UNA FUGA COMPROMETEDORA

En sus nueve años como ministro del Interior, a Eduardo Bonomi le pidieron innumerables veces que renunciara al cargo. Pero no lo hizo, respaldado por el Poder Ejecutivo. El martes 9, en el Senado, la historia se repitió por enésima vez: los senadores Javier García y Pedro Bordaberry le imputaron responsabilidad política al ministro cuando concurrió a la comisión de Seguridad y Convivencia por la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, sugiriendo que abandonara el cargo.

Bordaberry, incluso, le recordó que omisiones como la del llamado caso Gavazzo derivaron en la destitución del ministro de Defensa, el subsecretario, el comandante en jefe y varios generales del Ejército.

“¿No hay ninguna responsabilidad política en esto? ¿No hay que remover al responsable político por estas cosas? ¿No son graves todos los avisos que hubo en la previa y lo que pasó?”, preguntó el senador colorado, según consta en la versión taquigráfica de la reunión.

Por la fuga y todo lo que rodeó al episodio, Bonomi repartió responsabilidades al Poder Judicial y a la entonces directora de la ex Cárcel Central, aunque afirmó que “en última instancia la responsabilidad política la tiene uno”.

“Ahora, cuando uno tiene esa responsabilidad, lo que tiene que hacer es mirar qué es lo que pasó y ver, no la responsabilidad política, sino dónde está la responsabilidad concreta. Eso es lo que estamos haciendo y después que termine la investigación veremos”, dijo en la comisión.

García se quejó de que “cuando pasan las cosas el responsable siempre es un funcionario de segunda”, y preguntó: “el ministro y el director de la Policía nacional ¿no son responsables de esto? Nadie dice: ‘Yo me hago cargo; no, le echo las culpas a un funcionario de segunda?”.

En su comparecencia, el ministro hizo imputaciones al Poder Judicial. “Nosotros sabíamos quién era Morabito, hacía dos años que lo teníamos; ahora, una demora de dos años para resolver la extradición no nos parece adecuado con la peligrosidad” del sujeto, indicó.

Y también para la directora de la ex Cárcel Central, Mary González, que tras el episodio quedó sumariada, con separación del cargo y con medio sueldo menos por mes. “La directora del Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación recibió la información de que se retiraba el DVR. Al menos a nosotros no nos pidió la sustitución del DVR. Tampoco conocemos medidas alternativas para suplir el retiro de las cámaras, aunque sí se le informó que eso debía hacerse”, acusó Bonomi. Quiso decir que ella es responsable de no sustituir las cintas para grabar los movimientos que se efectuó en el marco de una investigación por supuestos malos tratos.

Bonomi informó a los senadores que Morabito pidió que lo trasladaran de la ex Cárcel Central a las instalaciones de la Guardia Republicana, donde en ese momento estaba bajo custodia también esperando la extradición, el narco mexicano Gerardo González Valencia, acusado de integrar la banda “Los Cuinis”.

“Morabito solicitó a la Guardia Republicana (el traslado) para estar junto a González Valencia, líder narcotraficante y mafioso de México. Obviamente, ese traslado era pedido para intentar una fuga de dos líderes del narcotráfico. Por lo tanto, fue negado. Era al único lugar donde se lo podía trasladar porque había un acondicionamiento que hacía posible, de acuerdo a la normativa, que fuera para ahí”, relató.

Entonces se decidió volver a recluirlo en un lugar apartado en el penal de Libertad, pero dijo el ministro que se tiene la hipótesis de que “se avisó, a quienes se fugaron, que al otro día iban a ser trasladados para que adelantaran esa posible fuga. Esto es una hipótesis y no podemos darlo como cerrado”, dijo Bonomi.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) negó la responsabilidad que le atribuyera el ministro Eduardo Bonomi en cuanto a que no se había informado sobre la cantidad de casos en que se utilizó el sistema de espionaje El Guardián en los dos últimos años porque la corporación no había designado a quien recibiera la información. La SCJ señaló que “el 8 de mayo de 2017” designó a su Secretario Letrado, Gustavo Nicastro” y que se le comunicó a Interior ocho días después.