Publicidad

Petit y la crisis de las cárceles: “Es un hospital después de un terremoto, quedó desbordado”

Compartir esta noticia
Juan Miguel Petit
Juan Miguel Petit.
Foto: Archivo/El País

COMISIONADO PARA EL SISTEMA CARCELARIO

Juan Miguel Petit mira con preocupación el crecimiento de la población reclusa y el impacto de las organizaciones criminales

Juan Miguel Petit lleva cinco años como principal asesor del Parlamento en temas carcelarios, pero más de dos décadas como operador y ha visto evolucionar el sistema. Mira con preocupación el crecimiento de la población reclusa y el impacto de las organizaciones criminales, como remedio propone una batería de medidas par mejorar la convivencia. Entres sus principales recomendaciones al cuerpo legislativo está el tratamiento de las adicciones.

En dos décadas el sistema penitenciario uruguayo cambió drásticamente. En ese período Petit ha sido testigo de esos cambios en distintos cargos, a nivel local e internacional. Su amistad con el abogado austríaco Manfred Nowak, el principal referente en el mundo y titular de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, le permitió conocer de primera mano los peores y mejores sistemas penitenciarios del mundo.

Como comisionado parlamentario desde 2015 ha visto, también, lo peor y lo mejor del sistema uruguayo. En su despacho hay dos libros, entre muchos otros, que son sus guías permanentes: El futuro de las prisiones, de Norval Morris; y la Historia de las cárceles, de Juan Carlos Gómez Folle. Dice que después de estos cinco años tiene “más preguntas que respuestas”. Para Petit asomarse al universo carcelario ha sido la posibilidad de echar una mirada “a lo más hondo de la condición humana”.

-¿Con todo ese bagaje de conocimientos sobre el sistema carcelario, lo ha visto evolucionar, qué opinión tiene de su estado actual?

-El sistema ha evolucionado, ha tenido y tiene transformaciones. Creo que además, como en toda política pública, este es un problema que se puede solucionar de lo contrario no tendría sentido. Muchas veces me dicen, bueno, pero cada vez que se habla de cárceles se habla de los problemas, como que esto es siempre lo mismo. No, no es siempre lo mismo, hay cosas nuevas, hay cosas diferentes y hay muchas que se pueden hacer. Yo conocí el sistema tradicional, a partir del año 2001 cuando empecé a trabajar en el Centro Nacional de Rehabilitación íbamos sobre todo al Comcar pero también a Libertad y a Canelones a entrevistar personas para ir a esa cárcel piloto, personas que estuvieran en condiciones de egresar. O sea que conocí el sistema tradicional, conocí los esfuerzos de gente como Óscar Ravecca, a quien siempre hay que recordar. Pero no hay dudas que ahí empezó un proceso de transformación, creo que ese proceso está abierto porque todavía Uruguay está lejos de alcanzar el nivel de respuesta de rehabilitación, terapéutica y educativa que nos debemos como país. Las cárceles todavía no tienen el nivel de desarrollo que tiene el Uruguay, son todavía y en el informe lo digo, son todavía un sub Estado, son un Uruguay que no está en 2020, están en otra época, no podría precisar cuál, pero claramente no están en 2020.

-Lo que más parece trasuntar los muros de las cárceles son los niveles de violencia sostenida, en sus extremos con los homicidios entre reclusos y los suicidios, ¿cómo hacer frente a ese problema?

-Nuestra oficina creo que hizo un aporte cuando en los informes anuales empezó a cuantificar e investigar todas las muertes en prisión. Hoy el debate, el tema de las cárceles está en la agenda pública, creo que eso es un gran avance. El principal factor para resolver un problema es saber que ese problema existe, creo que parte del fenómeno en Uruguay fue el haber convivido durante muchos años sin tener conciencia de ese problema, hoy tenemos discusiones sobre cómo se resuelven muchos de esos aspectos, el tema está arriba de la mesa, estuvo presente en la campaña electoral con más fuerza que nunca. Repasamos la prensa de estas últimas semanas y está muy presente, creo que nuestra oficina ha colaborado a poner sobre la mesa el tema de la cantidad insólita de presos que tiene Uruguay, está entre los países que tienen más presos de América del Sur, después de Brasil, y después el tema de las muertes en prisión. Pero creo que todavía tenemos que dar pasos importantes para incorporar respuestas de política pública, lo que nos permite resolver las dificultades es la institucionalización, que haya políticas sólidas y permanentes, eso requiere de acuerdos, acuerdos que en este tema no están del todo claros cuáles son las líneas que como país quiere llevar adelante.

-¿Cree Ud., como se señala en forma recurrente, que existen una falla central en la clasificación de la población carcelaria?

-La clasificación es una de las tantas ideas a las que nos agarramos con la angustia de no entender el fenómeno del delito y la transgresión. Después de cinco años de estar acá tengo muchas más preguntas que respuestas, muchas más preguntas que las que tenía antes. La clasificación es uno de los grandes temas que se plantea desde el año 1955, en el congreso de Naciones Unidas contra el delito, la clasificación como un principio de ordenación de la rehabilitación. Yo no digo que esté mal, está bien, hay que clasificar, desde lo más grosero: hombres para un lado, mujeres para el otro, preventivos por un lado, condenados por el otro, primarios, reincidentes, jóvenes, mayores. Cosas evidentes en las que la clasificación permite un ordenamiento, pero clasificar a los privados de libertad es como clasificar a las personas, hay casilleros muy grandes y muy variados, hay muchísimos, y además hay unos cuantos en los que las ciencias del comportamiento todavía tienen una enorme cantidad de misterios no resueltos. Mirar adentro de una cárcel es un viaje al interior de la condición humana y sobre eso el que más sabe no sabe nada, es un aprendizaje permanente.

-Durante su trayectoria conoció experiencias muy avanzadas, sistemas muy sofisticados como los de Suecia o de Reino Unido, ¿esos modelos pueden ser aplicables en nuestra realidad?

-Yo tengo varios apuntes, no me animaría a decirles ni siquiera conclusiones, uno es que la cantidad de recursos y la tecnología de última generación no lo son todo. He visto cárceles en siete u ocho países, una de las peores cosas que vi fue en Grecia en un centro de detención para migrantes, un edificio arquitectónicamente espectacular, todo de vidrio, moderno, todo de última generación, cámaras, puertas automáticas, salones para reuniones protocolares y de trabajo. Pero cuando entraba en la parte de privación de libertad encontraba un régimen, unas condiciones de vida y encierro realmente muy duras, la gente estaba en una celda y no salía de ella, era como la nave del fin del mundo. Entonces, en Uruguay mismo hay cosas muy interesantes, justamente donde se genera convivencia, puedo nombrar las cárceles de Juan Soler, Salto, Punta de Rieles, Durazno, Paso Ataques en Rivera, Campanero en Minas, donde a veces con pocos recursos se logra realmente convivencia. Porque lo que frena la violencia es la buena convivencia, es la que tiene derechos humanos, que parece una palabra que suena mucho a política y jurídica, pero no es más ni menos que lo que tenemos en el corazón, es lo que nos diferencia como seres, como personas tenemos cultura, salud, educación, convivencia, familia, trabajo. En las realidades donde no está eso, ya sea en una cárcel o en un barrio, surge la violencia. Si pudiéramos escanear el tejido social del país, como una tomografía que quiere detectar tumores, nos saldría una tomografía con una cantidad de manchas, algunas en algunas cárceles donde hay mala convivencia y muchas en estos barrios donde sabemos que hay malas condiciones de vida y mucha violencia.

Juan Miguel Petit. Foto: Marcelo Bonjour
Juan Miguel Petit. Foto: Marcelo Bonjour

-¿No cree usted que, precisamente, las organizaciones criminales que ejercen un liderazgo en las cárceles y en esos barrios conspiran contra esa convivencia?

-Esto es como el agua del río que tiene que ser depurada o filtrada para ser potable. Si lo que entra, si el caudal humano que entra a la cárcel no es filtrado, tratado, recordemos que la palabra tratamiento viene de un acuerdo entre actores civiles y políticos, se dice que una cárcel es humana cuando hay, precisamente, tratamiento. Cuando no hay tratamiento todo lo que viene de afuera entra y se potencia, porque las condiciones de adentro lo van a potenciar. El gran problema que tenemos, creo yo, es que tenemos un sistema gigante e inmanejable, cuando se conforman grupos el sistema no tiene la capacidad de filtrar esa violencia, esa organicidad criminal que se potencia en la cárcel. Entonces la cárcel es eficiente cuando puede intervenir sobre lo específico que se necesita, hablamos de casos extremos entre los privados de libertad, por ejemplo los delitos sexuales o vinculados al no control de la ira, delitos de violencia doméstica o familiar, todos tienen un interés específico. Cuando tenemos una masa que se desborda es como un hospital después de un terremoto, está absolutamente desbordado. A mí me desespera recorrer las cárceles y ver a personas, día tras día, por delitos leves, estoy hablando de hurtos, hurtos agravados que basta con que sea más de uno para volverlo agravado, que deberían tener otra respuesta. Por supuesto que los caminos por los cuales se llega a la cárcel son muy distintos. Lo que está claro es que si pudiéramos reducir a la mitad la reincidencia tendríamos miles de delitos menos, miles de traumas menos, miles de familias golpeadas menos. No sabemos cuántas vidas se pueden salvar, pero hay que intentarlo.

“Nuestra relación con los presos es muy fluida”

-Los privados de libertad suelen ser muy demandantes por distintas razones, ¿cómo es la relación del comisionado con los reclusos?

-En nuestra oficina somos once personas, el titular y siete asesores, y tratamos de que sea una oficina que esté muy presente en el terreno, hacemos unas 80 a 90 visitas por mes, recorremos mucho. Hemos desarrollado un protocolo para levantar información, porque justamente tratamos de que, y eso es lo más importante, tratamos de calificar cada centro según su cumplimiento o no de las reglas mínimas de Naciones Unidas, y para poder hacerlo, para que no sea solamente una opinión del titular de la oficina, elaboramos un protocolo con cantidad de dimensiones de cada lugar, condiciones edilicias, hacinamiento, educación, trabajo, rol educativo-pedagógico de los funcionarios, clima de convivencia, salud, alimentación, salud mental y adicciones. Básicamente tenemos siete dimensiones que luego abrimos y cada una de ellas tiene otros 13 o 14 indicadores, esa planilla la hacemos periódicamente. Esa es una modalidad de intervención, después recorremos mucho y hablamos mucho, vamos a las actividades, hablamos mucho con los funcionarios, hablamos con los responsables, hay una relación muy fluida. En el siglo XXI no puede haber políticas de seguridad pública sin resolver la cuestión penintenciaria, por la posibilidad de trabajar con la gente que está privada de libertad y con sus familias, porque ahí tenemos 12 mil presos, pero tenemos una cifra no cuantificada que no debe bajar de 15 mil personas, niños y adolescentes con sus referentes presos. Para un niño chico ir a visitar al padre o al tío a la cárcel es una adversidad sobre la cual hay que trabajar.

Una justicia terapéutica “para cortar de raíz”
Juan Miguel Petit. Foto: Marcelo Bonjour

-Entre los planteos y recomendaciones que hizo al Parlamento para mejorar el sistema se refiere a la Justicia terapéutica, ¿podría explicar en qué consiste?

-Justicia terapéutica se les llama a las Cortes especiales, por ejemplo en Estados Unidos ya hay, las hay en Centroamérica. Se trata de Juzgados que analizan delitos por drogas, se organizan de manera distinta según los sistemas judiciales, pero básicamente es en que si alguien delinquió debido a su adicción no va a la cárcel sino a un centro de tratamiento. Entonces de lo que se trata es de cortar el camino de esa persona que empieza a robar, empieza a llevarse cosas de su casa, cosas de su familia, va preso por pequeños hurtos. Del hurto pasa a la rapiña, y un día la rapiña termina en un homicidio, queriendo o culposamente. Lo que se busca es cortar de raíz ese camino y que la persona que a los 18 o 19 años comete un delito leve no vaya a la cárcel sino que vaya a un centro que le trate la adicción. La persona queda privada de libertad, pero va a un centro de tratamiento, donde va a tener una presencia médica de rehabilitación, con un marco físico adecuado, personal adecuado. Eso es un tema que se ha hablado en varios congresos acá, la Asociación de Magistrados lo ha apoyado, creo que la Suprema Corte podría ver en los lógicos avances de la administración de justicia.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Juan Miguel Petit

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad