COMITÉ CENTRAL

El Partido Socialista definía ayer de noche si desafiliaba o no de su padrón a la directora en representación de los usuarios en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Natalia Pereyra, luego de ser denunciada por un conjunto de irregularidades en su gestión.

El Comité Central del Partido evaluaba a última hora de ayer a través de una reunión por Zoom, el futuro de la jerarca en la colectividad política, luego de recibir un informe de la comisión de disciplina.

El secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, dijo ayer a El País que si bien ya conocían el informe, no habría una decisión “hasta que el comité central lo resuelva”. La situación ocurre luego de que el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada denunciase ante la Fiscalía que la directora social retuvo un porcentaje de los sueldos de dos de sus adjuntos y de su secretaria personal durante tres años (2016-2019). Según la denuncia, ella decía que la plata sería transferida al movimiento, pero esto nunca sucedió. Si bien la jerarca aporta el 20% de su salario a la organización del orden que ella representa (por estatuto) en el directorio, percibía $ 33.500 extras por mes por parte de sus subalternos.

Luego de una serie de indagaciones, la organización detectó que la directora percibía $ 15.000 de cada uno de sus dos adjuntos y alrededor de $ 3.500 de su secretaria a nombre del movimiento. Con el correr del tiempo se estima que la cifra obtenida por ella sería de $ 1.200.000. La maniobra quedó al descubierto cuando esta secretaria, que había sido designada por los usuarios, encontró que el dinero que entregaba a su jefa no iba a parar a las cuentas bancarias correspondientes.

A fines del año pasado cuando El País informó que la jerarca había sido desvinculada del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, la propia Pereyra denunció una “operación” en su contra por parte de algunos miembros de este grupo.

“Es parte de una chicana”, expresó Pereyra en su momento a El País, quien prefirió no entrar en detalles sobre la acusación de los usuarios dado que el caso se encuentra el la órbita de la Justicia.

Entre otras cosas, Pereyra explicó que hay quienes buscan inhabilitarla para futuras postulaciones a cargos electivos y para que pierda “legitimación”.