SINDICATOS RECHAZAN ANTEPROYECTO

Los sindicatos estatales plantearon su preocupación por las nuevas disposiciones propuestas para la Administración Central, en el anteproyecto de ley de urgencia, el sindicato de Ancap manifestó su resistencia con respecto a la desmonopolización de los combustibles, y el de Antel dejó claro su rechazo a los cambios que se proponen a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ayer, más de 250 sindicalistas de todo el país se reunieron en la sede del Pit-Cnt para comenzar el análisis del anteproyecto de ley de urgente consideración que el presidente electo Luis Lacalle Pou pretende enviar al Parlamento en sus primeros días de gobierno.

El descontento de los sindicalistas por el contenido del borrador quedó más que demostrado cuando tras pedir la palabra -uno tras otro- fue demostrando su malestar con algunos de los artículos presentados. La síntesis de todo lo actuado se concretará en un documento que la central obrera elaborará junto a sus abogados y será presentado el 20 de febrero a la Mesa Representativa Nacional ampliada.

Dirigentes sindicales consultados entienden que es momento de que el Pit se mantenga en u201calertau201d dada la u201cnocividadu201d de las propuestas de Lacalle para los trabajadores. El secretario general del Pit, Marcelo Abdala, dijo al término del encuentro que u201caparecieron distintas preocupaciones de las filiales que tienen que ver con el propio contenido de la leyu201d.

En este sentido, la cúpula del Pit-Cnt no descarta solicitar una reunión u201curgenteu201d con el futuro gobierno para considerar u201caquello que se piense que son las aristas más perjudiciales de la leyu201d. Tampoco descartan iniciar una serie de reuniones con las organizaciones sociales que u201ccoincidanu201d en una u201cposición críticau201d del borrador, convocar movilizaciones e incluso promover la declaración de inconstitucionalidad o un referéndum, explicó Abdala.

Él y el presidente del la central, Fernando Pereira, fueron los encargados de conducir el encuentro que tuvo lugar tras la primera reunión del Secretariado Ejecutivo de 2020. Allí, cada uno de los integrantes manifestó su posición en relación al documento de Lacalle y hubo consenso en promover un cronograma de actuación para delinear cómo dar una devolución del texto al presidente electo y a su equipo de gobierno. La semana próxima representantes de la central obrera participarán de un encuentro con el designado ministro de Trabajo, Pablo Mieres y su subsecretario Mario Arizti.

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En la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), hay malestar por las normas sobre reclutamiento y traslados de funcionarios públicos, así como con la adecuación de la Administración Central que se propone en algunos artículos. La cúpula de la confederación que nuclea a los sindicatos de la Administración Central tiene temor y preocupación por cinco artículos -del 297 al 301- y entiende que permiten los traslados de funcionarios sin controles entre los entes y la Administración Central.

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En el caso del sindicato de Antel (Sutel), su presidente, Gabriel Molina, explicó a El País que hay discrepancias con u201cla neutralidad de la redu201d de telefonía, así como con los cambios que se proponen en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y en las modificaciones a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este sentido, Molina considera que en el texto, hay un u201cdebilitamiento de Antel dejándola en la mínima expresiónu201d. En el borrador, se plantean disposiciones de u201cadecuación de regularidad constitucionalu201d de la ley de medios, aprobada en 2014 y reglamentada en 2017. Entre otras cosas, se deroga el artículo que limitaba la cantidad de suscriptores de los cables y el que impedía que los canales de televisión tengan licencias para dar servicios de Internet.

Por otro lado, los sindicatos de la educación también manifestaron sus reparos con respecto a las nuevas disposiciones que se planten en la enseñanza como por ejemplo que se propongan eliminar los u201ccolegiadosu201d de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que pasarían a ser direcciones unipersonales.

En otro orden, los sindicatos también cuestionaron los cambios que se impulsan en materia del Código del Proceso Penal (CPP) y con respecto a la prohibición de realizar ocupaciones de los lugares de trabajo. El documento presentado por Lacalle a sus socios de la coalición busca declarar u201cilegítimosu201d los piquetes realizados en espacios públicos o privados u201cque afecten la libre circulación de personas, bienes o serviciosu201d.

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El dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys) y representante del Pit-Cnt en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Ismael Fuentes, manifestó a El País que u201chay un amplio consenso en que este es un proyecto que tiene aspectos muy regresivos tanto del derecho de huelga como en materia de empresas públicas donde se abren las puertas a la privatización, y desde la seguridad planteamos que son un amplio retrocesou201d.

Por su parte, el histórico dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, señaló que la reunión solo fue para generar u201cun ensayo de trabajou201d y coincidió con muchos otros dirigentes consultados en que el contenido del borrador u201ces nocivo para los intereses populares de las grandes mayoríasu201d.

Para la integrante del Secretariado Ejecutivo de la central obrera, Tamara García, el Pit observa el documento con u201cmuchísima alarma, por varias razones, una es que hay capítulos que ya fueron puestos en consideración y el voto popular se manifestó en contrau201d. En todos los casos, la cúpula del Pit-Cnt trasladará todas las inquietudes al gobierno electo, pero aún prefiere la cautela dado que el mismo sufrirá modificaciones.