PODER LEGISLATIVO

Comenzó el mes de septiembre, el último del período de sesiones de la actual Legislatura, que en año electoral finaliza este domingo 15 de acuerdo con la Constitución.

En los papeles habrá tiempo para legislar desde fines de noviembre hasta el 1° de febrero y esa es la intención del gobierno de Tabaré Vázquez, ya que se puede levantar el receso y fijar sesiones extraordinarias. Pero cuesta imaginar que se puedan reunir las dos cámaras para aprobar leyes.

Por eso, esta quincena es crucial. Puede haber nuevo gobierno y con ello las metas del próximo se definirán en los meses de transición, entre diciembre y fines de enero. Si se mantuviera el Frente Amplio (FA) en el poder, quizás sería más fácil de juntar su mayoría y convocar a los plenarios.

Pero la bancada del FA hoy ya tiene definidas las prioridades que impulsará en estas dos semanas, en medio de la campaña electoral. Las sesiones ordinarias del mes que se inicia serán los martes 3 y 10 y los miércoles 4 y 11.

Para el oficialismo es esencial aprobar el proyecto de ley de organización del sistema penitenciario, que implica el pasaje de los establecimientos de reclusión a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. También, la ley sobre primera infancia, la actualización de la ley que regula el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior, la ley de gestión integral de residuos y la ley sobre el consumo problemático de alcohol.

Esas son sus prioridades. Sin embargo, no figura en esa categoría la ley que implementa el voto consular (que parece no tener el apoyo de todos los partidos políticos), ni la que establece la creación del Ministerio de Cultura, separándolo de la actual cartera de Educación y Cultura.

Tampoco el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantea que la búsqueda de detenidos desaparecidos se traslade al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). El mismo será aprobado en comisión esta semana en el Senado y después enviado a Diputados. Otro de los proyectos que interesa aprobar es el que penaliza severamente el enriquecimiento ilícito de las personas con responsabilidad política. Se encuentra en la comisión de Constitución y Códigos de Diputados, donde los representantes Ope Pasquet y Daniel Radío han pedido que se incorpore a la agenda de septiembre.

La coordinadora de la bancada oficialista en Diputados, Susana Pereyra, dijo que es posible que se convoque a sesiones extraordinarias con las 50 firmas de los legisladores del Frente Amplio para seguir trabajando, antes o después de las elecciones.

Desde el punto de vista del interés popular, uno de los proyectos que más comentarios recoge es el del control del consumo abusivo del alcohol.

El proyecto original está en el Parlamento hace más de dos años y ha pasado de comisión en comisión, y del Senado a Diputados, aprobado, pero sin un consenso.

El propio presidente Tabaré Vázquez le pidió a la bancada oficialista hace dos meses que fuera prioridad porque es uno de los puntos altos de su gestión, tal como lo fue en su momento el combate al tabaquismo. Una de las prioridades de este proyecto es defender a los adolescentes del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Según se anunció, hay 261.000 personas con dependencia y uso problemático de bebidas alcohólicas en Uruguay. Y en la población joven, siete de cada 10 de quienes consumieron alcohol tuvieron al menos un episodio de intoxicación en los últimos 15 días.

El proyecto prevé crear en la órbita del Ministerio de Salud Pública un registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas, que abarque a toda persona física o jurídica.

Además prohíbe vender a menores de 18 años, y para toda la población desde la medianoche hasta las seis de la mañana.

El proyecto también plantea que solo podrán comercializar las bebidas alcohólicas quienes estén inscriptos en el registro. Se establece la prohibición de concursos, torneos y espectáculos públicos que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, con excepción de la cata.