La lucha por los votos de afuera

La oposición da la espalda al FA en voto desde el exterior

Polémica por inconstitucionalidad del proyecto y dudas si se aplicará en 2019.

Cruces: el debate entre oficialismo y oposición tuvo tramos de especialidad dureza en el Senado ayer. Foto: Francisco Flores
El debate entre oficialismo y oposición tuvo tramos de especialidad dureza en el Senado. Foto: Francisco Flores

Por 16 votos a favor contra 12 en contra, el Frente Amplio consiguió sancionar una ley que crea una comisión —donde el oficialismo tendrá mayoría— para resolver si se permite que los 529.000 uruguayos residentes en el exterior puedan votar.

El texto de la ley, que fue votada en diciembre pasado en Diputados, no dice a texto expreso si el voto desde el exterior se aplicará para la elección de 2019, no obstante lo cual los legisladores del Frente Amplio precisaron que eso no ocurrirá, sino que será recién en 2024.

Tampoco quedó claro con qué mayorías se podría imponer el voto desde el exterior. Ayer, en el Senado, oposición y oficialismo batallaron todo el día por determinar si era con mayoría simple, como finalmente ocurrió, o con mayoría especial de 2/3 por tratarse de una modificación de la legislación electoral. Y no hubo acuerdo, por lo cual el Frente Amplio impuso el criterio con su supremacía de 16 votos.

Como se considera que es una "ley trasnochada", y constituye un "atropello" a la Constitución, a la que "se quiere llevar puesta" la bancada frenteamplista con una "actitud prepotente", los partidos de la oposición anticiparon dos acciones políticas: una es que no participarán de la comisión encargada de redactar una solución para los residentes en el exterior, que constituyen el 16% del total de ciudadanos uruguayos; y otra que iniciarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el tenor de la ley sancionada ayer.

El informe inicial lo brindó la senadora oficialista Constanza Moreira, quien recordó que el considerado ayer fue el noveno proyecto sobre el voto desde el exterior desde 1985. "No habilita el voto, sino que crea una comisión con todos los partidos para habilitar la mejor salida jurídica a la restricción de los derechos fundamentales", explicó.

Según Moreira, hace 33 años que el Parlamento discute el tema. "Los legisladores debemos interpretar la Constitución", dijo, a lo que se negaron senadores de la oposición como Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry.

La senadora argumentó que hay 111 países que sancionaron este derecho desde los años 80. "El voto exterior es como la cuota para las mujeres. Es la expansión de los derechos ciudadanos en un mundo globalizado. Uruguay es una nación en diáspora. Esto no tiene nada que ver con la ideología, sino que es una discusión sobre la democracia y no sobre izquierda o derecha", explicó.

Moreira insistió en que una eventual inconstitucionalidad debe ser determinada por la Suprema Corte, señalando que en ningún lado la Constitución dice que los que viven en el exterior no pueden votar. "La discusión no debe ser constitucional sino política", remarcó.

Para Bordaberry, esta ley consagra "ventajas electorales indebidas" para el Frente, y supone "un atropello a la Constitución. Este proyecto no interpreta, reforma la Constitución. Dicen que no se habilita el voto exterior, pero es así. El Frente se asegura una mayoría en esa elección. No dice en ningún lado que no aplica para esta elección. Aplica porque no dice nada en contrario", dijo.

Bordaberry insistió en que esta ley se aplicará en 2019. "No le mientan más a los uruguayos. Le tienen miedo al voto ahora. En 2009 la población le dijo que no al voto epistolar, al voto consular y a cualquier otro", señaló.

Para Larrañaga, con esta ley "se desnaturaliza el poder que el pueblo le dio al Frente Amplio. Se buscan resquicios jurídicos y no los encuentran y por eso plantean este engendro, este absurdo jurídico".

"Se están llevando puesta a la Constitución. Esto cambia el relacionamiento político entre las fuerzas políticas. Usan las mayorías parlamentarias como un acto patoteril", añadió.

En tanto Charles Carrera, senador del FA, cuestionó a la oposición por sus "planteos reaccionarios y xenófobos" que "quieren impedir el voto desde el exterior".

Un camino largo de 33 años y nueve intentos

El tema del voto de los uruguayos que residen en el exterior no es nuevo en el Parlamento. Ha habido nueve intentos de impulsarlo, más un plebiscito que resultó negativo en los 33 años que se llevan desde la recuperación de la democracia. La primera iniciativa fue del diputado del Partido Socialista Eduardo Jaurena. Luego hubo otros intentos de la bancada del Nuevo Espacio, del exdiputado Gonzalo Carámbula (Democracia Avanzada), y de la bancada del Partido Independiente entre otras. Este proyecto, que finalmente prosperó llegó al Parlamento en octubre de 2017, pasó por comisión de Constitución y Códigos en los meses siguientes y finalmente se aprobó en el plenario en una maratónica y clásica sesión plenaria de fin de año, el 21 de diciembre pasado.

Partidos anuncian recurso contra ley

En cuanto se sancionó la ley ayer por la tarde en el Parlamento, los partidos comenzaron a movilizarse para recurrirla ante la Suprema Corte de Justicia. Y no solo eso, sino que la oposición ya anunció que no integrará la comisión que la misma crea para definir cuál será la solución para que los uruguayos residentes fuera de fronteras puedan votar. En tal sentido, el ejecutivo nacional del Partido Colorado dio a conocer una declaración que señala que "la ley es inconstitucional por razones formales, ya que fue sancionada por mayoría simple y la Constitución (artículo 77, numeral 7º) requiere dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara para toda modificación o interpretación de la normativa vigente en materia de Registro Cívico y Elecciones". Además señala que "la ley también es inconstitucional por razones de fondo, ya que los artículos 74 y 81 de la Constitución, entre otras normas relevantes en la materia, establecen claramente que los ciudadanos para ejercer sus derechos deben primero "avecinarse en el país" e inscribirse en el Registro Cívico, por lo que la permanencia en el exterior sí obsta contra lo que declara el artículo primero de la ley al ejercicio de sus derechos de ciudadanía". Y se recordó que "los profesores de la Facultad de Derecho que asesoraron a las Cámaras legislativas en el asunto, Ruben Correa Freitas y Martín Risso, dijeron que el proyecto era inconstitucional".

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