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Pases en comisión: un polémico régimen que sigue vivo tras seis décadas de debate

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Parlamento Uruguay. Foto: Gerardo Pérez

TRASLADOS DE FUNCIONARIOS

Hay casi 1.900 pases en comisión en el Estado, pero los controles son casi inexistentes.

El debate de los pases en comisión es uno de esos temas que, casi por arte de magia, vuelve en forma sistemática cada cierto tiempo. Es un régimen que nació hace más de 60 años, con una ley de 1953 cuando el colorado Andrés Martínez Trueba presidía el Consejo Nacional de Gobierno, y fue regulado en sucesivas leyes y decretos. Además, es parte de la complejidad del sistema uruguayo y hoy, según coinciden desde todos los partidos, casi inviable de desterrar. “Está de moda el tema”, admite Alberto Scavarelli, director de la Oficina de Servicio Civil desde marzo de 2015, cuando el presidente Tabaré Vázquez inició su segundo mandato.

Scavarelli ya vivió varios de esos debates porque fue prosecretario de Presidencia en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti entre 1995 y 2000. Tiene claro que, al poco tiempo, estas discusiones mueren y todo sigue como estaba. De hecho, el director está en contra de que se elimine el régimen, aunque quizás haya legisladores o ministros que lo usen mal, porque piensa que el instrumento es “poderoso” y útil aplicado como la ley establece (ver entrevista aparte).

Esta vez el debate se volvió a plantear esta semana, después que el programa radial No toquen Nada de Del Sol FM informó que el senador y candidato a presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, pidió en 2015 el pase a comisión desde el Ministerio de Ganadería del periodista Jaime Clara, quien hoy no cumple el horario de seis u ocho horas del organismo por el que fue contratado en 1995, sino que es asesor y realiza trabajos puntuales sin un horario fijo.

Pero el caótico mundo de los pases en comisión es muy amplio: el último informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, cerrado a fines de 2018, registró un total de 1.895 pases, lo que implica un aumento respecto a 2017, cuando se registraron 1.754 casos. Presidencia es el inciso que tiene más pases con 462 casos, pero si se cuenta todo el Poder Ejecutivo acapara el 45,2% de las comisiones. Luego viene el Poder Legislativo con 460 pases (24,3%).

Un pase en comisión es, ni más ni menos, que el traslado de un funcionario desde un organismo a otro, para la asistencia directa a un ministro, subsecretario, intendente, legislador, o incluso al presidente o al vicepresidente de la República. El sistema es preceptivo: los jerarcas o legisladores piden y en forma obligatoria el organismo receptor del pedido debe aceptar el pase. Los empleados mantienen el sueldo original del organismo por el que fueron contratados. El mecanismo es legal, solo a pedido de los interesados.

Claro, el panorama es muy variado. Algunos trabajan en los despachos y oficinas. Otros hacen asesorías puntuales. Incluso si un funcionario no trabaja y está en su casa, es difí- cil de controlar, admite Scavarelli. “Si un ministro o un legislador pide a un funcionario en comisión y lo tiene durmien- do en la casa, pero informa que ha cumplido bárbaro, se le pa-ga el sueldo”, explica el fun- cionario.

La verdad es que casi no hay controles, más allá de que desde hace algunos pocos años se estableció que una vez por mes el que pidió el pase debe reportar al organismo de pertenencia que esa persona cumple la tarea que le encomendaron.

El PI denuncia una “campaña malintencionada”

La Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente (PI) aprobó anoche una declaración que dice que existe “una campaña malintencionada” en redes sociales, cuestionando el pase en comisión del periodista Jaime Clara a disposición del senador Pablo Mieres. El objetivo es desprestigiarlos “de manera infundada, buscando ocasionar un daño electoral”, dice el comunicado. Agrega que el vínculo entre Clara y Mieres es “ajustado a la ley y a los criterios éticos”. Y concluye: “Nadie ni nada nos hará callar en nuestra lucha contra la corrupción y los acomodos”. En una entrevista en No Toquen Nada, Mieres admitió que está abierto a estudiar cambios en el sistema actual.

El candidato colorado Ernesto Talvi fue más allá y la semana pasada dijo que deberían eliminarse los pases en comisión ya que considera que son una "patología que tiene el sistema uruguayo". En conferencia de prensa, Talvi dijo que lo ideal es que los parlamentarios tengan cuadros técnicos permanentes y rentados como sucede en Europa, pero eso no es posible porque el financiamiento actual de los partidos políticos no lo permite, indicó. “Vamos a tratar de terminar con estos vicios que nacen por la forma en la que los cargos se asignan en política", prometió Talvi.

Lo mismo afirma el candidato a senador nacionalista Juan Sartori, quien ha prometido que promoverá recortar los privilegios en el Parlamento, como los pases en comisión y las partidas de prensa.

"Una sangría".

Casi igual que Scavarelli, Ruben Correa Freitas -director de la Oficina de Servicio Civil en los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1990-1995)- dice que discutir el tema es gastar “pólvora en chimangos”, porque lo habitual es que se critique el sistema y “todo siga igual”. Correa opina que el instituto es “bueno” pero los fallos vienen por el “mal uso”. La eliminación de los pases en comisión es una opción, dice Correa, pero traería muchos problemas. Más lógico sería, a su juicio, acotar el sistema y dejarlo para casos excepcionales. “Yo creo que esto es un tema político de cada gobierno”, opina Correa Freitas.

Algo parecido opina Conrado Ramos, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) desde 2007 hasta agosto de 2010 en el final del primer gobierno de Tabaré Vázquez y al inicio del de José Mujica. Director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República y asesor del Partido Independiente, dice que hay que limitar el régimen “al máximo” y evitar que “se premien militantes” porque “hay una sangría” y “al ser tantos, no se sabe bien cómo se usan”. Hoy los ministros pueden tener hasta 10 funcionarios en comisión en forma simultánea, los subsecretarios no más de cinco, igual que los legisladores. En Presidencia no hay límite. El plazo del traslado se extiende por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formula la solicitud.

En el caso del Parlamento, Ramos opina que la transferencia de funcionarios “es absurda” porque cree que el Legislativo debería tener su propio presupuesto para asesorías legales y reforzar las capacidades técnicas con unidades de apoyo a parlamentarios. “Porque hoy se desviste un santo para vestir a otro”, critica Ramos.

Daniel Mesa, subdirector de la OPP al inicio del primer gobierno de Vázquez entre 2005 y 2007 y luego hasta 2010 responsable de la unidad de Presupuesto del Ministerio de Economía, dice que cuando lideró la propuesta de reforma del Estado ni se planteó entrar a modificar los pases en comisión porque los considera un mal menor. “Es una práctica arraigada hace tiempo, un factor más que contribuye al caos del Estado”, opina Mesa. Y agrega: lo peor es “que no hay controles” y “se distorsiona todo”.

Tres preguntas a Alberto Scavarelli
Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil

1. ¿Habría que pensar en eliminar el régimen de los pases en comisión en el país o eso no es necesario?

No estoy de acuerdo. Cosas muy útiles, terminan siendo golpeadas por el abuso. Tendríamos que preocuparnos por los que lo usan mal, no por matar el instrumento. Pero el pase en comisión es enriquecedor, incluso para el organismo que lo da. Es un instituto que puede ser repulsivo porque puede ser pedido para que no trabaje o para que haga tareas que no cumplen las exigencias del lugar de origen. O también puede ser un individuo esencial para el lugar donde va a prestar el servicio.

2. ¿Se han establecido controles para los pases en comisión, y evitar así los abusos en el Estado?

El pase es preceptivo: el que lo pide tiene derecho a que no se le niegue. Pero en una de las últimas Rendiciones de Cuentas se aprobó que el que pidió el pase en comisión debe reportar en forma mensual al organismo de pertenencia que esa persona cumple fielmente la tarea que le encomendaron. Eso debe llegar en forma obligatoria y es responsabilidad del que lo pidió. Nuestro proyecto era que no se podía pagar el sueldo si no llegaba ese informe, pero finalmente no salió así.

3. ¿En los hechos hay diferencias en los controles en el Poder Ejecutivo respecto al Poder Legislativo?

Yo tengo funcionarios en comisión del Banco Central, donde hacían ocho horas, y debo reportar que acá cumplen ocho horas. Pero el legislador, que se mueve con otra laxitud y menos registro, si informa que cumple a satisfacción la tarea, es responsabilidad de él. Si un ministro o un legislador pide a un funcionario en comisión y lo tiene durmiendo en la casa, pero informa que ha cumplido, se le paga el sueldo. Cada cual mide el nivel de cumplimiento, pero nadie puede controlar a un legislador.

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