MISIVA A DI CANDIA

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Los integrantes del grupo de trabajo convocado por el Pit-Cnt para la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos solicitaron al intendente Christian Di Candia la suspensión del proceso de licitación y adjudicación de propuestas para la gestión de la basura, en el marco de los proyectos del Fondo Capital. Se trata de un conjunto de licitaciones por unos US$ 22 millones, que abarcan desde la compra de modernos camiones hasta la ampliación del vertedero de Felipe Cardoso.

En una carta enviada al intendente de Montevideo, dan cuenta que el proceso de elaboración de las propuestas se hizo “en un marco exclusivamente técnico, sin participación ni consulta a las organizaciones de trabajadores -incluida la que representa a los clasificadores (Ucrus)-, ni de otras de la sociedad civil”.

También le solicitan que abra “de forma inmediata” una instancia de consulta para “considerar las soluciones propuestas y discutir alternativas más acordes con los objetivos proclamados de maximizar el reciclaje, recuperación y valorización de residuos, minimizando el enterramiento”.

Esta resolución surge luego que el mes pasado el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Sebastián Bajsa, junto con sus asesores Andrés Carbajales y Carlos Colacce, realizaran una extensa presentación a este grupo de trabajo.

“Los contenidos de la exposición de los citados jerarcas, abonan nuestra convicción de que dichas propuestas, en su concepción y diseño, contribuyen a fortalecer el sistema de mezcla y enterramiento -tan solo mejorando su logística- contribuyendo a privatizar la gestión de aquellos residuos valorizables, en beneficio de quienes generan los residuos contaminantes”, señala la misiva enviada a Di Candia, a la cual tuvo acceso El País.

El representante de Adeom en este grupo de trabajo, Alvaro Soto, informó a El País que lo esencial del proyecto municipal, que se hará mediante endeudamiento a través del Fondo Capital, es “fortalecer el sistema de mezcla y enterramiento mejorando su logística” y “privatizar la recuperación de valor de parte de los residuos”.

“Ahora se va a destinar un fondo para hacer una planta privada para que la administre la Cámara de Industrias, es decir, la gestión de residuos que generan la llevan a cabo con la plata que la Intendencia les da para construir esa planta, y lo están haciendo sobre la base de la precarización laboral de muchos trabajadores que se ocupan de la clasificación y del reciclado”, indicó Soto.

Otro de los aspectos que observa el grupo de trabajo es que el proyecto no avanza en el reciclaje de los residuos. Recientemente, al comparecer junto a una delegación de Adeom ante la Junta Departamental, Soto señaló: “Si bien la Intendencia colocó el paradigma del reciclaje, diciendo que hay que reciclar, reusar, decir no al enterramiento indiscriminado, lo cierto es que en la práctica opera de la misma forma: entierra, entrevera todo y manda a disposición final de residuos”.

“Se recicla nada más que el 5%. Pero lo más triste es que esa valorización del 5%, esa valorización sobre esos productos, termina obteniéndola el privado, eso no vuelve al Estado. El privado contamina; el privado le cobra el envase no retornable al usuario, después se tira al contenedor, la Intendencia lo tiene que llevar, y no hay penalización de ningún tipo para los grandes contaminantes”, indicó el expresidente de Adeom.

Un informe del grupo de trabajo convocado por el Pit-Cnt al cual tuvo acceso El País, sostiene que “de ninguna manera un plan de clasificación puede hacerse en el marco de la responsabilidad extendida de los fabricantes e importadores de envases vigente en la Ley de Envases, cuando este marco ha limitado notoriamente la capacidad de clasificación (al dejar de lado otro tipo de materiales, no catalogados como ‘envases’)”.

Según denuncia el grupo de trabajo, hubo “un manejo absolutamente opaco de los fondos, mediante un fideicomiso con aportes confidenciales recibidos y manejados exclusivamente por la Cámara de Industrias, y ha aportado muy poco en la dignificación del trabajo de los clasificadores”.

“Deben utilizarse los recursos legalmente habilitados (tasa a envases o precio) para financiar el sistema. Y debe avanzarse en la remunicipalización de los servicios, acordando con Ucrus la participación de colectivos de clasificadores en las distintas etapas del nuevo sistema”, agrega el documento.

Los proyectos del Fondo Capital para el Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM incluyen la compra de 5 camiones recolectores con cajas desmontables y su sistema de carga y descarga, incluyendo los mantenimientos preventivos diarios y un plan de capacitación de personal. También la compra de 5 camiones transportadores para el traslado y vaciado de las cajas desde los puntos de transferencia hacia el vertedero, junto con la compra de 30 de esas cajas. Todo esto, por unos US$ 3.900.000.

Se prevé asimismo la creación de una Estación de Transferencia de Residuos en la Zona Oeste, que costará unos US$ 3.700.000, una planta de clasificación de residuos reciclables de US$ 4,3 millones y un lavadero para camiones de US$ 700.000.

Del mismo modo, fueron proyectados tres “ecocentros” en los municipios C, CH y E (este último ya ha generado malestar en los vecinos), a un costo de US$ 2.200.000, y la ampliación del relleno sanitario de Felipe Cardoso, siendo esta última la obra más costosa, calculada en US$ 6,5 millones.

La Intendencia estima que con esta intervención se podrá prolongar la vida útil de la usina de basura hasta un máximo de 8 o 10 años.

El grupo de trabajo convocado por el Pit-Cnt sostiene que para todas estas inversiones “se habla de un presupuesto previsto de US$ 26 millones”, cuando “los montos indicados en el proyecto detallado suman algo menos de US$ 22 millones”.

“¿Queda parte del fondo sin ejecutar o hay otros gastos no incluidos o reservados a futuro?”, se pregunta un documento de este grupo de trabajo.

También advierte que “no hay fondos destinados a promover la clasificación en origen”.