Críticas retroactivas

Oposición duda que Aratirí gane y fustiga a Mujica

Larrañaga convoca a Nin Novoa; Bordaberry advierte que el juicio será caro.

Larrañaga convocó a Nin Novoa al Parlamento y Bordaberry avisa que ningún juicio está ganado de antemano. Foto: Archivo
Larrañaga convocó a Nin Novoa al Parlamento y Bordaberry avisa que ningún juicio está ganado de antemano. Foto: Archivo

La oposición considera que hay pocas posibilidades de que Zamin Ferrous (grupo que impulsó el proyecto Aratirí) gane su diferendo con el Estado uruguayo, pero advierte que aun si este sale airoso deberá afrontar grandes gastos y lidiar con la incertidumbre que trae la espada de Damocles que supone la demanda por US$ 3.356 millones que entabló la empresa con intereses mineros. Zamin Ferrous sostiene que hubo un cambio en las reglas de juego que hizo inviable su proyecto, que supuestamente iba a transformar a Uruguay en un importante exportador de hierro.

El senador nacionalista Jorge Larrañaga ya le planteó al canciller Rodolfo Nin Novoa que comparezca en la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores para informar sobre el tema, lo que seguramente ocurrirá en los primeros días de setiembre. El legislador blanco quiere consultarle a Nin Novoa sobre quién asumirá la defensa de la posición uruguaya y los costos asociados. Larrañaga consideró que en su momento, cuando se aprobó la ley de Minería de gran porte, hubo "muchísima improvisación" pero agregó que "no voy a hacer ningún comentario que pueda fragilizar los intereses del país, nada que pueda ser utilizado por quien demanda". "Nadie puede querer que resulte perdidoso el país", dijo Larrañaga a El País.

Argumentos.

El senador colorado Pedro Bordaberry dijo que "avisamos 200 veces que era una empresa complicada" pero no advierte elementos para que Zamin Ferrous pueda lograr demostrar que hay responsabilidad del Estado en los perjuicios que pudo sufrir. Según Bordaberry, Zamin Ferrous no puede argumentar que fue perjudicada porque se modificó el emplazamiento del puerto de "aguas profundas" ya que la Constitución establece que es el Parlamento el que puede determinar por ley el emplazamiento de uno (artículo 85). Bordaberry recordó a El País que una ley de 2012 estableció que podía crearse uno en El Palenque, Rocha, que no es el lugar que sostiene Aratirí que se le había asignado. El Ejecutivo no se podría comprometer sin ley a dar otro puerto, explicó. Para el senador, tampoco puede argumentar Zamin Ferrous que se modificó en su perjuicio el marco legal ya que en la elaboración de la Ley de Minería de Gran Porte se tomaron en cuenta las opiniones de Fernando Puntigliano, entonces gerente general del proyecto Aratirí, hoy director de Desaro-llo Ambiental en la intendencia de Montevideo. "Muchos de los cambios fueron para favorecer a medida a Aratirí", sostuvo. También se adaptó el Código de Minería a las necesidades de Zamin Ferrous, recordó. "No termino de ver la responsabilidad del Estado", agregó.

Además, Bordaberry ve una desproporción entre el monto de lo reclamado y los US$ 18 millones que Aratirí dijo el 9 de junio de 2010 en el Parlamento que había invertido. Y recordó que Zamin Ferrous anunció que comenzaría a cotizar en la bolsa de Londres en 2010 y que desistió una semana antes de hacerlo.

De todas formas, Bordaberry cuestionó con dureza al anterior gobierno. "Esto es una muestra más del desastroso gobierno del señor (José) Mujica como la regasificadora, Pluna, el puerto de aguas profundas. Ningún juicio está ganado de antemano. Hay que tener mucho cuidado. No es cualquier estudio el que tenemos enfrente (en referencia al bufete King & Spalding). En cualquier país esto es un escándalo de proporciones", advirtió. Y auguró que el juicio supondrá para el Estado muchos millones de dólares en gastos.

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres cree que "es bajísima" la posibilidad de que Aratirí gane el juicio. El legislador votó (a diferencia de Bordaberry) la ley de minería de gran Porte porque suponía, a su juicio, un marco jurídico "correcto, moderno, exigente y sensato" para el que se tomó en cuenta la experiencia de países como Noruega en la regulación de los recursos no renovables. "El factor definitorio para que cayera el proyecto fue el precio del hierro que se desmoronó. No creo que tengan mucho pa-ra reclamar", comentó. A su juicio, el Parlamento tenía todas las facultades para legislar después de que se anunciara la intención de invertir en Uruguay de parte de Zamin Ferrous. "Lo que es importante es que todo el sistema político esté en esto de un solo lado", consideró. El monto de la demanda, según Mieres, es "sideral" y no guarda relación con ningún eventual perjuicio.

Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular, que se opuso a la ley de minería, fue muy duro. "Fue siempre un proyecto trucho de una empresa trucha. Era una agresión brutal a una zona productiva y productora de alimentos, porque se proponía un mineroducto a través de los palmares del Este del país; en fin, una brutalidad". "Hablamos de los antecedentes de esta empresa que tenía sede en un paraíso fiscal. Fue un proyecto tan fantasmal como otros, y terminó en lo que está hoy: nos quieren hacer un juicio. Al Uruguay le va a costar por lo menos los honorarios de los abogados. Esto es la consolidación de un desastre. ¿Por qué fracasó el proyecto? Porque era una empresa trucha en un paraíso fiscal, con antecedentes negativos a nivel internacional. Además todos sabíamos que el hierro caía de valor, que solamente sería rentable a partir de un precio excepcional", agregó.

El senador colorado, José Amorín, por su parte, reflexionó en Twitter. "Uno de los grandes proyectos de Mujica, demandó al Estado, a todos nosotros, por US$ 3.356 millones. Ojalá "triunfemos" y termine a favor de Uruguay. Cuando el país se maneja con tanta desprolijidad, quedamos expuestos. La fama, nos puede salir carísima".

Raúl Viñas, referente de los movimientos ambientalistas que se opusieron en todo momento al proyecto de Aratirí de extraer hierro en cinco puntos del centro-este del país, dijo a El País que si bien es cierto que Uruguay modificó el marco jurídico de la minería cuando ya Aratirí estaba en el país nunca se firmó con este grupo un compromiso de "inamovilidad legal". "Aratirí tiene poco para mostrar. Hay que ver si hay algo firmado respecto a que se le iban a ceder 850 hectáreas del Ministerio de Defensa en Rocha (para el puerto de "aguas profundas"). Hubo sí declaraciones "contraproducentes" del expresidente Mujica de que Aratirí había invertido US$ 300 millones cuando la inversión era muy menor", opinó.

Un proyecto que generó ilusión

Aratirí (palabra indígena que quiere decir "relámpago") pretendía explorar cinco yacimientos de hierro, cerca de Valentines y Cerro Chato, localidades donde la posibilidad de que se instalara generó mucha expectativa. Iba a tener un complejo minero de 6.210 hectáreas en los departamentos de Durazno y Florida y explotaría un mineroducto de 212 kilómetros de largo que llegaría a un punto de la costa de Rocha desde el cual se exportaría hierro, fundamentalmente a China, a razón de 18 millones de toneladas de hierro al año.

El proyecto era impulsado por el magnate de la India, Pramod Agarwal, cuyos hijos, ciudadanos británicos, ahora reclaman a Uruguay por lo que consideran fue un cambio indebido de las reglas de juego que quitó viabilidad a sus planes.

Opiniones.

Daniel Martínez
Daniel Martínez - Intendente de Montevideo
Intendente de Montevideo

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, quien era senador cuando se debatió el nuevo marco jurídico para la minería, dijo que se buscó con la ley de minería de gran porte y los cambios al Código de Minería, mitigar impactos ambientales y sociales y procurar que al país le quedase un retorno importante por la inversión. Aseguró que tiene la "consciencia tranquila".

Pedro Bordaberry
Pedro Bordaberry - Senador colorado
Senador colorado

El senador colorado Pedro Bordaberry, quien siempre se opuso a la minería de gran porte, escribió en Twitter: "ARATIRÍ: el FA le aprobó varias leyes, le toleró de todo; le advertimos varias veces que no lo hiciera; en Aratirí trabajaban dirigentes frenteamplistas, otra desprolijidad como la de la regasificadora, el puerto de aguas profundas, el tren de los pueblos libres, Ancap".

Raúl Viñas
Raúl Viñas - Militante ambientalista
Militante ambientalista

"No se puede permitir la minería de metales en el territorio. Los metales deben ser extraídos en territorios que no sirven para nada más. Ahora la minera que extrae oro en Minas de Corrales nos va a dejar 220 hectáreas de relaves cianurados. Y el seguro que tiene constituido es solo por US$ 5 millones. La empresa trabajó 20 años, exportó más de 2 toneladas anuales de oro y lo único que dejó fueron sueldos.

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