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El Parlamento bajó cortina, a falta de cuatro meses para fin de año

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Ejército Nacional. Foto: Cámara de Diputados.

CIERRE DE LA LEGISLATURA

Aún no se aprobó la ley del alcohol, pedida por el presidente Vázquez.

Ayer se cerró el último período de la actual Legislatura. Eso quiere decir que, si no hay sesiones extraordinarias, las próximas serán con el futuro gobierno, a partir del 15 de febrero.

La Constitución establece que en el año electoral las Cámaras dejan de funcionar en forma regular el 15 de septiembre. Y así sucedió. De todos modos, algunas comisiones seguirán sesionando.

Al cierre de la Legislatura, con desfile como prevé la Constitución, no asistió la vicepresidenta Lucía Topolansky, quien está enferma, y la sustituyó la senadora Patricia Ayala.

Es la primera vez que dos mujeres, con la diputada Cecilia Bottino, titular de la Cámara de Representantes, encabezaron el desfile de cierre del Parlamento. Muchas leyes fueron aprobadas de apuro, a último momento, pero otras quedaron por el camino a la espera de nuevas sesiones.

El funcionamiento del Parlamento permite la fijación de sesiones extraordinarias inclusive hasta el día de asunción de los nuevos legisladores, que será el 15 de febrero de 2020. Pero la intensidad de la campaña electoral, a medida que pasen las semanas, lleva a pensar que cada vez será más difícil juntar firmas y hacer quórum en sala.

En la despedida, la presidenta de turno de la Asamblea General dijo que quedaron pendiente algunos proyectos, como la aprobación de la Universidad de la Educación (UNED) en cada departamento y la ley de contralor del consumo problemático de alcohol.

El Senado tiene previsto reunir se esta semana, el miércoles 18, para aprobar algunos proyectos de ley que le llegaron desde Diputados con modificaciones.

Uno de los proyectos más relevantes que se quiere sancionar por parte del oficialismo es el que pidió el presidente Tabaré Vázquez relativo a la implementación de controles sobre el consumo problemático de alcohol. Por lo que han conversado los legisladores, es casi un hecho que se termine de estudiar en comisión y se apruebe después de las elecciones, en sesiones extraordinarias.

Por otra parte, no parecen estar entre las prioridades del oficialismo los proyectos sobre permitir el voto desde el exterior, la creación del Ministerio de Cultura y la iniciativa por la que se crea en el Código Penal (CP) la figura del enriquecimiento ilícito.

En esta última semana se tomó resolución sobre varios proyectos de ley.

Por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó -sin los votos del Partido Independiente- la ley de gestión integral de residuos y fue enviada al Poder Ejecutivo para su inminente promulgación.

Acompañando esta ley, Diputados agregó una minuta de comunicación donde le pide al Poder Ejecutivo que en la reglamentación especifique que los fondos recaudados por Imesi no pueden ser absorbidos por Rentas Generales.

Cannabis

Diputados también aprobó el proyecto de ley de acceso al cannabis medicinal y terapéutico. Fue enviado a la Cámara de Senadores para su aprobación.

Respecto al cannabis medicinal, la ley declara de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar el acceso a la salud pública mediante productos de calidad controlada en base a esa sustancia y creándose el Programa Nacional de Acceso al Cannabis de uso Medicinal y terapéutico.

El programa dependerá del Ministerio de Salud Pública y funcionará en la Dirección General de la Salud, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la inclusión del cannabis medicinal y terapéutico en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Asimismo, se votó por unanimidad un proyecto de ley por el cual se establece la igualdad y la no discriminación de las mujeres por razones de género. Otras leyes que la Cámara de Diputados sancionó son la ley de emprendurismo, la ley que contiene nuevas normas para el tránsito y también la reforma de la Caja Notarial, que es la última de las paraestatales en ser adecuada a las nuevas disposiciones que impuso el gobierno.
Se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto por el cual se establecen normas para la implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud, con el objetivo de mejorar su eficiencia, calidad e incrementar su cobertura.

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