Nacional lanzará este mes la recolección de firmas para reformar la Constitución y espera contar con el apoyo de otros sectores políticos, dijo el diputado Pablo Abdala. Los impulsores de la iniciativa necesitan contar en abril del año próximo con rúbricas válidas equivalentes al 10% del padrón electoral, o sea unas 240.000, para que haya un referéndum el mismo día de la primera vuelta electoral. Se está terminando de pulir la redacción de la reforma que se propone por parte del sector blanco.

Militares actuando con policías

El diputado Pablo Abdala aseguró que la propuesta de Alianza Nacional de crear una especie de Guardia Nacional no apunta a militarizar la Policía. Los militares que integrarían actuarían coordinadamente con las fuerzas del orden. El personal castrense seguiría dependiendo administrativa y presupuestalmente del Ministerio de Defensa. Esta iniciativa es más garantista que la aprobada recientemente en Diputados que permite a los militares hacer tareas policiales en zonas rurales cerca de las fronteras, dijo.

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