Política

El diputado de la Lista 711 Pablo González advirtió sobre posible presión a la Justicia.

El Frente Amplio pidió en el Parlamento que se analicen los antecedentes de juicios políticos a legisladores antes de iniciar el tratamiento del caso del senador Leonardo De León solicitado por el Partido Nacional. En tanto, desde la Lista 711 se pidió postergar el tema hasta que exista un pronunciamiento judicial.

El juicio político contra el legislador fue pedido por el diputado nacionalista Pablo Iturralde en febrero de este año, antes de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitiera su dictamen sobre el uso que le dio a las tarjetas corporativas de ALUR. De acuerdo al organismo, el legislador violó las normas de "probidad y rectitud" a la hora de usar los recursos públicos.

El diputado de la Lista 711 Pablo González solicitó en la Comisión de Constitución y Códigos —del pasado miércoles— que se pidan los antecedentes sobre cómo se trataron anteriormente los pedidos de juicio político en la Cámara. "Nosotros no encontramos ningún paralelo para saber cómo se procedió anteriormente. En el reglamento hay un vacío: no habla de plazos ni de formas. Simplemente, se trata de un escrito que se eleva al Plenario, que debe fallar a favor o en contra", señaló el diputado del grupo del exvicepresidente Raúl Sendic, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

De acuerdo a lo que establece la Constitución, el juicio político se puede iniciar por delitos graves como peculado y abuso de funciones. Según Iturralde, De León cometió un delito de peculado y es obligación del Parlamento iniciar el juicio político.

En la opinión del diputado González no se debería abrir ahora el debate político sobre De León, sino que se tendría que esperar un fallo judicial.

"Estamos a la espera de la vista del fiscal. Entonces, generar un debate sobre el tema, de una u otra manera, podría significar algún tipo de presión sobre la decisión que está tomando la Justicia", advirtió. De todos modos, el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) propuso mantener el tema dentro del orden del día, "para que se sepa que la Comisión no es omisa ante un planteamiento formal realizado por un legislador sobre un tema delicado".

"Vamos hacia lo que ha solicitado el señor diputado Pablo González, en nombre de la bancada del Frente Amplio, en cuanto a la búsqueda de antecedentes. Si se entiende conveniente el aporte de constitucionalistas, planteo que formula el diputado Iturralde para brindar sus opiniones técnicas en la materia, creo que sería pertinente", afirmó Mahía. Por lo que a pedido del colorado Ope Pasquet todos los partidos acordaron contar con la opinión de los expertos antes de definir los pasos a seguir en el juicio político a De León.

Con respecto a la posibilidad de un pedido de desafuero por parte de la Justicia, la Lista 711 aclaró que "nunca fue invocado" el tema de los fueros por parte del senador.

El diputado González aseguró que "De León se presentó todas las veces que fue citado a la Justicia (...) No declaró por escrito, como podría haberlo hecho y en ningún momento fue pedido por el fiscal levantar los fueros. En el momento que se hace, se hace automáticamente, porque el senador no quiere hacer uso de los mismos. Quería que esto quedara claro, si no ronda en este debate un tema que no estaba planteado como obstáculo", aseguró González. A nivel judicial se espera que el fiscal Luis Pacheco se expida en breve sobre el tema.

Los juicios políticos más cercanos fueron los de los exdiputados frenteamplistas Leonardo Nicolini y Carlos Pita. Los casos no pasaron por Comisión y fueron "directamente al Plenario", aseguró el diputado nacionalista Pablo Iturralde.

Según dijo, el desarrollo del juicio político es diferente al desafuero de los legisladores.

El levantamiento de fueros es transitorio, hasta tanto se resuelva el asunto. Sin embargo, en el juicio político los parlamentarios tienen la potestad de dar comienzo a una acción acusatoria cuando se entienda que existe violación de la Constitución o se haya cometido un delito grave. El juicio político se puede tramitar primero en la Comisión de Constitución y Códigos o directamente en el Plenario de la Cámara. Para Iturralde se debería seguir el primer camino a fin de establecer mayores garantías.