NIÑOS

Hijos de empleados públicos que tienen discapacidad no reciben ayudas extraordinarias.

El diputado nacionalista Martín Lema solicitó al Banco de Previsión Social (BPS) que modifique el reglamento que limita el otorgamiento de Ayudas Extraordinarias (AYEX) a los hijos de empleados privados y a los hijos de funcionarios del propio organismo. El pedido del legislador cuenta con el beneplácito de la Sociedad de Pediatría del Uruguay (SUP), una institución que desde 2015 advierte las inequidades que genera esta normativa.

Estas ayudas están destinadas a la rehabilitación de niños y adultos con discapacidad o alteraciones en el desarrollo.

Tras esperar un “plazo razonable” para que las autoridades del BPS estudien una misiva que les envió, el diputado está dispuesto a convocarlas a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. “Esperamos que la respuesta sea positiva. Pero si no tenemos contestación rápida, los llamaremos para intercambiar ideas, no dejaremos de trabajar en esto porque estamos convencidos de que la primera infancia debe tener una política de Estado clara e igualitaria”, adelantó Lema.

“Exhortamos a que el BPS actúe con justicia e igualdad e incluya en la reglamentación a los niños que actualmente están excluidos”, explicó el parlamentario, quien considera que este régimen es arbitrario y discriminatorio.

“La reglamentación solo abarca a los hijos trabajadores, jubilados o pensionistas de la actividad privada, pero deja afuera a los hijos de quienes se desempeñan en la órbita pública, excepto a los hijos de los propios funcionarios del BPS. Esto resulta profundamente injusto”, señaló Lema.

“Que el BPS solo brinde ayuda a la rehabilitación de un sector de niños y no lo haga universalmente y en forma igualitaria, me resulta profundamente injusto. Es un tema de derechos humanos”, remarcó el legislador.
En su misiva al directorio del BPS, Lema recordó que hace años la SUP plantea las inequidades en la atención de niños y adolescentes comprendidos en las Ayudas Igualitarias del BPS. De hecho, la posición de la asociación que nuclea a pediatras fue respaldada por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que el 23 de octubre de 2018 emitió una resolución que señala la responsabilidad estatal por la vulneración de los derechos humanos.

“Nos quedaban pocos pasos para que nos ayudaran con este asunto”, dijo Alicia Fernández, médica pediatra y actual presidenta de la SUP. La organización ya había planteado sus descargos al propio BPS y también a la Institución Nacional de Derechos Humanos.

“Estamos contentos de que un legislador haya tomado este tema que para nosotros es sumamente importante”, destacó y remarcó: “Esperamos que pueda reverse esta inequidad porque todos los niños importan. Apelamos a la sensibilidad del BPS porque de estas ayudas depende la calidad de vida de muchos de ellos”, subrayó.

“El BPS ofrece muchas ayudas, pero debería ser equitativo porque todos los niños valen lo mismo”, sentenció. Y remarcó que en este caso se hacen diferencias, “no solo entre los más pequeños, sino también entre los propios empleados públicos, dado que unos no tienen cómo acceder a estas AYEX” y los funcionarios del BPS sí se contemplan. “De arranque acá hay una inequidad, esperemos que esto se revierta y todo lo que sea para terminar esta injusticia es bienvenido”, concluyó la doctora.

No queda registro de los pacientes que no acceden a las ayudas especiales pero “son muchos los niños que quedan sin recibirlas", dijo Alfredo Cerisola, neuropediatra y expresidente de la SUP. "La mayoría de niños de ASSE no recibe ayudas especiales del BPS y, en el caso del mutualismo, muchos pueden empezar el tratamiento pero dura solo seis meses”, indicó.